Tres cuerpos fueron encontrados en distintos puntos del país; uno presentaba señales de tortura y quema, según el OIJ.
San José, Costa Rica — El hallazgo de tres cuerpos en diferentes sectores del país durante el fin de semana encendió las alarmas de las autoridades, al evidenciar un nuevo repunte de la violencia criminal en Costa Rica.
Las autoridades judiciales investigan el hallazgo de tres cuerpos en distintos puntos del país, todos con características de extrema violencia. Los casos, ocurridos entre el sábado y el domingo, apuntan a posibles ajustes de cuentas ligados a estructuras del crimen organizado.
En el primer caso, agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) localizaron un cuerpo en las márgenes del río Torres, en San José. La víctima presentaba múltiples lesiones visibles, y su recuperación requirió un complejo operativo de extracción debido a la maleza y las condiciones del terreno.
Según los investigadores, este tipo de zonas se ha convertido en un punto recurrente para abandonar cuerpos, aprovechando la falta de testigos y la difícil accesibilidad, lo que complica la labor policial. Aún no se ha determinado la causa exacta de muerte.
El segundo hallazgo, catalogado como el más estremecedor, ocurrió en San Gabriel de Aserrí, donde se encontró un cuerpo desmembrado y parcialmente quemado en un lote baldío. De acuerdo con el OIJ, la víctima fue torturada antes de ser asesinada, lo que refuerza la hipótesis de un ajuste de cuentas entre grupos delictivos.
Fuentes judiciales señalaron que el crimen habría sido ejecutado como “mensaje interno” dentro de una organización criminal, posiblemente por una traición o disputa territorial. Este tipo de acciones buscan sembrar miedo entre los miembros de las bandas rivales y reafirmar el control sobre determinadas zonas.
El tercer caso se registró en Carrizal de Alajuela, donde las lluvias dejaron al descubierto restos humanos en una fosa improvisada. Las autoridades sospechan que podrían pertenecer a Daniel Vargas Salas, un hombre de 71 años reportado desaparecido desde inicios de septiembre.
Días antes, el OIJ había realizado un operativo de búsqueda en la propiedad del adulto mayor, ante la sospecha de que había sido víctima de un asalto violento. Aunque la identidad aún no ha sido confirmada, los investigadores manejan la posibilidad de un homicidio por robo.
La combinación de estos tres hechos ha encendido las alarmas en el país, donde la violencia vinculada al crimen organizado ha aumentado de manera sostenida durante los últimos meses. Los asesinatos con signos de tortura o desmembramiento, antes poco comunes, se han vuelto cada vez más frecuentes.
Expertos en seguridad afirman que estas prácticas son utilizadas por las organizaciones criminales para enviar advertencias y consolidar su dominio sobre territorios estratégicos para el narcotráfico y el microtráfico local.
El OIJ mantiene varias líneas de investigación abiertas para esclarecer los móviles y determinar si existe alguna conexión entre los casos. Sin embargo, los agentes reconocen que el nivel de violencia observado refleja un patrón preocupante.
Hasta el momento, las autoridades no han confirmado las identidades de las víctimas, pero aseguraron que los análisis forenses avanzan con prioridad. Los resultados podrían permitir vincular los crímenes con redes de narcotráfico o pandillas locales.
Vecinos de las comunidades afectadas expresaron temor y consternación ante la ola de homicidios. En San Gabriel, varias personas realizaron vigilias improvisadas pidiendo justicia y mayor presencia policial en la zona.
Mientras tanto, el Gobierno reafirmó su compromiso de reforzar los operativos de seguridad y coordinación interinstitucional para contener el avance de las organizaciones criminales. “No vamos a permitir que el miedo se apodere de las comunidades”, señaló una fuente del Ministerio de Seguridad Pública.
Los tres casos se suman a la creciente lista de homicidios violentos registrados en 2025, que ya supera el promedio anual de años anteriores. Costa Rica enfrenta así uno de los periodos más complejos en materia de seguridad pública de la última década.