Exministro Luis Amador declara que abogado cercano a Rodrigo Chaves le ofreció dinero para campaña mientras
Por Álvaro Jiménez, San José, 25 de octubre de 2025. Amador relató que Randall Chuken le planteó financiamiento electoral mientras se discutía la cesión del contrato para la vía Barranca-Limonal.
San José, Costa Rica — El exministro del MOPT Luis Amador declaró ante la Fiscalía que el abogado Randall Chuken Vargas, cercano al presidente Rodrigo Chaves, le ofreció apoyo financiero para su campaña electoral mientras participaba en reuniones vinculadas a la cesión del contrato de la carretera Barranca-Limonal.
El testimonio que Luis Amador presentó ante la Fiscalía introduce un nuevo capítulo en la investigación de presuntas irregularidades en obras públicas y financiamiento político en Costa Rica. Según Amador, el abogado Randall Chuken Vargas, de 55 años, apareció en encuentros convocados por el presidente Rodrigo Chaves donde se evaluaba la cesión del contrato de la Carretera Barranca-Limonal.
Amador asegura que Chuken le planteó la posibilidad de recibir financiamiento para su campaña si aspiraba a cargos mayores. Esa propuesta, dijo el exministro, se dio cuando él dirigía el MOPT. Según su versión, esas conversaciones ocurrieron mientras también se discutía la transferencia del contrato del consorcio original hacia otros operadores.
Las reuniones en cuestión, según la declaración de Amador, habían sido convocadas formalmente por el presidente. El proceso de cesión del contrato de la vía Barranca-Limonal, tramo estratégico entre Puntarenas y Abangares, estaba siendo objeto de análisis por la Unidad Ejecutora del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Estado. En ese contexto, la condición de “intermediario” de Chuken llama la atención.
Amador relató además que el presidente Chaves preguntaba con frecuencia sobre el estado del contrato, la cesión y los plazos para que la constructora mexicana Tradeco asumiera la obra, aún cuando la DIS (Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional) habría alertado sobre vínculos de uno de sus socios con narcotráfico y corrupción.
Ese antecedente —la advertencia de la DIS— añade una capa crítica al caso: si cierto, implicaría que se pretendía avanzar con la obra pese a alertas de inteligencia, y que al mismo tiempo se ofrecía financiamiento de campaña a un ministro implicado en la decisión. Amador añadió que cuando él planteó que se debía seguir el trámite del BID y garantías de cumplimiento, la presión continuó.
La obra —valorada en aproximadamente USD 182 millones— fue adjudicada inicialmente al consorcio Estrella-H Solís, con financiamiento del BID, pero la posterior solicitud de cesión y los atrasos han generado conflicto judicial y administrativo.
Legalmente, la clave estará en establecer si existió pago, si hubo contraprestación y si el ofrecimiento de campaña se vinculó de hecho a la obra. Las implicaciones podrían llegar al delito de peculado, tráfico de influencias o financiamiento ilegal de campaña, según expertos en derecho penal.
El gobierno de Rodrigo Chaves aún no ha emitido una declaración pública específica sobre este testimonio. En paralelo, la Fiscalía no ha confirmado si ya abrió una investigación formal específica sobre el señalado ofrecimiento de campaña. Ambos datos mantienen la situación en un estado de indagación.
Para sectores de la sociedad costarricense, este caso refuerza las dudas sobre transparencia en la contratación estatal, integridad del financiamiento político y el papel del poder ejecutivo en la supervisión de obras públicas estratégicas.
Desde la óptica institucional, los órganos de control —como la Contraloría General de la República y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE)— podrían intervenir si se demuestra que existieron irregularidades en la campaña o la adjudicación.
La narrativa del testimonio de Amador pone en primer plano la combinación de tres elementos: financiamiento político, obra pública estratégica y presunta presión presidencial. Esa tríada es especialmente sensible en Costa Rica, donde los procesos de contratación vial han sido objeto de escándalos previos.
El paso siguiente será que la Fiscalía amplíe las diligencias: recabar comunicaciones telefónicas, agendas de reuniones, registros de visitas del abogado Chuken, correspondencia del MOPT y revisar si se concretó el ofrecimiento. Asimismo, la empresa Tradeco u otras involucradas podrían quedar bajo análisis de cumplimiento normativo.
En el plano político, el impacto dependerá de la capacidad de la oposición y la prensa para seguir el caso, y de la respuesta del gobierno. Si no hay transparencia, podría generarse una erosión significativa de la confianza ciudadana en las instituciones.
Mientras tanto, el país observa con atención: el desarrollo de la carretera Barranca-Limonal, clave para conectar el Pacífico y la zona ganadera de Guanacaste, no solo tiene impacto económico, sino también simbólico en torno a la integridad de la administración pública.
En definitiva, el testimonio de Luis Amador representa un aporte significativo al debate sobre financiamiento de campañas, contratación pública y la responsabilidad del ejecutivo en Costa Rica.
Por Álvaro Jiménez, CRN Hoy.
25 de octubre de 2025.
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