Caso Liceo Naval Almirante Guise: seis escolares reciben internamiento preventivo por una denuncia de agresión sexual en Lima
LIMA, PERÚ — La Fiscalía abrió una investigación preliminar contra diez estudiantes del Liceo Naval Almirante Guise tras una denuncia de presunta agresión sexual contra un compañero de 16 años en un autobús escolar. La Marina separó temporalmente a tres autoridades educativas mientras se esclarecen los hechos.
Una denuncia presentada por la familia de un adolescente de 16 años desencadenó una investigación fiscal y medidas administrativas en el Liceo Naval Almirante Guise, ubicado en San Borja, Lima. El presunto ataque ocurrió el 15 de septiembre de 2026, cuando una delegación deportiva regresaba de un campeonato escolar.
La Séptima Fiscalía de Familia de Lima Centro inició diligencias por una presunta violación sexual e investiga a diez alumnos de quinto año de secundaria. El caso involucra a menores de edad, por lo que corresponde preservar sus identidades y respetar la presunción de inocencia.
La investigación también ha llevado a examinar las condiciones de supervisión durante el traslado y la respuesta de las autoridades educativas ante la denuncia.
La Fiscalía investiga a diez estudiantes tras los primeros reportes de ocho intervenidos
La denuncia fue presentada después del traslado de una delegación deportiva desde Surco hasta San Borja. De acuerdo con la información difundida por la prensa peruana, el adolescente comunicó a su familia lo ocurrido dentro del vehículo escolar.
Los primeros reportes, publicados el 16 de septiembre, señalaron que ocho alumnos habían sido intervenidos por la Policía Nacional del Perú. Posteriormente, la información atribuida al Ministerio Público precisó que la investigación comprendía a diez estudiantes.
La diferencia entre ambas cifras responde a la evolución de la información pública sobre las actuaciones policiales y fiscales. No debe interpretarse como prueba de que los diez adolescentes participaron de la misma manera en el hecho denunciado.
La Fiscalía dispuso recibir las declaraciones de los investigados y recoger el testimonio del adolescente denunciante mediante cámara Gesell, un procedimiento especializado que busca evitar la reiteración innecesaria de su relato.
La investigación preliminar deberá determinar qué ocurrió y establecer individualmente las responsabilidades que correspondan.
La Marina separó a la directora, un docente y el entrenador de fútbol
El 17 de septiembre, la Marina de Guerra del Perú informó, mediante su Comunicado N.º 004-2026, que había dispuesto separar de sus funciones a la directora del colegio, un docente y el entrenador de fútbol mientras avanzaban las investigaciones.
La decisión fue adoptada por la Dirección de Bienestar de la institución. La Marina también anunció su colaboración con las autoridades encargadas de esclarecer los hechos.
La separación administrativa no equivale a una declaración de culpabilidad ni demuestra, por sí misma, responsabilidad penal o disciplinaria.
La medida sitúa bajo examen la actuación institucional ante una denuncia que involucra a estudiantes durante una actividad organizada por el centro educativo.
La presencia de adultos en el autobús abre interrogantes sobre la supervisión
Uno de los aspectos pendientes es determinar cómo pudo ocurrir el presunto ataque durante un traslado escolar que contaba con acompañamiento adulto.
Las versiones difundidas inicialmente mencionaron la presencia del conductor, un profesor y un entrenador. Sin embargo, otros reportes recogieron declaraciones del director de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, según las cuales dos entrenadores viajaban en el vehículo.
Esta diferencia impide establecer de forma concluyente, a partir de la información pública examinada, la composición exacta del personal acompañante.
También permanece pendiente determinar dónde se encontraba cada adulto, qué podía observar desde su posición y si recibió alguna advertencia durante el trayecto.
La presencia de personal responsable del traslado es relevante para la investigación administrativa, pero no constituye por sí sola evidencia de conocimiento previo, participación u omisión deliberada.
El colegio describió inicialmente el hecho como una agresión física
El 16 de septiembre, el Liceo Naval Almirante Guise emitió un comunicado dirigido a las familias en el que informó sobre un grave hecho de presunta agresión física durante el traslado de una delegación deportiva.
La institución aseguró que colaboraría con las autoridades y anunció la aplicación de medidas disciplinarias si se comprobaban responsabilidades.
La descripción inicial del colegio contrasta con la naturaleza de la denuncia investigada por el Ministerio Público.
Una familiar del adolescente cuestionó públicamente esa primera caracterización y sostuvo que el centro educativo no había abordado adecuadamente la gravedad de lo denunciado. Esa afirmación corresponde a su testimonio y no constituye una conclusión judicial sobre la actuación de la dirección.
La investigación deberá aclarar cuándo recibió el colegio la información, qué conocían sus responsables y cuáles fueron las medidas adoptadas para proteger al estudiante.
El Ministerio de la Mujer brinda asistencia al adolescente y su familia
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables informó que, mediante el programa Warmi Ñan, brinda asistencia legal y acompañamiento psicológico al adolescente y a su familia.
El equipo multidisciplinario también participa en las actuaciones programadas por la Fiscalía.
La intervención de los servicios de protección resulta especialmente relevante porque el caso involucra a menores de edad y exige evitar la exposición pública de información que permita identificarlos.
La Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana también intervino para activar los protocolos de protección correspondientes.
Las medidas de atención a la presunta víctima y la investigación de las responsabilidades constituyen procesos distintos que deben desarrollarse de manera coordinada.
Los reportes de violencia sexual escolar aumentaron durante 2026
El caso se conoce en un contexto de preocupación por la violencia sexual en instituciones educativas peruanas.
Según las cifras difundidas por La República, entre enero y agosto de 2026 se registraron 1.198 reportes de violencia sexual entre escolares, un 32,6 % más que el promedio correspondiente al mismo período de 2023 a 2025.
La comparación corresponde a reportes administrativos, no necesariamente a delitos judicialmente comprobados. Tampoco permite establecer que el aumento registrado explique las circunstancias particulares del caso del Liceo Naval.
La información sí aporta un contexto para examinar los mecanismos de prevención, detección y respuesta ante denuncias de violencia entre estudiantes.
Mientras continúan las diligencias, las autoridades deberán esclarecer lo ocurrido en el autobús, determinar las responsabilidades individuales y revisar la actuación del personal encargado del traslado.
La investigación permanece abierta y las medidas administrativas anunciadas no sustituyen las conclusiones que correspondan a las autoridades competentes.
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