El presidente compareció en una audiencia inédita en la Asamblea Legislativa y acusó a fiscales y magistrados de perseguirlo políticamente.
San José, Costa Rica — En un hecho histórico, el presidente Rodrigo Chaves aseguró este viernes que enfrenta un “intento de golpe de Estado judicial” durante la audiencia en la que diputados analizan si se le debe retirar la inmunidad para responder por un presunto delito de concusión.
Rodrigo Chaves Robles, presidente de la República, compareció el 22 de agosto ante la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa en una sesión que arrancó a las 8:01 a. m. y que acaparó la atención nacional. El encuentro, realizado en el Salón de Exmandatarios, busca determinar si existen méritos para levantar la inmunidad presidencial y permitir un proceso judicial en su contra.
El caso está relacionado con presuntos pagos irregulares provenientes del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por unos 32.000 dólares que habrían llegado a su exasesor Federico Cruz, conocido como “Choreco”. El Ministerio Público investiga si hubo concusión, es decir, cobro o exigencia indebida de dinero aprovechando el cargo público.
Desde el inicio de su intervención, Chaves elevó el tono político: “lo que vive el país es un intento de golpe de Estado judicial”, acusando a sectores del Poder Judicial de orquestar un montaje. Señaló al fiscal general Carlo Díaz, magistrados de la Sala III y “otros actores” como responsables de una supuesta persecución.
El mandatario afirmó que nunca ordenó pagos indebidos y que las acusaciones buscan frenar los cambios de su gobierno. “Estoy aquí dando la cara, ejerciendo mi derecho a defenderme”, dijo. Afuera de la Asamblea, simpatizantes portaban pancartas y coreaban consignas de apoyo.
Chaves transformó la audiencia en una tribuna política, apelando a la opinión pública y denunciando que mientras él es investigado, otros casos de corrupción “siguen sin resolverse”.
Sin embargo, juristas y analistas cuestionaron su narrativa. Consideran que calificar el proceso como un “golpe judicial” es una afirmación grave e infundada, ya que Costa Rica cuenta con un sistema institucional que permite investigar incluso a un presidente, respetando el Estado de derecho.
La Comisión Especial tiene 20 días hábiles para rendir un informe, plazo que podría extenderse. Luego, el Plenario Legislativo deberá decidir si levanta la inmunidad de Chaves, para lo cual se requieren al menos 38 votos.
Este proceso es inédito en la historia reciente del país y podría redefinir el equilibrio entre poderes. Además, Chaves enfrenta otra investigación por presunto financiamiento electoral ilegal durante su campaña de 2022, por un monto cercano a los 500.000 dólares, lo que añade presión política y judicial.