Cárceles de Costa Rica exceden su capacidad en 7.864 personas

Cárceles de Costa Rica registraban 7.864 personas más que su capacidad en setiembre de 2026. Conozca las cifras y los retos del sistema penitenciario.

SAN JOSÉ, COSTA RICA — El sistema penitenciario cerrado costarricense registraba 7.864 personas privadas de libertad por encima de su capacidad, según datos del Ministerio de Justicia y Paz con corte al 11 de setiembre de 2026. La cifra revela una sobrepoblación del 59,18% y vuelve a poner sobre la mesa los desafíos de infraestructura, seguridad y atención penitenciaria que enfrenta el país.

El panorama aparece en el informe CNAI-2284-2026, elaborado por la Coordinación del Nivel de Atención Institucional de la Dirección General de Adaptación Social, cuyos resultados fueron dados a conocer por La Nación este 15 de noviembre.

De acuerdo con la información publicada, los centros de régimen cerrado contabilizaban 21.153 personas privadas de libertad, incluida la población penal juvenil, aunque su capacidad instalada era de apenas 13.289 espacios.

Esto significa que, por cada 100 espacios disponibles, el sistema alojaba aproximadamente a 159 personas.

La diferencia no es únicamente una cifra administrativa. También refleja la presión que puede ejercer el crecimiento de la población penitenciaria sobre los dormitorios, los servicios básicos, la seguridad interna y las oportunidades de reinserción social.

San Sebastián figura entre las cárceles con mayor sobrepoblación

El problema no afecta de la misma manera a todos los establecimientos penitenciarios.

Uno de los casos más delicados es el Centro de Atención Institucional San José, conocido como la cárcel de San Sebastián.

Según información institucional correspondiente al 31 de agosto de 2026, este centro registraba 1.535 personas privadas de libertad, pese a disponer de capacidad para 548.

La sobrepoblación alcanzaba el 180,11%, equivalente a aproximadamente 280 personas por cada 100 espacios habilitados.

Otros establecimientos también presentaban niveles elevados.

El CAI Nelson Mandela, ubicado en San Carlos, contabilizaba 869 personas para una capacidad de 386, mientras que el CAI Antonio Bastida de Paz, en Pérez Zeledón, registraba 1.552 personas en instalaciones diseñadas para 700.

En Limón, el centro penitenciario tenía 998 personas privadas de libertad, frente a una capacidad de 459 espacios.

Estas diferencias muestran por qué el problema no puede evaluarse únicamente a partir del promedio nacional: cada centro tiene características, limitaciones y necesidades de alojamiento particulares.

La sobrepoblación penitenciaria aumentó durante 2026

El incremento de la población carcelaria ya había sido documentado por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, adscrito a la Defensoría de los Habitantes.

Su Informe Anual de Labores 2025, que incorpora datos con corte al 28 de febrero de 2026, registraba 19.453 personas privadas de libertad en centros cerrados para una capacidad de 13.289 espacios.

En ese momento, la sobrepoblación alcanzaba el 46,4%.

La cifra reportada posteriormente por el Ministerio de Justicia, correspondiente a setiembre, muestra una presión todavía mayor sobre la capacidad disponible.

El problema también tiene antecedentes recientes. En 2022, la sobrepoblación del sistema se situaba en un 6,5%, según la serie histórica del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.

El aumento obliga a observar no solo cuántas personas ingresan a prisión, sino también el comportamiento de la prisión preventiva, la duración de las condenas, los traslados y la disponibilidad real de espacios.

Estos factores requieren análisis específicos para determinar cuánto contribuye cada uno a la situación actual.

¿Podrá la nueva megacárcel reducir la saturación?

La entrada en funcionamiento del Centro de Alta Contención y Crimen Organizado (CACCO), construido en Alajuela, representa una de las principales respuestas de infraestructura anunciadas por el Gobierno.

El establecimiento fue inaugurado el 14 de octubre de 2026 y tiene capacidad para albergar a 5.100 personas privadas de libertad.

El Ministerio de Justicia informó que el 26 de octubre comenzó su operación con el traslado de 123 personas.

De acuerdo con las proyecciones oficiales, la ocupación completa del complejo permitiría reducir la sobrepoblación del sistema penitenciario desde aproximadamente un 59% hasta un 15%.

Sin embargo, esa reducción constituye una proyección institucional y no debe interpretarse como un resultado que ya se haya alcanzado.

Además, el CACCO está destinado a personas con perfiles de alta peligrosidad y vinculaciones con el crimen organizado, por lo que su capacidad no resuelve automáticamente las necesidades de otros centros penitenciarios.

Los informes técnicos del Ministerio también señalan la necesidad de desarrollar infraestructura de mediana contención, adaptada a las características de las distintas poblaciones privadas de libertad.

El hacinamiento también afecta la seguridad y la reinserción social

La falta de espacios suficientes representa un desafío que va más allá del alojamiento.

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura ha advertido que la sobrepoblación puede deteriorar las condiciones de convivencia, reducir el acceso a instalaciones sanitarias, dificultar la atención de necesidades básicas y limitar las oportunidades educativas y laborales.

También puede incrementar los riesgos de conflictos internos y complicar las tareas que realizan los funcionarios penitenciarios.

Desde una perspectiva de gestión pública, el desafío consiste en garantizar condiciones adecuadas de custodia mientras se desarrollan programas orientados a la reinserción social.

La ampliación de instalaciones puede aliviar la presión inmediata, pero requiere acompañarse de planificación, personal suficiente y servicios acordes con la cantidad de personas atendidas.

Proyecciones apuntan a más de 24.000 personas en 2028

El crecimiento de la población penitenciaria podría mantener la presión sobre la infraestructura nacional durante los próximos años.

Según las proyecciones recogidas en documentación del Ministerio de Justicia, el sistema cerrado podría alcanzar 22.278 personas en 2027 y 24.270 en 2028.

Se trata de estimaciones, no de cifras definitivas sobre lo que ocurrirá.

El comportamiento real dependerá de factores como los ingresos y egresos del sistema, las decisiones judiciales, los cambios en la criminalidad y la implementación de medidas penitenciarias.

Por ahora, los datos con corte a setiembre de 2026 reflejan un desafío concreto: Costa Rica registraba miles de personas privadas de libertad por encima de su capacidad carcelaria.

La apertura de nuevos espacios y su ocupación efectiva serán determinantes para conocer cuánto puede reducirse esa diferencia y si las medidas resultan suficientes frente al crecimiento de la población penitenciaria.

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