Human Rights Watch denuncia fallas graves en la redada de Río de Janeiro que dejó 122 muertos. Cámaras apagadas y posibles ejecuciones.
RÍO DE JANEIRO, BRASIL — Un informe de Human Rights Watch denuncia fallas graves en la redada policial de 2025 que dejó 122 muertos. Solo el 23 % de los agentes portaba cámaras corporales durante la acción.
El informe, publicado el 28 de octubre de 2026 por Human Rights Watch (HRW), documenta presuntas irregularidades durante la Operación Contención, ejecutada el 28 de octubre de 2025 en los complejos de favelas de Alemão y Penha.
La intervención movilizó aproximadamente 2.500 agentes de las policías Civil y Militar. Su objetivo declarado era detener a integrantes del Comando Vermelho, una de las principales organizaciones criminales de Brasil.
El saldo fue de 122 personas fallecidas: 117 que no eran policías y cinco agentes. Entre las víctimas también había dos menores de edad.
La investigación plantea dudas sobre el empleo de la fuerza, el funcionamiento de las cámaras corporales y la preservación de evidencias fundamentales para esclarecer lo ocurrido.
Solo el 23 % de los policías utilizó cámaras corporales
Una de las conclusiones más relevantes del estudio se relaciona con las grabaciones que debían documentar las actuaciones de los agentes.
Según los datos examinados por Human Rights Watch, únicamente alrededor del 23 % de los policías movilizados portaba cámaras corporales, pese a las disposiciones judiciales que obligaban a utilizar estos dispositivos.
La organización analizó 4.400 horas de material audiovisual, miles de páginas de documentos oficiales y los informes de autopsia de las víctimas.
Los investigadores identificaron situaciones en las que las cámaras fueron cubiertas, colocadas en posiciones inadecuadas, dejadas dentro de vehículos o utilizadas antes de la intervención hasta agotar sus baterías.
El resultado fue especialmente preocupante: ninguna de las muertes quedó registrada en las imágenes corporales examinadas por la organización.
Esta ausencia de grabaciones impide reconstruir visualmente momentos decisivos del operativo mediante uno de los principales mecanismos de supervisión policial.
El problema no se limita a la falta de tecnología. La investigación apunta también a posibles acciones deliberadas que obstaculizaron su funcionamiento.
Las grabaciones desaparecieron cuando aumentaba la violencia
El estudio identificó un patrón temporal que añade interrogantes sobre la actuación de los agentes.
Al analizar las cámaras de policías desplegados en primera línea, Human Rights Watch encontró que el 55 % de las grabaciones ya había terminado o presentaba interrupciones importantes alrededor del mediodía.
Precisamente durante las horas posteriores se produjo una parte considerable de las muertes.
Las cámaras estaban diseñadas para ofrecer aproximadamente 12 horas de funcionamiento y los protocolos policiales contemplaban requisitos relacionados con su carga y utilización.
Sin embargo, numerosas grabaciones disponibles terminaron mucho antes de ese periodo.
Los investigadores también encontraron episodios en los que los agentes cubrían los lentes mientras efectuaban intervenciones o ingresaban a determinados lugares.
La combinación de interrupciones, cámaras obstruidas y ausencia de registros de las muertes constituye uno de los principales fundamentos de las denuncias.
No obstante, corresponde a las autoridades judiciales determinar en cada caso si existió una conducta delictiva, una infracción administrativa o alguna otra causa de las fallas documentadas.
Las autopsias plantean sospechas de ejecuciones
El informe también examinó los resultados de las autopsias y la distribución de las heridas de bala.
Según Human Rights Watch, más del 40 % de los 117 fallecidos que no eran policías recibió al menos un disparo en la cabeza.
Casi tres cuartas partes presentaron al menos una herida de entrada de bala por la parte posterior del cuerpo.
Además, más del 60 % recibió cuatro o más disparos.
Estas observaciones llevaron a especialistas forenses consultados por la organización a plantear la posibilidad de que algunas víctimas hubieran sido atacadas de manera intencional cuando ya no representaban una amenaza inmediata.
Sin embargo, las trayectorias de los proyectiles no permiten, por sí solas, establecer que todas esas muertes constituyeran ejecuciones extrajudiciales.
Esa conclusión requiere examinar las circunstancias individuales, los testimonios, la evidencia física y la actuación de cada agente involucrado.
Human Rights Watch considera que existen indicios suficientes para justificar investigaciones exhaustivas e independientes sobre el posible uso ilegítimo de la fuerza.
Una investigación marcada por evidencias insuficientes
Los problemas identificados no terminaron cuando concluyeron los enfrentamientos.
La organización sostiene que las autoridades tampoco garantizaron una adecuada protección de las escenas donde ocurrieron las muertes.
Durante las operaciones policiales con víctimas mortales, preservar el lugar es fundamental para documentar las posiciones de los cuerpos, recuperar proyectiles, analizar trayectorias y establecer la secuencia de los acontecimientos.
Cuando los cuerpos son trasladados o las escenas son modificadas antes de que intervengan especialistas, parte de esa información puede perderse definitivamente.
Human Rights Watch denunció deficiencias en la recolección de datos de las víctimas y en la documentación de las circunstancias de numerosos fallecimientos.
También señaló que, pese a la magnitud del despliegue, las autoridades no habrían realizado una planificación suficiente para garantizar investigaciones forenses independientes.
La magnitud de esas deficiencias dificulta determinar qué ocurrió en cada uno de los enfrentamientos y si todas las muertes pueden atribuirse a actuaciones justificadas.
De 100 órdenes de captura, solo 17 detenciones de personas buscadas
Otro aspecto examinado por la organización es la distancia entre los objetivos anunciados y los resultados de la intervención.
