Presupuesto 2027 del Poder Judicial: Fiscalía advierte riesgos para 58 plazas investigativas y servicios digitales si se aprueban restricciones.
SAN JOSÉ, COSTA RICA — El fiscal general Carlo Díaz advirtió que el proyecto de Presupuesto Nacional 2027 sometería a autorizaciones externas 58 plazas vinculadas con narcotráfico, delitos sexuales y violencia doméstica. La medida aún no está aprobada y podría limitar la apertura de nuevas investigaciones.
La capacidad del Ministerio Público para atender nuevas investigaciones penales durante 2027 podría depender de un procedimiento de autorización que involucra a la Contraloría General de la República, la Corte Plena y una comisión de la Asamblea Legislativa.
El fiscal general, Carlo Díaz, advirtió este lunes 21 de septiembre que las disposiciones incluidas en el proyecto de Presupuesto Nacional afectarían el uso de 58 plazas relacionadas con dos áreas de investigación: 25 vinculadas con narcotráfico y otras 33 destinadas a delitos sexuales y violencia doméstica.
La advertencia se refiere a la norma presupuestaria 12, que condicionaría la ocupación de plazas vacantes. No supone que los 58 puestos ya hayan sido eliminados ni que las investigaciones correspondientes estén suspendidas.
El señalamiento fue publicado por La Nación a las 5:45 a. m. y forma parte de un debate más amplio sobre los recursos y la autonomía administrativa del Poder Judicial.
Las 58 plazas quedarían sujetas a un procedimiento de autorización externa
La norma 12 establece una secuencia de requisitos para que el Poder Judicial pueda ocupar plazas consideradas vacantes.
Primero, tendría que realizarse un estudio técnico de costo-beneficio por parte de la Contraloría General de la República. Posteriormente, el asunto debería ser conocido por la Corte Plena y trasladado a la Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa para su aprobación.
Esto significa que la disponibilidad presupuestaria de un puesto no bastaría, por sí sola, para habilitar su utilización: también sería necesario completar el procedimiento previsto en la norma.
Para el Ministerio Público, Díaz planteó que las restricciones podrían obligar a concentrar los recursos humanos en las causas ya abiertas, reduciendo el margen para desarrollar nuevas investigaciones.
El señalamiento comprende dos tipos de delitos con necesidades operativas diferentes. Las investigaciones por narcotráfico requieren personal para diligencias especializadas y actuaciones judiciales; los casos de delitos sexuales y violencia doméstica también demandan atención a personas en condición de vulnerabilidad.
A partir de las cifras comunicadas por el fiscal, 25 de los 58 puestos identificados corresponden al primer grupo y 33 al segundo. La distribución no permite establecer cuántos expedientes quedarían afectados, porque no se dispone de información sobre la carga de trabajo o productividad específica de esas plazas.
Tampoco debe confundirse el posible condicionamiento de estos 58 puestos con una reducción presupuestaria equivalente al costo de crearlos. El problema señalado por la Fiscalía es la posibilidad de utilizarlos y mantener la capacidad operativa asociada a ellos.
El bloqueo de ¢29.843,8 millones también alcanzaría servicios tecnológicos
La discusión no se limita al personal investigador. Otra disposición cuestionada, la norma 9, condicionaría el uso de aproximadamente ¢29.843,8 millones del presupuesto judicial.
Los recursos se encuentran distribuidos en 313 subpartidas de distintos programas institucionales. Su liberación estaría sujeta a requisitos relacionados con auditorías, certificaciones y decisiones legislativas.
El presupuesto formulado por el Poder Judicial para 2027 asciende a ¢530.183,17 millones. Al comparar ambas cifras, el monto condicionado representa aproximadamente el 5,63% de ese total, según cálculo de la redacción.
Dentro de los recursos cuya utilización quedaría condicionada, el componente tecnológico asciende a ¢10.256,8 millones. Esa cantidad equivale aproximadamente al 34,4% del monto total señalado bajo la norma 9.
La magnitud de la partida tecnológica explica parte de las preocupaciones institucionales. El Poder Judicial utiliza herramientas digitales para comunicaciones internas, consultas, notificaciones y audiencias virtuales.
