Israel admite el ataque y ordena una investigación; OMS y gobiernos europeos condenan el doble impacto. Palabra clave: ataque al hospital Nasser en Gaza.
Jan Yunis, Franja de Gaza — Al menos 20 personas murieron este lunes 25 de agosto de 2025 en el ataque al hospital Nasser en Gaza, según autoridades sanitarias locales, en una acción que incluyó un segundo impacto cuando llegaban rescatistas y periodistas. Entre las víctimas hay cinco comunicadores de agencias internacionales. Israel confirmó la operación y anunció una investigación preliminar, mientras la OMS y varios gobiernos condenaron lo ocurrido. El episodio reaviva preguntas sobre por qué se golpeó un hospital en funcionamiento y cómo se ajusta la operación a las reglas de protección a civiles, personal médico y prensa.
El hospital Nasser, el mayor complejo médico del sur de la Franja, atendía un flujo constante de heridos cuando el estruendo de las explosiones interrumpió procedimientos quirúrgicos y la atención de urgencias. Testimonios de personal sanitario describen un escenario de caos: monitores apagados, humo en los pasillos y pacientes trasladados a toda prisa lejos de ventanas y escaleras. La magnitud de los daños incluye la zona de emergencias, áreas de hospitalización y la unidad quirúrgica, según reportes coincidentes de autoridades médicas y de organismos internacionales. El saldo preliminar informó de decenas de heridos, algunos en estado crítico, además de los fallecidos confirmados.
La Defensa Civil gazatí indicó que varias personas murieron en un primer impacto y que el segundo ataque alcanzó el lugar cuando ya habían llegado equipos de rescate y periodistas. Esa secuencia es clave para entender el número de víctimas y el tipo de daños observados, incluidos vehículos de emergencia afectados y accesos del edificio comprometidos. La reconstrucción temporal de los hechos plantea dudas sobre la práctica de “doble golpe”, que ha sido documentada en otros contextos del conflicto y que expertos en derecho internacional analizan por su potencial impacto sobre civiles y primeros respondientes. En el terreno, los equipos corrieron para improvisar triage en espacios internos menos expuestos.
Entre los fallecidos figuran cinco periodistas que trabajaban para agencias internacionales, según confirmaciones de sus medios y autoridades sanitarias locales. Se encontraban en zonas habitualmente usadas para transmisiones en vivo, como escaleras externas o azoteas que ofrecen visibilidad del complejo. Compañeros que estaban próximos relatan cortes abruptos de señal y equipos destruidos por la onda expansiva. El hecho ha intensificado el debate sobre la seguridad de los comunicadores en Gaza, ya precaria tras casi dos años de hostilidades intensificadas, y sobre las obligaciones específicas de protección a la prensa en cobertura de conflictos.
El Ejército israelí admitió haber realizado el ataque en el área del hospital y anunció que el Jefe del Estado Mayor ordenó una investigación inicial “lo antes posible”. En un mensaje oficial se subrayó que las fuerzas “no atacan a periodistas como tales” y que se busca mitigar daños a no combatientes en la medida de lo posible, preservando la seguridad de las tropas. Autoridades políticas añadieron que se trató de un “trágico percance” y recalcaron los objetivos de la campaña militar: neutralizar a estructuras de grupos armados y recuperar a rehenes israelíes. No obstante, los enunciados oficiales no precisaron de inmediato qué blancos concretos se pretendía alcanzar en el complejo sanitario.
Desde el Ministerio de Salud en Gaza se aseguró que las áreas afectadas estaban en plena operación médica y que entre los heridos hay pacientes críticos que recibían atención. Personal administrativo describió daños en quirófanos, pasillos y accesos de emergencia. Organizaciones médicas internacionales presentes en la Franja informaron interrupciones en cadenas de suministro de insumos y electricidad, además de limitaciones preexistentes por falta de camas, equipos y personal. En la práctica, cada nuevo daño a infraestructura hospitalaria obliga a reasignar casos a centros ya sobrecargados, con impacto directo en la mortalidad evitable.
La Organización Mundial de la Salud condenó el ataque e hizo un llamado a proteger la atención sanitaria. Su director general advirtió que golpear instalaciones médicas activas agrava una crisis humanitaria marcada por inseguridad alimentaria severa y por el deterioro sostenido del sistema de salud local. Para la OMS, la repetición de incidentes contra hospitales, clínicas y ambulancias compromete la continuidad de tratamientos crónicos y de emergencia. Los mensajes incluyeron la exigencia de acceso humanitario sin trabas para restablecer servicios esenciales, suministros y evacuaciones médicas.
