Asamblea aprueba cierre del Ministerio de Gobernación en Costa Rica con 48 votos. Conozca cuáles instituciones cambiarán de cartera pública.
SAN JOSÉ, COSTA RICA — La Asamblea Legislativa aprobó en debate final, con 48 votos a favor, el cierre del Ministerio de Gobernación y Policía y el traslado de sus funciones a otras carteras del país.
La propuesta, tramitada bajo el expediente 24.719, recibió el respaldo de los 48 diputados presentes, mientras que otros nueve legisladores estuvieron ausentes. El registro de la votación no consigna votos en contra.
La aprobación no significa que el ministerio haya dejado de funcionar materialmente este mismo lunes. El proyecto deberá completar los trámites posteriores correspondientes para convertirse en ley y permitir la implementación de las medidas previstas.
Una reorganización que supera el cierre de un ministerio
El proyecto, denominado Cierre del Ministerio de Gobernación y Policía de Costa Rica y reordenamiento de sus competencias desconcentradas, establece una modificación de la organización del Poder Ejecutivo.
Su alcance no se limita a eliminar una denominación ministerial. También plantea trasladar funciones, órganos y responsabilidades administrativas a otras carteras, que deberán asumir las competencias que les correspondan conforme a la nueva normativa.
Este aspecto resulta fundamental para comprender el cambio: la desaparición de una estructura ministerial no equivale necesariamente a la eliminación de las instituciones que dependen de ella ni de los servicios que prestan.
El expediente legislativo fue presentado el 25 de noviembre de 2024 durante la administración de Rodrigo Chaves Robles. Después de su tramitación legislativa, obtuvo 51 votos afirmativos en primer debate el 6 de octubre de 2026, con seis ausencias.
Seis días después, el proyecto recibió 48 votos favorables en segundo debate, completando su aprobación en el plenario.
Migración pasará al Ministerio de Seguridad Pública
Uno de los cambios centrales corresponde a la Dirección General de Migración y Extranjería, que quedará adscrita al Ministerio de Seguridad Pública cuando se apliquen las disposiciones de la reforma.
La misma cartera recibirá al Tribunal Administrativo Migratorio, encargado de resolver asuntos administrativos dentro de su ámbito legal de competencia.
Esta redistribución reúne bajo una misma estructura ministerial funciones vinculadas con la administración migratoria y la seguridad pública, aunque cada dependencia deberá continuar ejerciendo las atribuciones que le correspondan legalmente.
El reordenamiento también comprende competencias relacionadas con el Fondo Especial de Migración, el control de entradas y salidas de personas menores de edad y funciones asociadas a la prevención y atención del tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas.
La reforma contempla, además, la incorporación de un nuevo Viceministerio Administrativo dentro del Ministerio de Seguridad Pública.
Para las personas que utilizan los servicios migratorios, la distinción relevante es que el cambio aprobado corresponde a la organización institucional. La votación no establece, por sí sola, una modificación inmediata de las citas, los requisitos o los procedimientos que actualmente deben cumplir los usuarios.
Cualquier variación operativa deberá comunicarse por los canales oficiales de las entidades responsables.
Dinadeco quedará vinculada a Mideplán
La Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (Dinadeco) es otra de las instituciones incluidas en la reorganización estatal.
La iniciativa dispone trasladarla al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán), junto con las competencias que le asigna la legislación.
Dinadeco desempeña funciones relacionadas con la organización y el fortalecimiento del desarrollo comunal, por lo que su nueva ubicación administrativa tendrá importancia para las asociaciones y organizaciones comunitarias que mantienen vínculos con esta institución.
El traslado modifica la relación ministerial de Dinadeco, pero no debe confundirse con una suspensión automática de sus actividades.
Las organizaciones comunales deberán prestar atención a los lineamientos que emita la institución sobre eventuales cambios administrativos, especialmente en los procedimientos que requieran coordinación con las autoridades ministeriales.
