Proyecto propone un monotributo para trabajadores independientes que uniría renta y cargas sociales. Conozca quién podría usarlo y cómo funcionaría.
SAN JOSÉ, COSTA RICA — Un proyecto de ley propone crear un régimen para trabajadores independientes que permitiría reunir impuestos y cargas sociales en un único pago mensual bajo un monotributo.
Se trata del expediente 25.816, denominado Ley del Régimen Especial de las Personas Trabajadoras Independientes, presentado el 1.º de octubre por el diputado Álvaro Ramírez Bogantes, del Partido Liberación Nacional (PLN).
La iniciativa propone una reforma amplia del tratamiento de quienes trabajan por cuenta propia. Entre sus medidas figura la creación de un monotributo que permitiría a determinados trabajadores efectuar en un solo monto mensual pagos relacionados con renta, seguro de salud, pensiones y riesgos del trabajo.
Sin embargo, ninguna de esas disposiciones está vigente.
El expediente apenas fue presentado y todavía debe recorrer el proceso legislativo. Su contenido puede modificarse durante el estudio de los diputados e incluso el proyecto podría no llegar a convertirse en ley.
¿Cómo funcionaría el monotributo para trabajadores independientes?
El monotributo constituye una de las principales novedades del expediente.
La propuesta crea un sistema simplificado que agruparía en un único pago mensual obligaciones tributarias y de seguridad social para determinados trabajadores por cuenta propia.
Ese monto comprendería componentes correspondientes al impuesto sobre la renta, seguro de salud, pensiones y riesgos del trabajo.
Según la propuesta, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) asumiría la recaudación del pago y posteriormente trasladaría al Ministerio de Hacienda el componente correspondiente a las obligaciones tributarias.
Esto permitiría que una persona incluida en ese régimen no tenga que gestionar separadamente cada una de esas obligaciones.
Pero el monotributo no sería automáticamente aplicable a cualquier persona que trabaje de manera independiente.
El texto lo plantea para microemprendedores que desarrollen una actividad económica por cuenta propia, sin empleados o con colaboración familiar no remunerada y cuyos ingresos se encuentren dentro de los límites que establezcan las autoridades correspondientes.
Además, la propuesta excluye a los profesionales liberales de esta modalidad.
Por eso, afirmar que todos los trabajadores independientes pagarían mediante el monotributo sería incorrecto. Se trata de una de las categorías contempladas dentro de un régimen más amplio.
La cotización se calcularía sobre el ingreso neto real
Otro de los cambios importantes se encuentra en la base utilizada para calcular las cotizaciones.
El expediente plantea elevar a rango legal el principio de cotización sobre el ingreso neto real.
En términos prácticos, la base partiría de los ingresos brutos obtenidos por la persona y permitiría descontar los gastos necesarios para desarrollar su actividad económica.
El texto contempla además la posibilidad de utilizar gastos presuntos según la actividad, escalas progresivas y un límite máximo de cotización.
La distinción entre ingreso bruto e ingreso neto resulta particularmente relevante para una persona independiente.
Un trabajador que factura una determinada cantidad no necesariamente dispone de todo ese dinero como ingreso personal, debido a que puede tener que cubrir materiales, alquiler, herramientas, transporte u otros costos indispensables para desarrollar su actividad.
El proyecto busca que esa diferencia sea reconocida expresamente dentro del esquema de cotización.
Una inscripción serviría para Hacienda y la CCSS
La iniciativa también pretende simplificar el proceso de formalización.
La inscripción se efectuaría mediante el Registro Único Tributario (RUT) del Ministerio de Hacienda y ese trámite activaría simultáneamente la relación tributaria y el aseguramiento ante la CCSS.
Para hacerlo posible, Hacienda y la Caja tendrían que conectar sus sistemas y compartir la información necesaria.
La propuesta establece que ambas instituciones garanticen interoperabilidad para transmitir los datos y generar un registro compartido.
Si el proyecto llegara a aprobarse en los términos actuales, Hacienda y la CCSS tendrían que adaptar sus plataformas tecnológicas para implementar esa coordinación.
El cambio apunta a evitar que la persona deba completar procesos independientes ante distintas instituciones para formalizar una misma actividad económica.
Si un cliente aporta el 75% de los ingresos habría reglas especiales
El expediente introduce además la figura del Trabajador Autónomo Económicamente Dependiente.
Entrarían en esa categoría quienes obtengan al menos el 75% de sus ingresos de un único cliente.
La propuesta busca diferenciar esa situación de la de un trabajador independiente que posee una cartera diversificada de clientes.
Para esos casos se exigiría un contrato escrito que establezca las condiciones de la relación.
