Costa Rica mantiene solicitudes de extradición por narcotráfico sin resolver. Conozca los casos, las apelaciones y los obstáculos para las entregas.
SAN JOSÉ, COSTA RICA — Veinte costarricenses requeridos por presunto narcotráfico internacional permanecen a la espera de decisiones judiciales sobre su extradición, según un recuento publicado este 19 de septiembre. Diez solicitudes aún necesitan una resolución inicial y otras diez enfrentan apelaciones o gestiones pendientes.
Un recuento publicado por CRHoy este 19 de septiembre identifica diez solicitudes pendientes de resolución inicial y otras diez sometidas a recursos o trámites adicionales.
Los casos involucran principalmente requerimientos estadounidenses, aunque también existen solicitudes procedentes de países europeos y de Panamá.
Entre las personas reclamadas figuran un exvicealcalde, un antiguo dirigente deportivo, empresarios y un abogado. Sus situaciones procesales son diferentes, por lo que la existencia de una solicitud no significa que su entrega haya sido autorizada.
La Oficina de Asesoría Técnica y Relaciones Internacionales (OATRI), adscrita a la Fiscalía General, participa en la coordinación y el seguimiento de las extradiciones.
La reforma de 2025 permite extraditar nacionales por dos categorías de delitos
Durante décadas, la nacionalidad costarricense constituyó un impedimento para entregar ciudadanos a otros Estados.
Esa prohibición cambió con la reforma del artículo 32 de la Constitución Política, aprobada el 20 de mayo de 2025.
La modificación abrió la posibilidad de extraditar costarricenses por nacimiento o naturalización cuando sean requeridos por delitos relacionados con terrorismo o tráfico internacional de drogas.
Posteriormente, la Ley 10831, del 18 de noviembre de 2025, reformó los artículos 3, 6 y 7 de la Ley de Extradición.
La legislación mantiene la protección general contra la extradición de nacionales, pero establece excepciones para las dos categorías delictivas contempladas constitucionalmente.
La reforma también incorporó disposiciones sobre la tramitación de solicitudes y la detención provisional de personas requeridas.
La modificación constitucional no convierte las solicitudes extranjeras en autorizaciones automáticas. Los tribunales costarricenses deben examinar cada petición conforme al marco jurídico aplicable.
Tampoco significa que las personas reclamadas hayan sido condenadas. Una extradición permite que comparezcan ante las autoridades del Estado solicitante para enfrentar los procedimientos correspondientes.
Un exvicealcalde y un abogado figuran entre los expedientes sin resolver
Uno de los procesos identificados corresponde a Jimmy Roy Vindas Aguilar, exvicealcalde de Golfito, requerido por el Tribunal del Distrito Medio de Florida.
El Ministerio Público confirmó el 9 de febrero de 2026 que Estados Unidos había iniciado las gestiones para solicitar su extradición junto con la del salvadoreño Jimmy Adonay Posada Chevez, conocido como Turbo.
Ambos permanecían en prisión preventiva desde agosto de 2025 por una investigación costarricense relacionada con el transporte y comercialización de al menos 38 paquetes de cocaína.
La causa nacional está identificada con el número 25-000035-1981-PE.
Según el recuento de CRHoy, el expediente de extradición de Vindas se encuentra bajo conocimiento del Tribunal Penal de Golfito.
Otro caso corresponde al abogado Carlos Manuel Solórzano Campos, conocido como Chanchita o Wakanda.
El profesional fue detenido el 26 de marzo y es requerido por una corte de Texas por presuntos delitos relacionados con tráfico internacional de drogas.
La investigación estadounidense lo vincula con una organización dedicada al transporte de cocaína mediante embarcaciones rápidas, semisumergibles y aeronaves.
Su procedimiento se tramita en el Tribunal Penal de Corredores.
La información publicada indica que, al momento del recuento, no se había comunicado una resolución sobre su solicitud de extradición.
San José y Pavas tramitan casos relacionados con cargamentos internacionales
Entre los expedientes pendientes en San José aparece el de Shirley Yesenia Gómez Parra, conocida como La Güera.
Las autoridades estadounidenses la investigan por su presunta participación en una operación destinada a enviar 100 kilogramos de cocaína hacia Phoenix, Arizona.
Su pareja, Franklin Viveros Viveros, también figura entre las personas requeridas.
Según la información publicada, ambos esperan una decisión desde marzo.
Otro expediente involucra a Leonel Carvajal, Ariel Castillo y David Rodríguez, vinculados por las autoridades estadounidenses con una presunta operación de transporte de cocaína mediante pistas clandestinas en Guanacaste.