La operación tenía como propósito ejecutar aproximadamente 100 órdenes de arresto contra personas vinculadas presuntamente con el Comando Vermelho.
Sin embargo, los registros revisados por Human Rights Watch indican que solamente 17 personas incluidas en órdenes de captura fueron detenidas.
La organización también documentó que, seis meses después del operativo, el grupo criminal continuaba ejerciendo control territorial sobre comunidades visitadas por sus investigadores.
Estos hallazgos generan preguntas sobre la eficacia de una estrategia que produjo numerosas muertes, pero que no consiguió eliminar el dominio del grupo en el territorio intervenido.
El combate contra organizaciones armadas representa un desafío real para las autoridades brasileñas, especialmente en zonas donde las facciones criminales ejercen control mediante violencia e intimidación.
Sin embargo, la efectividad de una operación no puede evaluarse únicamente por el número de personas fallecidas.
También deben considerarse los arrestos, las investigaciones judiciales, la recuperación del control institucional y la seguridad posterior de la población.
¿Qué respondieron las autoridades brasileñas?
La Secretaría de Seguridad Pública de Río de Janeiro informó, según la cobertura de Agência Brasil, que las investigaciones sobre las muertes de los cinco policías habían avanzado hasta la identificación de presuntos responsables.
Las autoridades indicaron que los expedientes relacionados con las otras 117 muertes permanecían bajo investigación.
La policía sostuvo que esas personas fallecieron durante enfrentamientos con agentes de seguridad.
Esta versión debe distinguirse de las conclusiones de Human Rights Watch, que considera que las pruebas disponibles apuntan a posibles actuaciones abusivas y muertes intencionales.
La existencia de enfrentamientos armados no elimina la obligación estatal de investigar individualmente las muertes y demostrar la legalidad del uso de la fuerza.
Tampoco debe darse por comprobada la pertenencia de todas las personas fallecidas a organizaciones criminales sin una determinación suficientemente sustentada.
Por ello, el informe solicita que fiscales y autoridades judiciales examinen tanto las actuaciones individuales como las decisiones tomadas durante la planificación y conducción del operativo.
Brasil endureció su legislación contra las organizaciones criminales
El aniversario de la redada coincide con un nuevo escenario jurídico para el combate contra las facciones delictivas.
El 25 de marzo de 2026 entró en vigor la Ley 15.358, conocida como Ley Antifacción, sancionada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
La legislación establece instrumentos para perseguir a organizaciones criminales, incluidos grupos que ejercen control territorial mediante amenazas y violencia.
También contempla mecanismos destinados a debilitar sus estructuras económicas y materiales.
Entre las disposiciones se incluyen sanciones más severas para determinados delitos vinculados con facciones criminales, con penas que pueden alcanzar entre 20 y 40 años de prisión.
La norma también contempla restricciones a determinados beneficios penitenciarios y herramientas para combatir organizaciones paramilitares y milicias.
El endurecimiento legislativo ha generado discusiones sobre la necesidad de equilibrar la seguridad pública con las garantías constitucionales.
Especialistas consultados por Deutsche Welle advierten que ciertas medidas podrían enfrentar cuestionamientos jurídicos, particularmente cuando afectan derechos procesales o amplían las consecuencias del encarcelamiento.
El problema de las cárceles y el reclutamiento criminal
La discusión sobre seguridad en Brasil también alcanza al sistema penitenciario.
Organizaciones como el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho han desarrollado redes de influencia dentro y fuera de los establecimientos penitenciarios.
La sobrepoblación y la insuficiencia de controles institucionales pueden facilitar que estas estructuras encuentren nuevos integrantes entre personas privadas de libertad.
El especialista Rodrigo Ghiringhelli de Azevedo, citado por Deutsche Welle, advierte que aumentar el encarcelamiento sin resolver las condiciones del sistema penitenciario podría contribuir a fortalecer las mismas organizaciones que se busca debilitar.
Esta observación introduce un problema de política pública: las medidas represivas pueden resultar insuficientes si no van acompañadas de estrategias de prevención, investigación criminal y reducción del reclutamiento.
También existe una discusión sobre las consecuencias económicas para las familias de personas encarceladas, especialmente cuando las restricciones afectan prestaciones destinadas a dependientes que no participaron en hechos delictivos.
Estas cuestiones forman parte de un debate más amplio sobre los límites constitucionales de las respuestas estatales al crimen organizado.
¿Por qué el informe importa fuera de Brasil?
El caso representa un antecedente relevante para América Latina, una región donde distintos países enfrentan organizaciones criminales con capacidad de controlar territorios y desafiar a las instituciones.
La investigación de Human Rights Watch muestra cómo una operación de seguridad puede convertirse también en una controversia sobre la responsabilidad del Estado y los mecanismos que permiten supervisar a sus agentes.
Las cámaras corporales constituyen una herramienta de documentación, pero su efectividad depende de que funcionen correctamente, se utilicen conforme a los protocolos y sus grabaciones se conserven de manera adecuada.
Asimismo, la independencia de las investigaciones forenses es fundamental para examinar las muertes ocurridas durante intervenciones policiales.
El debate no exige elegir entre combatir a las organizaciones criminales o proteger los derechos humanos.
Las instituciones deben perseguir los delitos, proteger a la ciudadanía y garantizar que el uso de la fuerza se mantenga dentro de los límites legales.
Un año después de la Operación Contención, las familias de las víctimas, las autoridades y la sociedad brasileña continúan esperando respuestas sobre numerosas muertes.
El informe de Human Rights Watch aporta nuevas evidencias, pero la determinación de responsabilidades individuales e institucionales dependerá de investigaciones judiciales capaces de esclarecer los hechos de manera independiente.
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