El decreto de Trump habilita desalojos forzados y cambios legales para frenar la expansión de campamentos callejeros.
Washington D.C., EE.UU. — El expresidente Donald Trump firmó esta semana una orden ejecutiva que autoriza a las autoridades federales y locales a desalojar campamentos de personas sin hogar en todo Estados Unidos, una medida que reconfigura el abordaje legal frente a la indigencia urbana.
La medida, anunciada oficialmente desde la Casa Blanca, contempla acciones coordinadas entre diversas agencias federales para retirar a personas en situación de calle de parques, aceras y zonas residenciales.
Según el documento oficial, la secretaria de Justicia, Pam Bondi, encabezará el proceso de revisión de normativas legales y judiciales que limitaban la intervención directa en estos espacios.
El decreto plantea además la posibilidad de modificar precedentes judiciales que garantizaban derechos básicos de las personas sin hogar, incluyendo el derecho a no ser desplazadas sin una alternativa habitacional viable.
El plan incluye el redireccionamiento de fondos federales hacia centros de tratamiento para adicciones y salud mental, aunque no especifica cómo se garantizarán estándares médicos ni derechos legales durante las relocalizaciones.
En paralelo, el decreto instruye a las agencias de Salud, Vivienda y Transporte a acelerar recursos hacia gobiernos locales que implementen restricciones a “conductas problemáticas” en espacios públicos.
Entre los criterios considerados figuran el consumo abierto de drogas, la ocupación prolongada de espacios urbanos y la presencia de personas con antecedentes penales en campamentos informales.
Trump justificó la orden al afirmar que no se puede permitir que se instalen carpas frente a instituciones federales como la Casa Blanca, calificando la medida como “de sentido común”.
La portavoz presidencial, Karoline Leavitt, reforzó la narrativa gubernamental al asegurar que el objetivo es “restablecer el orden” y ofrecer ayuda profesional a quienes lo necesiten.
La reacción de organizaciones civiles fue inmediata. La Coalición Nacional para las Personas sin Hogar denunció que la medida representa un retroceso en políticas inclusivas y sostenibles.
Su director, Donald Whitehead, advirtió que el enfoque punitivo ha demostrado ser ineficaz, además de profundizar la marginalización de las personas más vulnerables.
El Centro Nacional de Derecho sobre la Falta de Vivienda calificó la orden como una “criminalización institucionalizada de la pobreza”, alertando sobre posibles violaciones a derechos constitucionales.
Diversas cortes federales habían establecido en años anteriores que no se puede sancionar a una persona por dormir en la vía pública si no se le ofrece una alternativa real de alojamiento.
Sin embargo, la reciente decisión de la Corte Suprema en un caso proveniente de Oregon cambió el panorama, abriendo espacio legal para sancionar esta práctica.
Este nuevo contexto judicial fue clave para que el equipo de Trump impulsara la orden ejecutiva, amparándose en la necesidad de seguridad y salubridad urbana.
De acuerdo con el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, el número de personas sin hogar superó las 770.000 en 2024, marcando un récord histórico en el país.
Entre las causas del aumento figuran la falta de vivienda asequible, el impacto de desastres climáticos, y el crecimiento de población migrante en situación irregular.
Analistas destacan que el decreto refuerza la línea dura que Trump ha promovido en su campaña electoral, enfocada en “orden y control” en ciudades con altos índices de indigencia.
Por ahora, se espera que la implementación de la medida comience en ciudades como Los Ángeles, San Francisco y Nueva York, donde el problema ha escalado visiblemente.
El debate legal y social sobre la constitucionalidad de la medida seguramente continuará, mientras miles de personas siguen sin acceso a una vivienda digna.