La investigación también menciona al mexicano José Kenji Takashima Montoya.
En el Tribunal Penal de Pavas se encuentran otros dos procesos.
Uno corresponde a Wilder Eusse Osorio, expresidente del Municipal Liberia, detenido en junio y requerido por autoridades de Texas.
La DEA lo relaciona con una presunta organización dedicada al tráfico internacional de cocaína.
El segundo caso es el del empresario Alberto Gómez Calderón, conocido como Beto Gómez.
Su solicitud también permanece pendiente de una decisión judicial, de acuerdo con el recuento periodístico.
Las acusaciones formuladas por las autoridades extranjeras deben distinguirse de los hechos que hayan sido establecidos mediante sentencia.
El caso de Pirulo muestra el alcance de las investigaciones estadounidenses
El Ministerio Público confirmó el 15 de junio de 2026 la detención de un costarricense de apellidos Rojas Porras, conocido como Pirulo o Cabro, en Puerto Viejo de Limón.
La persona es requerida por el Tribunal del Distrito Este de Texas por una presunta conspiración para fabricar y distribuir cocaína.
La investigación estadounidense describe una organización que habría movilizado cargamentos desde Colombia y Ecuador mediante distintas rutas de transporte.
Entre los medios presuntamente utilizados figuran lanchas rápidas, embarcaciones semisumergibles, barcos pesqueros, aeronaves y vehículos terrestres.
La ruta investigada incluía varios países centroamericanos antes de llegar a Estados Unidos.
La Fiscalía costarricense indicó que la orden de captura estadounidense había sido emitida en noviembre de 2025.
El expediente de Rojas Porras aparece entre los casos cuya resolución continuaba pendiente en el recuento del 19 de septiembre.
Las apelaciones mantienen otras diez entregas sin una decisión definitiva
Además de las solicitudes que todavía requieren una primera resolución, existen expedientes en los que ya se dictó una decisión judicial, pero permanecen recursos pendientes.
Entre las personas mencionadas figuran Alexi Meléndez, José Villalobos López, Hamilton Restrepo Osorio, Michael Corella, William Ramírez, Greivin Castro, Jorge Cordero y Jacob Soto.
Las solicitudes no proceden exclusivamente de Estados Unidos.
José Villalobos López, conocido como Boligoma, es requerido por Panamá, mientras que Hamilton Restrepo enfrenta un procedimiento relacionado con Francia.
El caso de Mario Antonio Zúñiga presenta una situación distinta: la Fiscalía recurrió una decisión inicial que había rechazado su extradición.
También permanece pendiente una gestión judicial relacionada con Jonathan Álvarez, conocido como El Profe.
Su expediente tiene un antecedente relevante: una primera solicitud estadounidense fue rechazada y posteriormente se presentó un segundo requerimiento.
El Tribunal Penal de Heredia autorizó esa segunda solicitud en septiembre de 2026, pero la información disponible indica que aún existían gestiones procesales por resolver.
Estas situaciones muestran por qué una autorización inicial, una decisión firme y una entrega material deben contabilizarse por separado.
La autorización judicial no garantiza un traslado inmediato
El procedimiento de extradición tiene varias etapas.
Primero, el Estado interesado presenta el requerimiento y la documentación correspondiente. Las autoridades costarricenses tramitan la solicitud y el tribunal competente determina si procede autorizarla.
Cuando existen recursos, la decisión puede ser revisada antes de adquirir firmeza.
Incluso después de una autorización definitiva, la entrega puede depender de otras circunstancias jurídicas.
El caso de Jordie Kevin Picado Grijalba, conocido como Noni, ilustra esa diferencia.
Su extradición hacia Estados Unidos fue ratificada, pero la existencia de procesos penales pendientes en Costa Rica impide equiparar esa decisión con un traslado inmediato.
Por ello, el seguimiento de las extradiciones requiere distinguir al menos tres situaciones: solicitudes sin resolver, autorizaciones sujetas a revisión y entregas pendientes de ejecución.
Para establecer cuántos de los veinte expedientes podrán avanzar hacia una entrega efectiva, todavía se necesitan las resoluciones definitivas de los tribunales correspondientes.
También resulta necesario determinar cuáles personas tienen causas penales nacionales que puedan incidir en el momento de su traslado.
El recuento disponible permite identificar el volumen de solicitudes y los principales expedientes, pero no establece una fecha definitiva para resolverlos.
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