En el plano diplomático, la reacción fue inmediata. Francia, Alemania y Reino Unido manifestaron su consternación por la muerte de periodistas, rescatistas y civiles, y pidieron una investigación exhaustiva. Los llamados insistieron en el respeto del derecho internacional humanitario y en la protección de personal médico y de prensa, considerados población especialmente protegida. En redes sociales, autoridades europeas señalaron que los medios deben poder ejercer su labor con independencia y seguridad, y que los corredores humanitarios requieren garantías operativas reales para funcionar.
La Casa Blanca y otras capitales siguieron de cerca la evolución de la información. Funcionarios pidieron esclarecer con rapidez las circunstancias del ataque y sus reglas de enfrentamiento, en particular si había objetivos militares en las inmediaciones y cómo se evaluó el daño colateral. La comunicación pública de esas evaluaciones suele demorar, dado que implica revisar inteligencia, imágenes operativas y testimonios de mando y tropa. Mientras tanto, grupos de defensa de la libertad de prensa incrementaron la presión para que se establezcan mecanismos independientes que documenten responsabilidades.
El episodio ocurre en un contexto en el que periodistas en Gaza figuran entre las profesiones con mayor letalidad desde el inicio de la guerra en octubre de 2023. Organizaciones como el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) han calificado el conflicto como el más mortífero para la prensa desde que existen registros sistemáticos. Esa estadística, además de trágica, tiene efectos sobre el derecho a la información de la población mundial: menos reporteros en terreno implica menos testimonios directos, menos verificación visual y más dependencia de partes interesadas. En paralelo, aumenta el riesgo de desinformación.
Especialistas en derecho internacional humanitario consultados por distintos medios explican que los hospitales gozan de protección reforzada. Para que pierdan esa protección se requiere que sean utilizados para actos perjudiciales al enemigo y, aun así, deben mediar advertencias y tiempos suficientes cuando sea factible. La evaluación de proporcionalidad obliga a ponderar la ventaja militar concreta frente al daño esperado a civiles y bienes protegidos. En el caso de ataques sucesivos —como se describe en Nasser—, los analistas ponen la lupa en si el segundo impacto afectó a socorristas y prensa, lo que abriría debates jurídicos adicionales.
La práctica del llamado “double tap” ha sido documentada en distintos teatros de conflicto y genera preocupaciones por su potencial para multiplicar víctimas entre quienes acuden a auxiliar. Organismos de derechos humanos sostienen que golpear el mismo punto tras un primer impacto, cuando arriban ambulancias y reporteros, incrementa el riesgo para civiles protegidos por normas específicas. Las fuerzas armadas, por su parte, suelen argumentar la necesidad de neutralizar amenazas residuales o objetivos emergentes. Determinar cuál narrativa se ajusta a los hechos requiere peritajes técnicos, análisis de fragmentos, trayectorias y señales de inteligencia.
En el terreno, rescatistas describieron escenas de pánico y solidaridad simultáneas: cadenas humanas para mover escombros, camillas improvisadas con puertas arrancadas, y personal médico que continuó atendiendo pese a los daños. La capacidad de resiliencia hospitalaria, no obstante, se erosiona con cada golpe. Las listas de guardia se reorganizan, se cancelan cirugías programadas y se priorizan traumatismos, quemaduras y politraumatismos. La logística se vuelve crítica: sangre, analgésicos, antibióticos, anestésicos y combustible para generadores pasan a ser determinantes para salvar vidas.
Familias y colegas de los periodistas fallecidos han compartido sus perfiles profesionales, resaltando años de cobertura en condiciones extremas. Sus equipos —cámaras, micrófonos, mochilas de transmisión— quedaron esparcidos entre cascotes, una imagen que resume la vulnerabilidad de quienes documentan el conflicto. Las redacciones para las que trabajaban expresaron conmoción y pidieron transparencia total en la investigación. El gremio periodístico insiste en protocolos de marcado visible, coordinación con autoridades y en medidas prácticas de reducción de riesgos en terreno.
