Uber deberá pagar US$40 millones por la muerte de Emily Normandin-Parker, abandonada en una autopista. Las claves de la decisión arbitral.
LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS — Uber y uno de sus conductores deberán responder por una indemnización de US$40 millones tras la muerte de Emily Normandin-Parker, de 23 años, atropellada en una autopista de California en 2023. Un árbitro rechazó el argumento de la empresa de que no era responsable por tratarse de un conductor independiente.
El árbitro Richard A. Stone, juez jubilado de California, determinó que Uber y el conductor Vu Tran eran responsables de la muerte de la joven, ocurrida el 12 de agosto de 2023 en la autopista estatal 73, en el condado de Orange.
La resolución establece una compensación de US$20 millones para cada uno de sus padres, Carol Normandin y Ken Parker, por un total de US$40 millones.
El resultado se dio a conocer públicamente el 17 de septiembre de 2026, después de un procedimiento de arbitraje que incluyó cinco días de audiencia. La decisión escrita había sido emitida en julio.
Uber manifestó su desacuerdo con la atribución de responsabilidad legal, aunque afirmó que continúa reforzando sus medidas de seguridad.
El conductor se detuvo en una zona peligrosa de la autopista 73
Normandin-Parker había solicitado un viaje mediante Uber para regresar a casa con su amiga Luna Moore después de una salida nocturna.
Durante el trayecto, Moore se sintió mal y vomitó dentro del automóvil. El conductor detuvo el vehículo en una zona triangular situada entre la autopista y una rampa de salida, conocida en inglés como gore point.
Ese espacio no está destinado a recoger o dejar pasajeros. Su proximidad a carriles de circulación y a vehículos que cambian de dirección lo convierte en un lugar especialmente peligroso para los peatones.
Según los hechos establecidos en el arbitraje, Tran discutió con las pasajeras por el incidente dentro del automóvil y exigió el pago de una tarifa de limpieza.
Las dos mujeres, que se encontraban bajo los efectos del alcohol, terminaron fuera del vehículo.
Emily fue atropellada por otros automóviles y murió.
El árbitro identificó inconsistencias en los testimonios sobre los momentos inmediatamente anteriores al atropello. Sin embargo, concluyó que el conductor había creado un riesgo innecesario al detenerse en un lugar prohibido y dejar a las pasajeras expuestas al tránsito.
Stone señaló que Tran tenía una alternativa: continuar hasta la salida de MacArthur Boulevard y detenerse en un lugar seguro.
La decisión también examinó lo ocurrido después del incidente.
Los registros de ubicación mostraron que el conductor avanzó hasta la siguiente salida y contactó a Uber para solicitar el cobro de una tarifa de limpieza. No llamó al servicio de emergencias ni prestó ayuda a las mujeres antes de abandonar el lugar, de acuerdo con la reconstrucción arbitral.
El árbitro rechazó que Uber fuera únicamente una plataforma tecnológica
El principal desacuerdo jurídico giró en torno a la relación entre Uber, sus conductores y los usuarios que contratan viajes mediante la aplicación.
La empresa sostuvo que proporciona una plataforma tecnológica para conectar pasajeros con conductores independientes y que, por tanto, no debía asumir responsabilidad legal por las acciones de Tran.
Stone rechazó ese planteamiento.
En su análisis, consideró que Uber ofrece efectivamente un servicio de transporte al público, fija las tarifas, controla aspectos relevantes de la experiencia del usuario y obtiene ingresos de los viajes.
Sobre esa base, determinó que la compañía podía ser considerada un transportista sujeto a obligaciones de protección hacia sus pasajeros.
La resolución aplicó el concepto de responsabilidad indirecta, conocido en inglés como vicarious liability. Este permite atribuir responsabilidad a una entidad por determinadas actuaciones negligentes de quienes prestan servicios vinculados con su actividad.
El árbitro también rechazó que la Proposición 22 de California protegiera automáticamente a Uber frente a esa responsabilidad.
Dicha disposición permite que determinadas plataformas de transporte y reparto mantengan a sus conductores como contratistas independientes, bajo condiciones específicas.
La distinción es relevante: la clasificación laboral de un conductor y las obligaciones de seguridad de una empresa frente a sus pasajeros son cuestiones jurídicas diferentes.
Por ello, el reconocimiento de la condición de contratista independiente no resolvía, por sí solo, la controversia sobre la muerte de Normandin-Parker.
Uber había recibido quejas sobre la conducción de Vu Tran
La información presentada por los abogados de la familia revela otro aspecto examinado durante el procedimiento: las advertencias anteriores relacionadas con el conductor.