Además, la persona incluida en esa figura no podría tener trabajadores a su cargo ni subcontratar la actividad que desarrolla.
El proyecto también contempla consecuencias para la terminación de esa relación contractual y establece una distinción fundamental: si en la práctica existen condiciones de subordinación propias de una relación laboral, la situación deberá tratarse conforme al Código de Trabajo.
Ese punto resulta relevante porque el porcentaje de ingresos procedente de un cliente no sustituye por sí mismo el análisis de si existe o no una relación laboral.
Proyecto plantea proteger parcialmente la vivienda principal
Otro capítulo de la iniciativa aborda el patrimonio de la persona independiente.
El proyecto permitiría constituir un patrimonio de afectación sobre la residencia principal mediante una declaración ante el Registro Nacional.
La intención es brindar protección a la vivienda y determinados bienes familiares frente a deudas privadas generadas por la actividad económica.
La protección, sin embargo, no sería absoluta.
El propio proyecto establece excepciones y no debe interpretarse como una inmunidad general frente a cualquier deuda.
Entre las excepciones contempladas aparecen las obligaciones con la CCSS y el Ministerio de Hacienda. El texto también contempla la posibilidad de una renuncia expresa a esa protección.
Por eso, el alcance real de la medida dependería tanto de la redacción que eventualmente sea aprobada como de las condiciones específicas establecidas para utilizarla.
Jóvenes, mujeres y adultos mayores tendrían incentivos
La iniciativa también contiene tratamientos contributivos diferenciados para algunos grupos.
El texto propone beneficios para jóvenes y mujeres que se incorporen por primera vez al régimen, así como disposiciones dirigidas a personas adultas mayores.
Entre las medidas planteadas aparecen cuotas reducidas de seguridad social que serían complementadas mediante un aporte estatal.
También se contemplan exenciones tributarias, aunque las condiciones y límites no son idénticos para todos los grupos.
En el caso de las personas adultas mayores, la propuesta establece un límite para la exención del impuesto sobre la renta.
Estas medidas forman parte del diseño propuesto para incentivar la formalización, pero todavía no constituyen beneficios que puedan solicitarse.
Su eventual aplicación dependería primero de que la Asamblea Legislativa apruebe la iniciativa y posteriormente de la entrada en vigor y reglamentación de las disposiciones correspondientes.
Los independientes también tendrían representación en la CCSS
El expediente no se limita a modificar pagos e inscripción.
También plantea cambios en la representación de las personas trabajadoras independientes dentro de la estructura de la CCSS.
La propuesta contempla que tengan un representante en la Junta Directiva de la Caja dentro de los puestos correspondientes al sector patronal.
Ese representante sería seleccionado mediante las organizaciones de trabajadores independientes que cumplan las condiciones establecidas.
Asimismo, el proyecto introduce obligaciones para los colegios profesionales relacionadas con el reporte de sus miembros activos.
Se trata de disposiciones diferentes al monotributo, pero forman parte del mismo intento de crear un régimen integral para la población que genera ingresos por cuenta propia.
El proyecto todavía no está en comisión
El punto más importante para quienes quieran saber cuándo comenzarán a aplicarse estos cambios es que no existe todavía una fecha de entrada en vigor.
Al 4 de octubre, el expediente 25.816 está en una etapa inicial.
Fue presentado el 1.º de octubre y entró a la corriente legislativa, pero todavía no aparece como publicado en La Gaceta ni ha llegado a la fase de estudio en comisión.
Tampoco registra votaciones.
Después de su asignación y estudio legislativo, tendría que superar las diferentes etapas correspondientes antes de poder convertirse en ley.
Durante ese recorrido, los diputados pueden presentar modificaciones al texto. Algunas disposiciones podrían cambiar, eliminarse o recibir una redacción diferente de la planteada inicialmente.
Incluso si el proyecto finalmente se aprobara, algunas de las transformaciones propuestas requerirían ajustes administrativos y tecnológicos antes de poder operar.
El texto contempla, por ejemplo, un periodo para que Hacienda y la CCSS adapten sus plataformas y hagan posible la interoperabilidad requerida para la inscripción unificada.
Por ahora, entonces, los trabajadores independientes deben continuar cumpliendo las reglas actualmente vigentes.
El monotributo, el nuevo cálculo sobre ingreso neto, los incentivos contributivos, la figura de dependencia económica y las demás medidas descritas son propuestas contenidas en el expediente 25.816, no derechos ni obligaciones que ya puedan aplicarse.
La evolución del proyecto en la Asamblea Legislativa determinará cuáles de estas disposiciones sobreviven al proceso de discusión y, eventualmente, cuáles llegan a convertirse en ley
COMMENTS