Voceros israelíes defendieron que la campaña militar busca desmantelar infraestructura y mandos de grupos armados que operan desde áreas civiles densamente pobladas. Señalan que adversarios han utilizado instalaciones civiles, incluídos recintos sanitarios, para ocultarse o almacenar material. Ese argumento, recurrente en el conflicto, coloca al debate en el delicado equilibrio entre necesidad militar y protección de civiles. La comunidad internacional demanda pruebas verificables cuando se alega uso militar de hospitales, dada la gravedad de las implicaciones legales.
A nivel regional, el incidente reavivó llamados a un alto el fuego y a acuerdos de acceso humanitario ampliado. Países vecinos y organismos multilaterales remarcan que la fatiga de guerra y la crisis humanitaria podrían desestabilizar aún más el entorno. En foros diplomáticos, la discusión gira en torno a mecanismos de monitoreo, garantías para corredores médicos, y fórmulas para evacuaciones de pacientes críticos a terceros países. La presión internacional, sin embargo, choca con dinámicas militares en evolución y con calendarios políticos internos.
En términos de responsabilidad, los expertos apuntan a la necesidad de investigaciones independientes, con acceso a escena, preservación de evidencia y revisión de material audiovisual de múltiples fuentes. La atribución sólida requiere integrar datos de satélite, fragmentos balísticos, registros hospitalarios y comunicaciones. Los resultados deberían derivar en medidas correctivas y, de corresponder, en procesos ante jurisdicciones competentes. La transparencia en la metodología es clave para que hallazgos gocen de credibilidad transnacional.
El impacto sobre la población civil va más allá de la cifra inmediata de víctimas. La pérdida de capacidad hospitalaria en un nodo sanitario como Nasser tiene efectos en cadena: pacientes crónicos sin controles, partos derivados a centros saturados, y demoras en tratamientos oncológicos o diálisis. La salud pública, ya castigada por escasez y daños acumulados, enfrenta el desafío de sostener servicios mínimos. Las secuelas psicológicas, tanto en personal como en pacientes y familias, se suman al cuadro de trauma prolongado.
Organizaciones de libertad de prensa y derechos humanos reiteraron que los periodistas cumplen una función esencial para la rendición de cuentas y la memoria histórica de los conflictos. La pérdida de profesionales en coberturas críticas reduce la capacidad global de verificación y de contraste de narrativas. Por ello, insisten en protocolos de protección, capacitaciones en primeros auxilios tácticos, planes de evacuación y seguros adecuados. A la par, exhortan a que las autoridades militares integren salvaguardas adicionales cuando detectan presencia de prensa identificada.
El incidente del hospital Nasser se inscribe en una cronología reciente de ataques a personal y medios cerca de instalaciones médicas. Semanas atrás, otro evento letal cerca del hospital Al Shifa dejó varios reporteros muertos, según recuentos de organizaciones de prensa locales e internacionales. Esa repetición alimenta percepciones de riesgo sistemático, más allá de la intención declarada por los mandos. Para las víctimas, la pregunta urgente es cómo evitar que episodios similares vuelvan a ocurrir mientras continúe la operación militar.
Mientras se esperan resultados de la investigación militar anunciada por Israel, las familias de las víctimas inician procesos de duelo y de búsqueda de justicia. Abogados y organizaciones civiles preparan presentaciones ante instancias nacionales e internacionales, con el objetivo de preservar evidencia y asegurar que testimonios no se pierdan con el tiempo. En paralelo, equipos médicos y técnicos trabajan para restablecer la funcionalidad básica del hospital, una tarea que puede tomar semanas, dada la magnitud de los daños y la escasez de recursos.
En la opinión pública internacional, las imágenes del hospital golpeado provocaron indignación y un renovado debate sobre límites y responsabilidades en la conducción de operaciones en entornos urbanos. Analistas señalan que la línea entre objetivos militares y bienes civiles resulta especialmente difusa cuando el combate se desarrolla entre infraestructura crítica. De ahí el énfasis en reglas claras, supervisión externa y rendición de cuentas. El desenlace de las pesquisas definirá, en parte, el marco de discusión de los próximos meses.
A falta de conclusiones oficiales, el caso Nasser se convierte en un punto de inflexión para evaluar políticas de protección de civiles y prensa en Gaza. Lo que se determine sobre la cronología, la selección del blanco y la proporcionalidad sentará precedentes operativos y políticos. Para las comunidades afectadas, sin embargo, la prioridad inmediata sigue siendo curar heridos, reconstruir servicios y prevenir nuevos episodios. En esa tensión entre lo urgente y lo importante se juega buena parte de la respuesta internacional.