Dos niñas de 2 y 7 años fueron halladas solas y lesionadas en Oreamuno, Cartago. Su madre fue detenida y quedó en libertad con medidas cautelares.
CARTAGO, COSTA RICA — Dos hermanas de 2 y 7 años fueron encontradas solas y con lesiones en Oreamuno. Su madre es investigada por presuntas agresiones y las niñas quedaron bajo cuidados de familiares.
El hallazgo ocurrió el viernes 16 de octubre de 2026, durante un recorrido de vigilancia efectuado por oficiales de la Fuerza Pública. Las menores presentaban golpes y hematomas en distintas partes del cuerpo y llevaban una bolsa con algunas de sus pertenencias.
El testimonio de la hermana mayor permitió a las autoridades conocer las circunstancias en que ambas habrían terminado solas en la vía pública. Según el relato atribuido a la menor, su madre las habría golpeado con objetos como tubos, cables y piezas de madera antes de obligarlas a abandonar la casa.
La situación motivó una intervención policial y judicial que culminó con la detención de una mujer de 22 años, identificada por los apellidos Hernández Salazar, como sospechosa de los hechos.
El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) confirmó su participación en el caso y señaló que las niñas fueron ubicadas con familiares, mientras continúa la atención institucional correspondiente.
Policías encontraron a las hermanas solas y con lesiones
El caso comenzó a conocerse cuando oficiales de la Fuerza Pública realizaban labores habituales de vigilancia en la comunidad de Vista Hermosa.
Durante el recorrido observaron a dos niñas de corta edad que caminaban sin acompañamiento de una persona adulta.
Al acercarse para comprobar su situación, los policías identificaron lesiones visibles en sus cuerpos, principalmente en la espalda.
Las menores también portaban una bolsa con ropa, un elemento que posteriormente adquirió relevancia dentro de la versión ofrecida por la hermana mayor.
Ante el aparente estado de abandono y las lesiones que presentaban, se coordinó su traslado a un centro médico.
Ambas fueron sometidas a valoraciones clínicas para determinar su condición y establecer la atención que necesitaban.
Los reportes iniciales también mencionaron lesiones en otras partes del cuerpo, aunque la gravedad y clasificación médico-legal de cada una deberán establecerse mediante los exámenes correspondientes.
La intervención de los oficiales permitió activar los mecanismos institucionales de protección y poner el caso en conocimiento de las autoridades competentes.
La hermana mayor relató presuntas agresiones dentro de la vivienda
Uno de los elementos centrales de la investigación es la información que la niña de siete años habría proporcionado a los policías.
Según el reporte conocido, la menor explicó que su madre utilizaba diferentes objetos para castigarlas físicamente.
Entre los instrumentos mencionados figuran tubos, cables y palos de madera.
La niña también habría señalado que su madre les entregó una bolsa con ropa y les ordenó salir de la vivienda.
Las dos hermanas terminaron caminando solas por una vía pública, sin que se haya detallado cuánto tiempo permanecieron en esa condición antes de ser encontradas.
El testimonio infantil constituye un elemento relevante que deberá ser valorado mediante los procedimientos establecidos para proteger a las personas menores de edad.
En este tipo de situaciones, resulta fundamental evitar que los niños y las niñas sean sometidos innecesariamente a relatos repetitivos sobre experiencias traumáticas.
La investigación tendrá que determinar las circunstancias específicas de las presuntas agresiones, la participación atribuida a la sospechosa y las consecuencias físicas y emocionales para las menores.
Madre de 22 años fue detenida en instalaciones del PANI
Tras conocer lo ocurrido, las autoridades iniciaron las diligencias correspondientes para ubicar a la persona señalada como responsable.
La mujer, identificada mediante los apellidos Hernández Salazar, de 22 años, fue detenida el viernes 16 de octubre.
De acuerdo con la información disponible, la detención se produjo en instalaciones del Patronato Nacional de la Infancia en Cartago, luego de que la mujer se presentara ante la institución.
El PANI indicó que su oficina local había intervenido en la atención de las niñas, coordinado con el centro hospitalario y articulado actuaciones con la Fiscalía.
Posteriormente, la sospechosa quedó a disposición de las autoridades judiciales para que se determinara su situación procesal.
Las investigaciones se relacionan con posibles delitos de lesiones y abandono de incapaces.
No obstante, la calificación jurídica definitiva deberá establecerse a partir de las pruebas reunidas y de las decisiones que adopten las instancias judiciales.
Sospechosa quedó en libertad con restricciones judiciales
Después de la detención, la mujer recuperó su libertad bajo medidas cautelares, según la actualización periodística difundida el lunes 19 de octubre.
Entre las restricciones reportadas se encuentra la prohibición de acercarse a las niñas y de realizar conductas agresivas contra ellas mientras avanza la investigación.
La imposición de medidas cautelares no equivale a una sentencia absolutoria ni a una declaración de culpabilidad.
Estas disposiciones son instrumentos procesales destinados a atender riesgos identificados por la autoridad judicial durante el desarrollo de una causa penal.
Su alcance concreto depende de la resolución correspondiente.
En este caso, la separación entre la sospechosa y las menores representa una medida relevante para la protección de las niñas mientras se esclarecen los hechos.
La investigación deberá establecer si existen suficientes elementos para formular una acusación y, eventualmente, determinar la responsabilidad penal de la mujer.
Hasta que exista una decisión judicial definitiva, debe respetarse la presunción de inocencia.
