La inversión actual apenas llega al 5 % y podría caer a 4,67 % en 2029 si se mantienen los recortes.
San José, Costa Rica — El Décimo Informe Estado de la Educación advirtió que el país necesita invertir al menos un 8,5 % del PIB para atender las carencias del sistema educativo, muy por encima del 5 % proyectado para 2025.
El más reciente Informe Estado de la Educación encendió las alarmas sobre el rumbo de la política educativa costarricense. Según el documento, para revertir el rezago acumulado el país debe destinar al menos un 8,5 % del Producto Interno Bruto (PIB).
La cifra representa medio punto porcentual por encima del mandato constitucional del 8 %, pero contrasta con la realidad: en 2025 la inversión rondará apenas el 5 % del PIB.
El retroceso es evidente. Costa Rica pasó de ejecutar el 93,75 % de lo ordenado por la Constitución en 2017 a apenas el 61,25 % en 2025, lo que significa una caída de más de 30 puntos en siete años.
El informe atribuye la reducción principalmente a la Ley 9635 de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y a la aplicación de la regla fiscal, que limita el crecimiento del gasto.
Si bien la norma no prohíbe aumentar la inversión en educación, en la práctica ha restringido los recursos disponibles para el Ministerio de Educación Pública (MEP).
Esto se traduce en limitaciones para ampliar la cobertura, mejorar la infraestructura, nivelar aprendizajes, modernizar la tecnología educativa y financiar programas de equidad.
La investigadora Isabel Román, coordinadora del informe, alertó sobre el peso que han tenido las decisiones políticas más allá de las restricciones legales.
“Preocupa que parte de la disminución no provenga solo de la regla, sino de recortes políticos mucho mayores”, señaló.
El informe también recuerda que entre 2000 y 2017 la inversión en educación se duplicó en términos reales, con un crecimiento promedio anual del 5,8 %.
Sin embargo, ese esfuerzo no se tradujo en avances proporcionales en cobertura ni en calidad. La secundaria apenas pasó de 69 % a 74 %, la educación diversificada se estancó en 48 % y la primaria incluso retrocedió del 98 % al 94 %.
Esto demuestra que el problema no radica únicamente en la falta de recursos, sino también en la eficiencia en su uso.
El documento detalla que solo las necesidades urgentes implican 2,94 % del PIB adicional: universalizar el currículo completo en primaria requiere 1,6 %, atender órdenes sanitarias en centros educativos 1,3 %, y programas de apoyo como comedores y becas entre 0,03 % y 0,11 % cada uno.
Para cumplir con el mandato constitucional del 8 %, el informe propone tres condiciones básicas: decisión política sostenida para ampliar el espacio presupuestario, reformas institucionales que fortalezcan la eficiencia del MEP y una hoja de ruta plurianual con metas claras.
El investigador Andrés Fernández Arauz subrayó que el aumento de recursos debe estar vinculado a resultados concretos.
“Necesitamos metas graduales, capacidad de ejecución y estrategias que relacionen cada colón con logros verificables”, indicó.
De no revertirse la tendencia, el informe advierte que en 2029 la inversión en educación caería a 4,67 % del PIB, profundizando la crisis del sistema y sus consecuencias sociales y económicas.
El documento concluye que el desafío no es solo presupuestario, sino de voluntad política y eficiencia institucional, elementos claves para garantizar la calidad educativa en el largo plazo.