Cruz Roja advierte que 66 comités podrían cerrar por falta de recursos

Crisis financiera de la Cruz Roja Costarricense: 66 comités podrían cerrar por falta de recursos. Conozca las causas y posibles consecuencias.

SAN JOSÉ, COSTA RICA — La Cruz Roja Costarricense alertó que 66 de sus 134 estructuras enfrentan problemas financieros que podrían llevar a nuevos cierres, mientras busca recursos para sostener la atención de emergencias.

 La Cruz Roja Costarricense advirtió este lunes 21 de septiembre de 2026 que 66 de sus 134 estructuras se encuentran en una situación económica que podría comprometer la continuidad de sus operaciones. La institución planteó la alerta durante una mesa de trabajo en la Asamblea Legislativa, en la que participaron representantes legislativos y autoridades municipales.

La advertencia se produce después del cierre de los comités auxiliares de San Pablo y San Rafael de Heredia, efectivo desde el 11 de septiembre. Según informó Teletica, la institución explicó entonces que esas decisiones formaban parte de una reorganización territorial y que los recursos humanos y las ambulancias serían reasignados a otros comités.

El problema financiero va más allá de las dos sedes hered ianas. La Cruz Roja sostiene que los ingresos disponibles no alcanzan para cubrir todos los gastos de funcionamiento de su red, mientras aumenta la necesidad de atender accidentes de tránsito y otras emergencias.

La continuidad de los 66 comités señalados no está descartada, pero tampoco garantizada. Su eventual cierre dependerá de la evolución de las finanzas institucionales y de las medidas que puedan concretarse para sostener los servicios.

¿Por qué 66 comités de la Cruz Roja están en riesgo?

La crisis financiera de la Cruz Roja Costarricense responde a una diferencia persistente entre los ingresos que recibe y el costo de mantener sus operaciones.

El funcionamiento de una sede requiere personal, ambulancias, combustible, mantenimiento, equipo médico y otros recursos indispensables para atender a la población. Esos gastos se mantienen incluso cuando una operación de emergencia no genera ingresos suficientes para cubrirlos.

Durante la discusión legislativa, la presidenta de la institución, Dyanne Marenco, expuso las dificultades relacionadas con el financiamiento de los traslados de pacientes. Entre los ejemplos mencionados se encuentra la atención de accidentes de tránsito, en los que la prestación del servicio no siempre permite recuperar los costos operativos.

La situación ya había sido reconocida por la propia organización. En un informe institucional sobre sostenibilidad financiera, la Cruz Roja identificó 66 comités auxiliares deficitarios y señaló que sus ingresos resultaban insuficientes para cubrir los gastos necesarios para mantener la atención de emergencias en sus comunidades.

Esto no significa que todos los comités tengan el mismo nivel de endeudamiento ni que enfrenten una fecha idéntica de cierre.

El gerente general de la institución, Walter Fallas, había explicado anteriormente que las decisiones sobre posibles clausuras se tomarían después de analizar cada caso. Por tanto, la cifra de 66 representa el conjunto de estructuras identificadas con dificultades económicas, no un calendario confirmado de cierres.

Déficit cercano a ₡2.000 millones y recursos pendientes

La diputada Ángela Aguilar señaló durante la discusión legislativa que los 66 comités afectados operan con números rojos y mencionó un déficit anual acumulado cercano a ₡2.000 millones.

También se informó que permanecían pendientes ₡1.500 millones cuyo desembolso había sido comprometido por el Gobierno, según lo expuesto durante la reunión.

Ambas cifras deben distinguirse: una corresponde al déficit señalado durante la discusión y la otra a recursos cuyo desembolso se reportó como pendiente. No se dispone de información suficiente para determinar si los montos son directamente comparables o si la transferencia cubriría las necesidades de los comités afectados.

La Cruz Roja había informado previamente que cerró 2025 con un déficit preliminar aproximado de ₡1.400 millones, sujeto a los ajustes del cierre contable.

La comparación muestra que las dificultades financieras no comenzaron con la advertencia del 21 de septiembre. Sin embargo, no sería correcto interpretar automáticamente las dos cifras como una evolución contable confirmada: corresponden a referencias de distinto momento y no se ha verificado que tengan exactamente el mismo alcance.

Para conocer la magnitud definitiva del problema, sería necesario disponer de estados financieros actualizados y del detalle de ingresos, gastos y obligaciones de las estructuras afectadas.

San Pablo y San Rafael de Heredia: los cierres que ya ocurrieron

Los comités auxiliares de San Pablo y San Rafael de Heredia suspendieron sus operaciones el 11 de septiembre de 2026.

La Cruz Roja explicó que reorganizaría su estructura territorial en esa provincia para atender las áreas correspondientes mediante los comités de Santo Domingo y San Isidro.

De acuerdo con la información comunicada entonces, el personal y las ambulancias serían reasignados a otras estructuras.

