Contraloría analiza una denuncia sobre el viaje de dos jefaturas del MEP a Corea, autorizado en 2025 y financiado parcialmente por el BID.
SAN JOSÉ, COSTA RICA — La Contraloría General analiza una denuncia relacionada con el viaje a Corea del Sur de dos jefaturas del MEP en 2025. El acuerdo ministerial confirma la autorización, el financiamiento parcial del BID y una estadía que comenzó varios días antes de la feria tecnológica.
La autorización que permitió viajar a Corea del Sur a Andrés Fabricio Rodríguez Boza, director de la Dirección de Recursos Tecnológicos en Educación (DRTE), y Kattia Fallas Fallas, jefa del Departamento de Investigación, Desarrollo e Implementación (DIDI), quedó formalizada mediante el acuerdo MEP-AC-0024-2025, firmado por el ministro de Educación, José Leonardo Sánchez Hernández.
El documento oficial permite comprobar varios de los elementos alrededor de los cuales gira la denuncia: quién autorizó la participación, cuáles gastos correspondían al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), qué costos quedaban en manos de los funcionarios, cuáles días se considerarían vacaciones y durante qué periodo recibirían el 100% del salario.
La existencia de una denuncia y de diligencias preliminares de la Contraloría fue comunicada originalmente en la información periodística que dio origen a esta investigación. No fue posible localizar en el sistema público de documentos de la CGR, al momento de esta revisión, un informe final o resolución que establezca irregularidades atribuibles a los funcionarios.
Esa diferencia resulta esencial: una denuncia sometida a revisión no equivale a una determinación de responsabilidad.
El acuerdo MEP-AC-0024-2025 autorizó la salida desde el 12 de setiembre
El acuerdo designó expresamente a Rodríguez y Fallas para representar al Ministerio de Educación Pública en la “Korea Edtech Fair” en Seúl. El documento señala como fechas de la actividad del 17 al 20 de setiembre de 2025 y establece que la autorización completa regía del 12 al 21 de ese mes.
La diferencia entre ambos periodos no quedó sin explicación en el acto administrativo.
El artículo 6 estableció que los funcionarios saldrían hacia Corea el 12 de setiembre debido al itinerario y las rutas aéreas, pues el desplazamiento requería aproximadamente 30 horas. El acuerdo añadió como justificación la necesidad de adaptarse al desfase horario.
Además, el documento distribuyó expresamente quién debía pagar los gastos de cada periodo.
El BID asumiría transporte aéreo de ida y regreso, alojamiento, manutención, seguro y desplazamientos internos en Seúl correspondientes al periodo comprendido entre el 16 y el 20 de setiembre. Rodríguez y Fallas, por su parte, debían cubrir de sus propios recursos alojamiento, alimentación y transporte interno entre el 12 y el 15 de setiembre.
El 16 de setiembre recibió un tratamiento distinto: ambos funcionarios debían acogerse a vacaciones ese día. Del 17 al 20, mientras participaban en la actividad autorizada, conservarían el 100% de su salario.
Así, el acuerdo no dispone que el MEP pagara viáticos por los cuatro días previos cubiertos personalmente por los viajeros. Tampoco establece que esos días fueran parte de la actividad oficial. Lo que sí hace es extender la vigencia administrativa del viaje desde el 12 hasta el 21.
Fuentes de la feria sitúan la edición de 2025 del 18 al 20 de setiembre
La revisión independiente encontró una discrepancia que requiere aclaración.
El acuerdo costarricense identifica la Korea Edtech Fair como una actividad desarrollada del 17 al 20 de setiembre de 2025. Sin embargo, fuentes sobre la programación de la feria consultadas para esta publicación ubican la edición de 2025 entre el 18 y el 20 de setiembre en el centro de convenciones COEX, en Seúl.
Una publicación de la Korea National Open University del 9 de setiembre de 2025 también identifica la feria como un evento de tres días, del jueves 18 al sábado 20 de setiembre, en el Hall A del COEX.
Esto no demuestra por sí mismo una irregularidad en el viaje. Sí deja una pregunta documental concreta: por qué el acuerdo del MEP incorporó el 17 de setiembre como primer día de la feria cuando las referencias localizadas sobre el evento señalan el 18.
La diferencia también modifica el cálculo del tiempo anterior al inicio público de la exposición. Si se toma como referencia el 18 de setiembre, la salida del país ocurrió seis días antes del comienzo de la feria; si se utiliza el 17 consignado por el MEP, fueron cinco días.
La explicación del Ministerio sobre las aproximadamente 30 horas de desplazamiento está expresamente incorporada en el acuerdo. Lo que el documento no desarrolla es la razón específica para cada jornada adicional, aparte del tiempo de vuelo y la adaptación horaria señalados en el artículo 6.
El MEP exigió un informe de resultados ocho días después del regreso
La autorización impuso una obligación posterior a los dos viajeros que adquiere relevancia para evaluar el resultado institucional de la misión.