PANI confirmó que las niñas fueron ubicadas con familiares
El Patronato Nacional de la Infancia informó que las hermanas fueron colocadas bajo el cuidado de un recurso familiar después de recibir atención médica.
Esta decisión busca ofrecerles un entorno de protección mientras las autoridades evalúan las circunstancias que dieron origen al caso.
La institución señaló que continuará con las intervenciones psicosociales y legales correspondientes.
La atención psicosocial puede comprender la valoración de las condiciones emocionales de las niñas, las características de su entorno y las necesidades de acompañamiento.
Por su parte, la intervención legal permite dar seguimiento a las medidas de protección y coordinar actuaciones con las autoridades judiciales cuando resulte necesario.
No se han divulgado detalles sobre la identidad de los familiares responsables del cuido, ni corresponde hacer pública información que permita ubicar a las menores.
La reserva de esos datos contribuye a proteger su seguridad y privacidad.
El objetivo inmediato es garantizar que ambas permanezcan en condiciones apropiadas de cuidado, alejadas de posibles situaciones de riesgo.
Reportan una intervención anterior que deberá aclararse
Uno de los aspectos que requiere mayor esclarecimiento es la existencia de un posible antecedente de atención institucional.
Información atribuida a fuentes judiciales señala que el PANI habría recibido anteriormente reportes relacionados con posibles agresiones contra las niñas.
Según esa versión, aproximadamente dos meses antes se habría realizado una visita, sin encontrar elementos suficientes para mantener abierto el expediente.
Sin embargo, la institución no confirmó públicamente los detalles de esa presunta actuación previa en la respuesta recogida por el reporte periodístico.
Por ello, no es posible establecer de forma independiente qué denuncias se recibieron, cuáles evaluaciones se realizaron ni por qué habría concluido una intervención anterior.
La diferencia entre una denuncia recibida, una investigación administrativa y una situación de maltrato efectivamente acreditada es fundamental.
Una alerta sobre posible violencia debe examinarse conforme a los procedimientos aplicables, pero no demuestra por sí sola que los hechos denunciados hayan ocurrido.
La revisión de los antecedentes permitiría conocer si existieron advertencias previas y qué actuaciones institucionales correspondieron a cada una.
Qué protección establece Costa Rica para la niñez
En Costa Rica, el Patronato Nacional de la Infancia es la entidad especializada en la protección y defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Su labor está respaldada por el artículo 55 de la Constitución Política, así como por la legislación nacional y los compromisos internacionales relacionados con los derechos de las personas menores de edad.
La protección infantil comprende tanto la intervención ante situaciones de riesgo como la prevención de nuevas vulneraciones.
Cuando existen indicios de agresiones físicas, abandono o negligencia, las instituciones deben valorar las necesidades de protección y coordinar las respuestas correspondientes.
Es importante diferenciar las medidas administrativas de protección de las decisiones propias de un proceso penal.
El PANI puede intervenir para resguardar los derechos y el bienestar de las personas menores de edad, mientras que el Ministerio Público y los tribunales atienden las responsabilidades penales conforme a sus competencias.
Ambos mecanismos pueden desarrollarse de manera paralela.
En el caso de Oreamuno, la atención médica, la ubicación familiar y las actuaciones judiciales forman parte de respuestas institucionales distintas, pero relacionadas con la protección de las niñas.
Cómo denunciar posibles agresiones contra niños y niñas
El caso también pone de relieve la importancia de actuar cuando se observan señales de posible violencia infantil.
Los golpes visibles, los relatos espontáneos de agresiones, el abandono o las situaciones en que una persona menor de edad permanece expuesta a un peligro pueden justificar una comunicación inmediata a las autoridades.
En Costa Rica, el Sistema de Emergencias 9-1-1 permite reportar situaciones urgentes que requieren intervención.
El PANI también dispone de la línea gratuita 1147 para niños, niñas y adolescentes y del servicio de WhatsApp 8989-1147.
Las personas adultas pueden presentar denuncias o solicitar orientación mediante los canales institucionales.
El PANI permite que determinadas denuncias se formulen de manera anónima o confidencial, conforme a los requisitos establecidos para cada modalidad.
No es indispensable contar con una sentencia judicial o una investigación concluida para comunicar indicios razonables de una posible vulneración de derechos.
La valoración y las diligencias necesarias corresponden a las instituciones competentes.
También es fundamental proteger la privacidad de las víctimas y evitar difundir fotografías, nombres u otros datos que faciliten su identificación.
Continúa la investigación por lesiones y presunto abandono
El proceso judicial contra la mujer de apellidos Hernández Salazar continúa en desarrollo.
Entre los aspectos pendientes se encuentra establecer la naturaleza de las lesiones que presentaban las niñas, precisar las circunstancias en que quedaron solas y determinar las responsabilidades que correspondan.
Asimismo, será importante aclarar la existencia de posibles reportes anteriores y conocer el alcance de las actuaciones institucionales realizadas.
Por su parte, el PANI deberá continuar con el seguimiento de las medidas de protección y el bienestar de ambas hermanas.
La situación de las niñas requiere una respuesta centrada en su seguridad, atención médica, recuperación emocional y derecho a crecer en un entorno libre de violencia.
Mientras la justicia determina los hechos, las menores permanecen bajo cuidado familiar con intervención institucional, de acuerdo con la información divulgada hasta el 19 de octubre de 2026.
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