La Contraloría advierte un faltante de ₡494.000 millones en el presupuesto de Costa Rica 2027, con riesgo para la CCSS y programas sociales.
SAN JOSÉ, COSTA RICA — La Contraloría alerta sobre ₡494.000 millones sin suficiente previsión en el presupuesto de 2027, principalmente para la CCSS, educación y atención de personas con discapacidad.
El órgano fiscalizador identificó una subestimación cercana a los ₡494.000 millones. La mayor parte está relacionada con los montos que el Estado debe transferir a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), aunque las observaciones también alcanzan compromisos educativos, pensiones y financiamiento para instituciones sociales.
La situación fue expuesta ante la Comisión de Asuntos Hacendarios del Congreso, responsable del análisis legislativo de la propuesta presupuestaria. Durante la comparecencia participaron Bernal Aragó Barquero, contralor general interino, y Julissa Sáenz, gerente del área encargada de fiscalizar las finanzas públicas.
El señalamiento ocurre mientras el país enfrenta previsiones de mayor déficit fiscal, crecimiento en el costo de los intereses de la deuda y menores asignaciones para determinadas instituciones.
La CCSS concentra el mayor faltante presupuestario
La principal diferencia señalada por la Contraloría corresponde a las transferencias previstas para la CCSS, que resultarían ₡418.194 millones inferiores a las necesidades estimadas por la propia institución.
La magnitud de esta diferencia coloca a la seguridad social en el centro del debate presupuestario.
Según el análisis divulgado sobre el informe técnico de la CGR, la CCSS estimó requerimientos por aproximadamente ₡1.578.908 millones, mientras que el proyecto del Gobierno incorpora ₡1.160.714 millones.
Esto significa que la asignación propuesta cubriría cerca del 73,5% de los recursos estimados como necesarios y dejaría una diferencia aproximada del 26,5%.
Los componentes identificados incluyen ₡241.855 millones relacionados con el Seguro de Salud, ₡146.408 millones vinculados con el Régimen No Contributivo y ₡29.931 millones correspondientes al seguro de pensiones.
Estas cifras permiten apreciar que el problema no se concentra en una única prestación. Comprende distintas obligaciones financieras del Estado con los mecanismos de protección social administrados por la Caja.
No obstante, una diferencia entre los recursos solicitados y los presupuestados no demuestra, por sí sola, que todos los servicios sufrirán interrupciones. Para establecer ese efecto sería necesario conocer los ajustes operativos que aplicaría la institución y las decisiones definitivas de los legisladores.
Educación enfrenta diferencias en pensiones e infraestructura
La revisión presupuestaria también identificó obligaciones relacionadas con el Ministerio de Educación Pública (MEP).
Una de las principales observaciones corresponde a ₡39.603 millones de diferencia en el aporte patronal del Ministerio a la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema).
De acuerdo con lo expuesto ante los diputados, esa diferencia representa una reducción de aproximadamente el 49% respecto del monto de referencia considerado por el órgano contralor.
La CGR también señaló ₡21.334 millones menos de lo solicitado por la dependencia del MEP responsable de la infraestructura educativa.
La construcción, reparación y mantenimiento de centros educativos requieren programación financiera, contratación administrativa y seguimiento técnico. Por eso, las diferencias entre necesidades institucionales y recursos disponibles merecen especial atención durante el examen legislativo.
Sin embargo, el faltante señalado no equivale automáticamente a una lista confirmada de escuelas o colegios que dejarán de recibir obras. Esa información dependerá de los proyectos priorizados y de la disponibilidad presupuestaria finalmente aprobada.
A las diferencias anteriores se agrega una observación de ₡1.019 millones asociada con compromisos de pago de deudas del Ministerio. El proyecto contempla solamente ₡20 millones para ese rubro, de acuerdo con el detalle expuesto en la audiencia.
La discusión, por tanto, abarca tanto obligaciones financieras como recursos destinados a inversión educativa.
Conapdis tendría una reducción presupuestaria del 76%
Otra institución bajo observación es el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis).
La Contraloría señaló una diferencia de ₡12.525 millones respecto de los recursos requeridos por esta entidad, cuya propuesta presupuestaria para 2027 sería un 76% inferior a la de 2026.
Esta reducción resulta especialmente relevante porque Conapdis participa en la promoción y protección de los derechos de las personas con discapacidad.
El análisis de sus efectos exige distinguir entre la disminución del presupuesto y las consecuencias concretas sobre programas, servicios, transferencias y otras responsabilidades institucionales.
No se ha establecido, a partir de las cifras divulgadas, cuáles beneficios específicos dejarían de brindarse ni cuántas personas podrían verse afectadas.
El examen legislativo deberá determinar si el financiamiento previsto permite a la institución cumplir adecuadamente las obligaciones que le corresponden.
La CGR también identificó diferencias en otros gastos considerados ineludibles, lo que amplía las preocupaciones sobre la suficiencia de las asignaciones incluidas en el proyecto.
Un presupuesto menor en medio de mayores presiones fiscales
El proyecto nacional para 2027 asciende a aproximadamente ₡12,4 billones, una cifra que representa una disminución del 3% respecto del presupuesto de 2026.
En términos del producto interno bruto (PIB), equivale al 22,3%, proporción que la Contraloría identifica como la más baja desde 2008.