Este antecedente permite comprender una diferencia importante: el cierre de una sede administrativa u operativa no equivale necesariamente a la desaparición de toda la atención de emergencias en su territorio.

No obstante, la reorganización plantea preguntas sobre la capacidad de las sedes receptoras para absorber la demanda adicional, la distribución de las ambulancias y los tiempos de respuesta.

La información disponible no permite establecer si esos tiempos han aumentado después de los cierres en Heredia. Tampoco se cuenta con un balance público actualizado que detalle los efectos operativos de la reasignación.

Una red nacional que depende de recursos locales y cooperación

La Cruz Roja Costarricense mantiene una red de estructuras distribuidas por el territorio nacional.

En su información institucional, identifica 134 estructuras, entre ellas 112 comités auxiliares, nueve centros regionales y otras unidades de apoyo y despacho. La organización también reporta más de 5.500 personas voluntarias activas y una flota superior a 700 vehículos.

Estas cifras ayudan a dimensionar el alcance territorial de la institución, aunque no indican por sí solas cuántas ambulancias o funcionarios están disponibles en cada comunidad.

La sostenibilidad de esa red requiere distintas fuentes de financiamiento.

El informe de Presidencia 2025 de la Cruz Roja describe iniciativas locales de generación de recursos, alianzas comerciales y mecanismos de cooperación. También reconoce la necesidad de fortalecer la capacidad de los comités auxiliares para obtener ingresos.

Por ello, la situación financiera de una sede puede variar respecto de otra. Las condiciones de operación, las necesidades de atención y la disponibilidad de apoyo económico no son necesariamente iguales en todas las regiones.

El Plan Estratégico de Desarrollo 2021-2030 también contempla la identificación de costos operativos regionales y la búsqueda de mecanismos que contribuyan a la sostenibilidad institucional.

La advertencia de septiembre coloca nuevamente esa necesidad en el centro de la discusión pública.

Asamblea Legislativa: iniciativas para apoyar a la Cruz Roja

La discusión sobre los recursos de la Cruz Roja coincide con el trámite de propuestas legislativas relacionadas con su funcionamiento.

El 21 de septiembre, el expediente 24.215 fue rechazado en segundo debate con 28 votos en contra y 23 a favor, según informó Delfino.cr. La iniciativa pretendía modificar el régimen de contratación aplicable a la Cruz Roja cuando utilizara fondos públicos.

Durante el debate se expusieron posiciones distintas sobre el alcance de la reforma y su relación con los controles de contratación.

Una precisión relevante es que ese expediente no creaba nuevas fuentes de financiamiento ni ordenaba transferencias presupuestarias a la institución. Su propósito se concentraba en las reglas aplicables a determinadas contrataciones.

Por separado, el expediente 25.787, presentado el 17 de septiembre, propone reformar la Ley N.° 4478 para ampliar y fortalecer los mecanismos de colaboración y donación a favor de la Cruz Roja Costarricense.

La iniciativa contempla que determinadas entidades públicas puedan colaborar con la organización cuando corresponda jurídicamente y exista disponibilidad presupuestaria, conforme a sus competencias. Al momento de la consulta, el expediente figuraba como presentado, sin votaciones registradas.

Estos proyectos abordan aspectos diferentes del funcionamiento institucional. Su eventual aprobación tampoco debe confundirse con un desembolso inmediato de recursos.

La discusión financiera continuará dependiendo de las decisiones presupuestarias, los mecanismos de cooperación y las acciones internas de la Cruz Roja.

¿Qué podría ocurrir con la atención de emergencias?

La eventual reducción de comités plantea una preocupación para las comunidades que dependen de la Cruz Roja para recibir atención prehospitalaria.

Cuando una sede deja de operar, puede ser necesario redistribuir ambulancias, personal y responsabilidades territoriales. La capacidad de respuesta dependerá entonces de la ubicación de las unidades disponibles, las distancias y la demanda que deban atender las estructuras restantes.

Sin embargo, no existe información verificada que permita afirmar que los 66 comités cerrarán o que determinados cantones quedarán sin cobertura.

Tampoco se ha publicado, entre las fuentes consultadas, una lista completa y actualizada de las sedes que podrían suspender sus actividades ni un calendario definitivo de decisiones.

Para la población, la recomendación práctica se mantiene: ante una emergencia, debe utilizarse el sistema nacional 9-1-1. La Cruz Roja identifica ese número como la línea única de atención de emergencias disponible las 24 horas.

La institución ha solicitado avanzar en soluciones que permitan fortalecer sus finanzas y evitar nuevas clausuras.

Al 22 de septiembre de 2026, el dato central sigue siendo una advertencia de riesgo sobre 66 estructuras. La continuidad de sus operaciones dependerá de las decisiones que se adopten y de la capacidad de la organización para financiar sus servicios.

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