Díaz advirtió que una falta de recursos disponibles para pagar licencias podría repercutir en el correo electrónico institucional y en los mecanismos utilizados para desarrollar diligencias a distancia.
La afectación no se limitaría al trabajo administrativo. Una interrupción de esos sistemas podría dificultar la comunicación entre despachos, la coordinación de actuaciones judiciales y el contacto con las personas usuarias.
Sin embargo, estos efectos corresponden a escenarios advertidos por las autoridades judiciales. No consta que, como consecuencia del proyecto presupuestario de 2027, el correo institucional o las audiencias virtuales ya se hayan suspendido.
El presupuesto judicial ya había sido ajustado antes de las normas cuestionadas
El conflicto también tiene un antecedente en la formulación de los recursos para el próximo año.
El 25 de mayo de 2026, la Corte Plena aprobó un anteproyecto por ¢530.183,17 millones, ajustado al límite comunicado por el Ministerio de Hacienda.
De acuerdo con el Poder Judicial, esa formulación implicaba ¢11.342,51 millones menos que el presupuesto aprobado para 2026 y no contemplaba crecimiento mediante nuevas plazas.
La documentación institucional indica que, para adecuar sus necesidades a los límites comunicados, debieron hacerse ajustes en distintas áreas de operación.
Este antecedente permite distinguir dos aspectos del debate: la reducción del presupuesto formulado respecto del año anterior y las restricciones adicionales que el proyecto de ley plantea sobre el uso de determinados recursos.
La primera afecta el monto disponible para planificar gastos. Las segundas introducirían condiciones para ejecutar partidas o utilizar puestos, aun cuando formen parte de la asignación presupuestaria.
Por ello, los ¢29.843,8 millones condicionados no deben describirse automáticamente como dinero eliminado del presupuesto. Su utilización dependería del cumplimiento de los requisitos establecidos en el texto que finalmente se apruebe.
Hacienda plantea controles al gasto y el Poder Judicial cuestiona su alcance
El Ejecutivo ha presentado las disposiciones presupuestarias como mecanismos para controlar, ejecutar y evaluar la calidad del gasto judicial.
Durante la presentación del proyecto, el 1.º de septiembre, el ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, explicó que la liberación de determinadas partidas dependería de que el Poder Judicial acreditara el cumplimiento de los requisitos establecidos.
La posición institucional de la Corte es distinta. Su presidente, Orlando Aguirre, solicitó ante la Comisión de Asuntos Hacendarios eliminar las normas cuestionadas, al considerar que introducirían decisiones de órganos externos sobre la administración de recursos judiciales.
La controversia comprende, por tanto, dos asuntos diferentes: la fiscalización del uso de fondos públicos y el alcance de las competencias administrativas del Poder Judicial.
La Corte sostiene que las disposiciones presentan problemas de constitucionalidad y autonomía institucional. Esa posición debe distinguirse de una resolución judicial que haya declarado inconstitucional el texto del proyecto.
Para el Ministerio Público, el aspecto inmediato es operativo: determinar si podrá disponer del personal y los recursos necesarios para sostener sus investigaciones durante 2027.
La Asamblea aún debe definir el texto que regirá durante 2027
El proyecto de Presupuesto Nacional continuará su trámite legislativo. La aplicación de las restricciones dependerá de cuáles disposiciones permanezcan en el texto aprobado.
En consecuencia, todavía no es posible afirmar que las 58 plazas quedarán inutilizables durante todo el próximo año o que determinados servicios judiciales necesariamente dejarán de funcionar.
También permanece sin determinar cuánto tiempo requerirían las autorizaciones contempladas en la norma 12, si esta se aprueba, y qué mecanismos podrían utilizarse para evitar interrupciones operativas.
La distinción es relevante para las personas que acuden a la Fiscalía: la advertencia institucional describe una posible reducción de capacidad para atender investigaciones, no una suspensión general de la recepción de denuncias.
La decisión legislativa sobre las normas presupuestarias y la posterior disponibilidad efectiva de los recursos permitirán establecer el alcance concreto de las afectaciones planteadas por el Ministerio Público.
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