Según el bufete Panish | Shea | Ravipudi, Uber había recibido varias quejas sobre comportamientos considerados peligrosos de Tran antes del fallecimiento de Emily.
Uno de los usuarios había descrito su experiencia como el viaje menos seguro que había realizado.
La representación legal de los padres sostuvo que la empresa comunicó a los usuarios que revisaría la cuenta del conductor, pero que la evidencia presentada durante el arbitraje mostró que no se efectuó una revisión de esos incidentes.
Esta afirmación procede de la documentación divulgada por los abogados de la familia y debe distinguirse de una auditoría independiente de todos los procedimientos de seguridad de Uber.
La compañía, por su parte, señaló que Tran había completado cerca de 6.000 viajes, mantenía una calificación de 4,96 y no registraba incidentes anteriores de la misma naturaleza relacionados con paradas inseguras en autopistas o lesiones de pasajeros.
Uber confirmó que el conductor ya no presta servicios mediante su plataforma.
El árbitro instó a la empresa a revisar sus políticas y procedimientos de seguridad a partir de lo ocurrido.
La indemnización no establece automáticamente una regla para otros casos
Aunque la decisión involucra una suma considerable y aborda cuestiones relevantes sobre la responsabilidad de las plataformas digitales, existe una limitación jurídica importante.
El caso se resolvió mediante arbitraje privado, no mediante una sentencia dictada por un tribunal ordinario.
Los términos de servicio de Uber contemplan la resolución de determinadas controversias a través de ese mecanismo.
En un arbitraje, las partes presentan sus argumentos y pruebas ante una persona encargada de resolver la disputa. La decisión puede resultar vinculante para quienes participan, conforme a las reglas aplicables.
Sin embargo, el resultado de este procedimiento no constituye automáticamente un precedente judicial obligatorio para otros tribunales o controversias.
Tampoco significa que Uber deba pagar US$40 millones en cualquier accidente relacionado con un conductor de su plataforma.
Cada caso depende de sus circunstancias, las pruebas disponibles, la legislación aplicable y las obligaciones concretas de las partes.
La decisión tampoco modifica por sí misma las condiciones de contratación de conductores en otros países.
Por esa razón, no puede trasladarse directamente al marco jurídico de Costa Rica ni utilizarse para afirmar que las plataformas de transporte operan bajo idénticas obligaciones en todas las jurisdicciones.
La familia cuestionó un acuerdo de confidencialidad vinculado con el caso
Tras conocerse la decisión, los padres de Emily también cuestionaron los intentos de Uber de mantener información del procedimiento fuera del conocimiento público.
De acuerdo con el bufete que los representó, la empresa promovió actuaciones ante el Tribunal Superior del Condado de Orange relacionadas con la confidencialidad del arbitraje.
Los abogados afirmaron que Uber propuso un acuerdo que habría restringido las declaraciones públicas de los padres sobre la relación de la compañía con el fallecimiento.
El acuerdo contemplaba una penalización de US$10 millones por cada incumplimiento de la obligación de confidencialidad, según la representación legal de la familia.
Este punto requiere una precisión: esa cifra no era una indemnización adicional que Uber ofreciera pagar a los padres. Se trataba de una penalización contractual propuesta para el supuesto de que se vulneraran las restricciones de confidencialidad.
La familia rechazó esas condiciones.
La empresa expresó su desacuerdo con la decisión sobre responsabilidad y aseguró que ha incorporado tecnologías, políticas y orientaciones adicionales para evitar que los conductores dejen pasajeros en lugares inseguros.
Los padres destinarán parte de los recursos a una fundación en memoria de Emily
Emily Normandin-Parker se había graduado de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) en 2022.
Su familia la recuerda por su interés en la escritura, la música y el apoyo a otras personas.
Después de su fallecimiento, sus padres establecieron la Emily Normandin-Parker Foundation, una organización dedicada a promover mayores protecciones para los usuarios de servicios de transporte mediante aplicaciones.
La fundación también contempla iniciativas educativas y apoyo a jóvenes de la comunidad LGBTQ+.
Carol Normandin y Ken Parker han manifestado su intención de utilizar recursos derivados del caso para financiar esas actividades.
La indemnización reconoce económicamente los daños determinados en el arbitraje, pero no resuelve por sí sola todas las preguntas sobre las políticas de seguridad de las plataformas.
Entre los aspectos que requieren seguimiento se encuentran las modificaciones concretas que Uber adopte a raíz de la decisión, su aplicación efectiva y cualquier actuación judicial posterior relacionada con el laudo.
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