Rodríguez y Fallas debían entregar, dentro de los ocho días naturales siguientes a su regreso, un informe dirigido a su superior jerárquico y remitido al viceministerio correspondiente, con copia a la Dirección de Asuntos Internacionales y Cooperación.
Ese documento debía describir las actividades realizadas, los resultados obtenidos y los beneficios conseguidos tanto para el Ministerio como para Costa Rica.
La existencia y contenido de ese informe constituyen, por tanto, una pieza documental relevante para determinar qué produjo concretamente la participación de las dos jefaturas en Corea. En las fuentes públicas examinadas para esta publicación no se localizó ese reporte.
La ausencia del documento en las búsquedas públicas realizadas no permite afirmar que no haya sido presentado. Para establecerlo sería necesario obtener una certificación o copia directamente del MEP.
La autorización fue firmada en agosto pero apareció en La Gaceta después del viaje
La revisión del Diario Oficial aporta otro elemento temporal.
El acuerdo señala expresamente que fue emitido en el Ministerio de Educación Pública el 7 de agosto de 2025, más de un mes antes de la salida de los funcionarios. Está firmado por el ministro Sánchez Hernández.
Sin embargo, el texto localizado aparece publicado en La Gaceta N.° 230 del 8 de diciembre de 2025, es decir, después de realizado el viaje.
La diferencia entre fecha de emisión y fecha de publicación no debe interpretarse automáticamente como una irregularidad. La documentación consultada no permite establecer por sí sola si la publicación posterior afectó la validez o ejecución del acto administrativo.
El propio acuerdo invoca los artículos 140 y 146 de la Constitución Política y los artículos 31 y 34 del Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte para Funcionarios Públicos de la Contraloría.
La documentación de la CGR identifica el artículo 31 precisamente como el que regula los requisitos del acuerdo de viaje y el artículo 34 como el referente a las tarifas en el exterior. El mismo reglamento contempla además reglas para evitar pagos públicos duplicados cuando un organismo patrocinador financia los gastos.
En este caso, el acuerdo identifica al BID como financiador de los principales gastos y asigna a los propios funcionarios los costos correspondientes al periodo del 12 al 15 de setiembre. No se encontró en el acuerdo una erogación del MEP por esos conceptos durante esos cuatro días.
Rodríguez y Fallas continuaban al frente de las dependencias tecnológicas en 2026
Documentación posterior del propio Ministerio confirma que ambos funcionarios continuaron vinculados a las jefaturas mencionadas.
Un informe de fin de gestión de la DRTE identifica a Andrés Rodríguez Boza como director de esa dependencia y registra su firma en mayo de 2026.
Por su parte, un procedimiento institucional aprobado en marzo de 2026 identifica a Kattia Fallas Fallas como jefa del DIDI, unidad que participa en procesos relacionados con la adquisición y recepción de recursos tecnológicos con fines pedagógicos para centros educativos públicos.
Otro documento institucional publicado en 2026 muestra a Rodríguez y Fallas como revisores de un trabajo sobre gobernanza de la transformación digital elaborado desde la DRTE y el DIDI.
La DRTE ocupa una posición relevante en la política tecnológica del sistema educativo. El propio MEP explicó en marzo de 2025 que esta dirección participa en el modelo de gobernanza destinado a fortalecer la planificación, implementación, monitoreo y evaluación de recursos tecnológicos asignados a centros educativos.
Ese contexto ayuda a explicar por qué la participación de sus responsables en una feria internacional de tecnología educativa podía guardar relación con sus funciones institucionales, pero no resuelve los cuestionamientos concretos formulados en la denuncia.
La revisión de la Contraloría aún no permite concluir que existieron irregularidades
La información disponible exige separar tres planos.
Primero, existen elementos documentalmente comprobados: el ministro autorizó el viaje; Rodríguez y Fallas fueron designados; la salida estaba prevista para el 12 de setiembre; el BID cubriría determinados gastos; los funcionarios asumirían personalmente otros; el 16 sería un día de vacaciones; y durante la participación oficial conservarían el salario completo. Todo ello figura en el acuerdo MEP-AC-0024-2025.
Segundo, existe una denuncia que cuestiona actuaciones relacionadas con esas dependencias y cuya revisión preliminar fue confirmada por la Contraloría a la fuente periodística que originó esta investigación. Una denuncia, incluso admitida para análisis, no acredita por sí misma los señalamientos que contiene.
Tercero, quedan aspectos que requieren documentación adicional: el expediente completo de la denuncia, el informe que los funcionarios debían presentar después de regresar, la invitación o agenda recibida por el MEP, la documentación del financiamiento del BID y una explicación de la diferencia entre las fechas de la feria consignadas en el acuerdo ministerial y las publicadas por fuentes del evento.
Hasta que la Contraloría concluya sus diligencias o emita un pronunciamiento que pueda hacerse público, no existe base documental suficiente para afirmar que el viaje constituyó una actuación irregular.
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