Esta comparación es importante porque permite observar el tamaño del presupuesto no solamente en colones, sino en relación con la dimensión estimada de la economía costarricense.
La disminución relativa no implica necesariamente que todos los programas pierdan recursos en idéntica proporción. La distribución depende de las prioridades presupuestarias, los compromisos legales y las obligaciones financieras que deben cubrirse.
Sin embargo, las diferencias detectadas plantean una pregunta esencial: si el monto global disminuye, ¿están contempladas todas las obligaciones que el Estado deberá atender durante el próximo ejercicio económico?
Para la Contraloría, la suficiencia de las partidas constituye un elemento central de la evaluación.
El informe también advierte que el déficit fiscal podría situarse en el 4,4% del PIB durante 2027, mientras que el gasto por intereses aumentaría un 9,1% respecto del año anterior.
Estas proyecciones describen un escenario en el que el Gobierno enfrentaría presiones simultáneas por sus compromisos financieros y por las necesidades de las instituciones públicas.
Deuda pública y restricciones al gasto elevan la complejidad
Otro elemento relevante es el comportamiento previsto de la deuda pública.
De acuerdo con las proyecciones gubernamentales examinadas por la CGR, la deuda podría alcanzar el 65,5% del PIB en 2027, equivalente a aproximadamente ₡36,5 billones.
El incremento previsto frente a 2026 sería cercano a ₡3,6 billones, según las cifras comentadas durante el proceso de fiscalización.
Este panorama tiene consecuencias para la planificación presupuestaria. Los recursos destinados a intereses representan compromisos financieros que deben atenderse junto con las responsabilidades del Estado en educación, salud, seguridad, justicia y protección social.
En paralelo, la Contraloría planteó reparos a disposiciones del proyecto que condicionarían cerca de ₡30.000 millones correspondientes al Poder Judicial.
El órgano fiscalizador advirtió sobre posibles problemas de constitucionalidad relacionados con la utilización de normas de ejecución presupuestaria para restringir la disponibilidad de esos fondos.
La observación no equivale a una declaración judicial definitiva de inconstitucionalidad. Se trata de un señalamiento que debe analizarse dentro del procedimiento legislativo y del marco jurídico aplicable.
¿Qué significa para la población el faltante señalado?
Para comprender el alcance del informe es necesario distinguir tres conceptos: presupuesto solicitado, presupuesto propuesto y presupuesto aprobado.
El primero refleja la estimación de recursos presentada por una institución. El segundo corresponde a la asignación incluida por el Poder Ejecutivo en el proyecto remitido a los diputados. El tercero será el resultado del procedimiento legislativo.
Una diferencia entre el primero y el segundo no significa que exista un retiro inmediato de dinero ya entregado a una institución.
Tampoco significa que los ₡494.000 millones identificados por la Contraloría hayan desaparecido de una cuenta pública. El señalamiento se refiere a obligaciones y necesidades que no estarían suficientemente contempladas dentro del proyecto.
La distinción es importante para la ciudadanía porque evita confundir una alerta sobre planificación financiera con una interrupción confirmada de servicios.
En el caso de la CCSS, la discusión se relaciona con financiamiento de salud y pensiones. En educación, con aportes previsionales e infraestructura. En Conapdis, con la capacidad presupuestaria de una institución destinada a proteger derechos de personas con discapacidad.
El efecto concreto dependerá de las decisiones posteriores, la ejecución presupuestaria y la disponibilidad de otras fuentes de financiamiento legalmente aplicables.
Además, el análisis de gasto social de la Contraloría identifica menores asignaciones para instituciones y programas vinculados con asistencia social y protección de personas menores de edad, entre ellos el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y el Patronato Nacional de la Infancia (PANI).
Estas observaciones muestran que el debate supera el balance general de ingresos y gastos: también involucra la distribución de recursos públicos entre diferentes necesidades sociales.
Diputados deberán resolver las observaciones al proyecto
La Comisión de Asuntos Hacendarios debe continuar la valoración de la propuesta y de las advertencias presentadas durante las audiencias.
Entre los aspectos por resolver figura la suficiencia de los recursos para la CCSS, el financiamiento de obligaciones educativas, las transferencias sociales y la legalidad de determinadas disposiciones presupuestarias.
El debate también incluye diferencias de criterio sobre el alcance del informe. El presidente de la Comisión de Hacendarios, Nogui Acosta, rechazó públicamente señalamientos de la Contraloría, según información difundida durante el proceso de discusión presupuestaria.
Esta discrepancia hace necesario examinar las bases técnicas utilizadas para calcular las obligaciones, así como las justificaciones del Ministerio de Hacienda sobre las asignaciones propuestas.
El informe técnico de la CGR fue emitido el 30 de setiembre de 2026 y divulgado públicamente a comienzos de octubre, antes de las exposiciones legislativas más recientes.
Las observaciones no representan todavía modificaciones definitivas al presupuesto de 2027.
La decisión corresponderá a la Asamblea Legislativa, dentro de sus competencias constitucionales, mediante el análisis y la aprobación de la ley presupuestaria.
Mientras avanza ese proceso, la advertencia por casi ₡494.000 millones sitúa en el centro de la discusión una cuestión fundamental para las finanzas públicas: que las asignaciones reflejen adecuadamente las obligaciones del Estado y permitan valorar con transparencia los recursos disponibles para atenderlas.
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