El pago en efectivo en autobuses será eliminado; inicia la digitalización total del transporte.
San José, Costa Rica — El tradicional pago en efectivo que realizan los usuarios del transporte público podría tener los días contados. Un proyecto de ley aprobado por la Comisión de Asuntos Económicos propone eliminar gradualmente el uso de monedas y billetes en autobuses, con un plazo de tres años para las empresas del Gran Área Metropolitana y cinco para las zonas rurales.
La propuesta fue presentada por un grupo de diputados liderados por Olga Morera, con el objetivo de modernizar el sistema de transporte público y migrar hacia un modelo de pago completamente digital.
Según el texto, la iniciativa pretende aumentar la seguridad en las unidades de transporte, al reducir el manejo de efectivo y, con ello, la probabilidad de asaltos. Esta medida también facilitaría la fiscalización tributaria y agilizaría el abordaje de pasajeros.
“Esto protege tanto al conductor como al usuario”, comentó la diputada Vanessa Castro, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), al respaldar el proyecto en la Comisión Legislativa.
El Banco Central de Costa Rica (BCCR) se encuentra desarrollando una tarjeta prepago diseñada especialmente para personas sin acceso a servicios bancarios. Esta tarjeta será compatible con el Sistema de Pago Electrónico en el Transporte Público (Sinpe-TP).
Carlos Melegatti, director del BCCR, aseguró que el uso de medios electrónicos en buses y trenes ha crecido significativamente en los últimos años, impulsado por la confianza y el conocimiento de los usuarios.
Aproximadamente medio millón de costarricenses, incluidos adultos mayores y menores de edad, no poseen cuentas bancarias. Esta población será prioritaria en las medidas de inclusión financiera.
“Hay adultos mayores que temen perder su cédula y no usar medios digitales. Por eso, estas tarjetas son vitales para garantizar el acceso al servicio”, señaló la diputada Morera.
Por su parte, Katherine Moreira, diputada del PLN, expresó su preocupación por la conectividad en zonas rurales, advirtiendo que la implementación debe garantizar cobertura y acceso en todo el país.
El proyecto también contempla el desarrollo de infraestructura tecnológica que permita a todas las unidades de transporte contar con dispositivos adecuados para el cobro electrónico.
Las empresas de autobuses deberán adaptarse progresivamente. Durante el primer año tras la aprobación de la ley, se implementará un periodo de coexistencia entre ambos métodos de pago.
Posteriormente, solo se permitirá el uso de medios digitales como tarjetas, QR, o aplicaciones vinculadas al Sinpe Móvil y Sinpe-TP.
La fiscalización estará a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) en conjunto con la Dirección General de Hacienda.
Las multas por incumplimiento aún no han sido definidas, pero se espera que formen parte del reglamento que acompañará la ley una vez aprobada por el Plenario.
El texto aún debe pasar por una votación en el Plenario Legislativo para convertirse en ley. De ser aprobado, se activará un cronograma para cada zona del país.
Este avance en digitalización se alinea con la política nacional de inclusión financiera, que busca reducir el uso de efectivo en todos los servicios públicos.
Organizaciones ciudadanas han expresado tanto apoyo como preocupación. Algunos sectores aplauden el avance, mientras que otros advierten sobre la exclusión de poblaciones vulnerables.
Expertos coinciden en que el éxito de la medida dependerá de la ejecución tecnológica, la educación digital y la voluntad política para incluir a todos.