La familia de Nadia Peraza interpone demanda por ₡269 millones y exige justicia en un caso que podría marcar historia en el país.
Heredia, Costa Rica — La familia de Nadia Jeannette Peraza Espinoza, víctima de un presunto femicidio, presentó una demanda civil por ₡269 millones contra su expareja, Jeremy Mauricio Buzano Paisano, buscando justicia y un precedente legal que reconozca el daño moral y material provocado por el crimen.
La madre de la joven, Marilyn Espinoza, asegura que el reclamo no se limita a una compensación económica, sino que representa un acto de justicia y dignidad para su hija. “Nada nos devolverá a Nadia, pero exigimos que la justicia costarricense reconozca el dolor y la pérdida que este crimen dejó”, expresó mediante su representante legal.
El caso ha generado conmoción nacional desde que se conocieron los escalofriantes detalles del crimen ocurrido en Bajo Los Molinos, San Rafael de Heredia, entre febrero y abril de 2024. Según la acusación del Ministerio Público, el sospechoso habría asesinado y desmembrado a Nadia, ocultando sus restos en recipientes dentro de un refrigerador.
Los investigadores del OIJ confirmaron que el imputado utilizó el teléfono y las redes sociales de la víctima para simular que seguía viva, engañando a familiares y amigos durante semanas. Además, se le atribuye el uso de su tarjeta bancaria para realizar compras por aproximadamente ₡81 mil colones.
La acción civil presentada por la familia reclama ₡125 millones por daño moral, debido a la devastación emocional sufrida por la madre, y ₡144 millones por daño material, en reconocimiento del futuro truncado de la víctima. El documento enfatiza que Nadia tenía solo 21 años, una hija pequeña y aspiraciones académicas y laborales.
El objetivo de la demanda, según explicó la familia, es que el tribunal reconozca oficialmente el sufrimiento causado y siente un precedente para futuras víctimas de femicidio. La madre ha señalado que este reclamo busca visibilizar que el dolor de las familias no puede quedar sin reparación.
“Se le arrebató la posibilidad de estudiar, trabajar, crecer, formar una familia y desarrollarse como persona”, cita el texto presentado ante el juzgado de Heredia. La familia considera que la pérdida de Nadia no solo representa un daño irreparable, sino también una alerta sobre las fallas en los mecanismos de protección estatal.
Durante los seis años de relación, Nadia habría denunciado agresiones físicas y psicológicas por parte de su pareja. A pesar de las advertencias, el ciclo de violencia persistió hasta el fatal desenlace. Este aspecto, aseguran expertos, refuerza la necesidad de revisar la efectividad de las medidas preventivas en casos de violencia doméstica.
El crimen de Nadia se ha convertido en un símbolo de la lucha contra la impunidad en casos de femicidio. Organizaciones feministas y colectivos sociales han acompañado a la familia, resaltando la valentía de llevar el caso a la vía civil, algo poco común en este tipo de delitos.
El abogado de la familia subrayó que la demanda también persigue el reconocimiento de las víctimas indirectas de la violencia machista: los hijos, padres y madres que enfrentan un duelo permanente. “La justicia debe ir más allá de la condena penal; debe reparar el daño emocional y moral”, puntualizó.
La audiencia preliminar del caso está prevista para este viernes en los tribunales de Heredia. En ella se definirá si la causa pasa a juicio y si se admite la querella civil junto con la penal. El proceso podría convertirse en un precedente histórico para el sistema judicial costarricense.
A pesar de que las probabilidades de recibir el monto reclamado son bajas, la familia considera que lo esencial es que el Estado y la sociedad reconozcan la magnitud del daño. “No buscamos dinero, buscamos justicia”, reiteró la madre en declaraciones públicas.
La denuncia de Nadia, transformada en reclamo judicial, expone la urgencia de atender la violencia estructural que viven miles de mujeres. Cada femicidio, recuerdan especialistas, deja un impacto duradero en la familia, la comunidad y la confianza social en las instituciones.
El caso continúa en los tribunales, y su resolución será observada de cerca por organizaciones de derechos humanos. De prosperar la acción civil, marcaría un precedente sin antecedentes recientes en el país.