La Imprenta Nacional dependerá de Presidencia
La Imprenta Nacional también cambiará de adscripción como parte de la reforma.
El proyecto establece que su estructura administrativa y competencias correspondientes pasarán al Ministerio de la Presidencia, mediante una reorganización que contempla su junta administrativa.
La institución cumple funciones vinculadas con las publicaciones oficiales del Estado, entre ellas la edición y difusión de documentos de interés público.
Por ese motivo, el cambio tiene relevancia para las personas, instituciones y empresas que necesitan consultar o gestionar publicaciones oficiales.
Sin embargo, la aprobación del proyecto no significa que los servicios de publicación hayan sido interrumpidos o que sus mecanismos de atención cambiaran automáticamente el día de la votación.
La continuidad y los ajustes administrativos deberán determinarse conforme a las disposiciones de la ley y su implementación.
Otras competencias se distribuirán entre ministerios
La reorganización también comprende atribuciones que actualmente se encuentran relacionadas con la cartera de Gobernación y que no corresponden directamente a Migración, Dinadeco o la Imprenta Nacional.
Entre los cambios previstos figura el traslado al Ministerio de Justicia y Paz de determinadas funciones relacionadas con la regulación de propaganda comercial vinculada con la imagen de la mujer y la protección de personas adultas mayores.
El Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos asumirá competencias asociadas a las declaratorias de zonas urbanas litorales.
Por su parte, el Ministerio de Ambiente y Energía recibirá funciones relacionadas con expropiaciones y servidumbres de acueducto contempladas en la Ley de Aguas.
Asimismo, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio asumirá trámites correspondientes a concesiones de servicios postales.
Estos ajustes muestran que el proyecto alcanza distintas áreas de la administración pública y que su ejecución requerirá coordinación entre varias instituciones.
Qué significa la aprobación para los funcionarios y usuarios
La reforma plantea un proceso de redistribución institucional que involucra responsabilidades administrativas, recursos y personal.
Durante la discusión legislativa, diputados de distintas agrupaciones señalaron que la iniciativa busca reorganizar dependencias sin eliminar los servicios públicos ni producir despidos como consecuencia directa del cierre ministerial.
No obstante, la aplicación concreta de las disposiciones deberá verificarse mediante los actos administrativos y las decisiones correspondientes a cada institución.
Para los funcionarios, uno de los puntos relevantes será conocer las reglas de traslado, la institución receptora y las condiciones aplicables a su situación laboral.
Para la ciudadanía, el aspecto práctico será identificar cuál ministerio ejercerá la rectoría correspondiente y cuáles canales oficiales deberán utilizarse una vez ejecutada la reorganización.
En ambos casos, las comunicaciones institucionales serán necesarias para evitar confusiones durante la transición.
El cierre todavía requiere pasos legales
La votación del 12 de octubre pone fin a la discusión del proyecto en segundo debate, pero no constituye por sí sola la ejecución material de todos los traslados.
El texto aprobado deberá remitirse al Poder Ejecutivo para los procedimientos correspondientes, entre ellos la firma y publicación oficial que procedan.
Posteriormente, las disposiciones sobre vigencia y transición determinarán cuándo y cómo deberán implementarse los cambios administrativos.
Este punto es especialmente importante porque algunas dependencias mantienen servicios de atención permanente y responsabilidades que no pueden abandonarse durante un proceso de reorganización.
Por ahora, el hecho confirmado es la aprobación legislativa del expediente 24.719 con 48 votos afirmativos y nueve diputados ausentes.
Con esa decisión, Costa Rica avanza hacia una nueva distribución de las competencias del Ministerio de Gobernación y Policía. La transformación efectiva de su estructura dependerá de la entrada en vigor de la ley y del cumplimiento de los procedimientos previstos para trasladar sus responsabilidades a las instituciones receptoras.
COMMENTS