ICE reserva información del presupuesto de Telecomunicaciones de 2026 y 2027. Conozca los documentos afectados y la labor de la Contraloría.
SAN JOSÉ, COSTA RICA — El ICE reservó hasta por cuatro años datos presupuestarios de Telecomunicaciones para 2026 y 2027. La Contraloría sí mantiene su potestad de fiscalización sobre esos documentos.
La decisión no se limita a determinadas cifras comerciales. También alcanza documentos de planificación, ejecución y evaluación presupuestaria, así como información consolidada que reúne resultados de Telecomunicaciones y Electricidad.
El argumento institucional es que revelar los datos permitiría a otros operadores reconstruir aspectos de su estrategia comercial, estimar costos y anticipar decisiones de inversión.
Sin embargo, la medida plantea una pregunta para la rendición de cuentas: ¿cómo puede la ciudadanía examinar la administración de los recursos de una institución pública cuando una parte de sus documentos financieros deja de estar disponible?
La discusión involucra tanto la protección de información estratégica en un mercado competitivo como el derecho de acceso a información pública.
Qué documentos presupuestarios del ICE quedarán bajo reserva
La declaratoria comprende ingresos y egresos del negocio de Telecomunicaciones para 2026 y 2027, así como información incorporada en los presupuestos consolidados del Instituto.
El alcance incluye documentos que normalmente permiten conocer cómo una institución organiza sus recursos y qué resultados obtiene durante un periodo presupuestario.
Entre ellos figuran los presupuestos extraordinarios, informes de ejecución y modificaciones presupuestarias, evaluaciones semestrales, planes operativos, liquidaciones y proyecciones financieras.
También se incluyen información sobre inversiones, financiamiento, justificaciones presupuestarias y determinados reportes vinculados con la gestión administrativa.
La reserva puede dificultar que un ciudadano consulte de manera directa cuánto se proyectó gastar en determinadas actividades, cómo cambió esa planificación y qué diferencias surgieron respecto de los montos ejecutados.
Esta distinción resulta relevante porque el presupuesto es más que una relación de ingresos y gastos. También funciona como instrumento de planificación y evaluación de la gestión institucional.
Cuando la información presupuestaria se presenta desagregada, permite identificar prioridades, comparar periodos y examinar la relación entre proyectos anunciados y recursos asignados.
La declaratoria, por tanto, afecta tanto el acceso a determinadas cifras como la posibilidad de reconstruir parte de las decisiones financieras mediante documentos públicos.
Por qué el ICE considera estratégicos sus datos financieros
El ICE participa en el mercado costarricense de telecomunicaciones junto con otros operadores que compiten por usuarios de telefonía, internet y servicios de conectividad.
En ese escenario, la institución sostiene que divulgar determinados ingresos, costos, gastos y proyecciones puede proporcionar ventajas comerciales a sus competidores.
De acuerdo con la justificación institucional conocida mediante la documentación citada en la investigación periodística, otros participantes del mercado podrían utilizar esas cifras para estimar márgenes de rentabilidad, anticipar inversiones o ajustar sus propias ofertas.
Una empresa que conozca con suficiente anticipación las prioridades de expansión de un competidor, por ejemplo, podría concentrar promociones o inversiones en los mismos segmentos de mercado.
De forma semejante, la información detallada sobre costos puede facilitar estimaciones acerca de la capacidad de una compañía para reducir precios o sostener determinadas condiciones comerciales.
Estos son riesgos que el ICE utiliza para fundamentar la protección de su información. No constituyen, por sí solos, una demostración de que cada documento reservado produciría necesariamente ese efecto.
La institución también argumenta que las estructuras de ingresos, costos y gastos del negocio pueden mantenerse relativamente estables durante periodos prolongados.
Por esa razón, considera que una reserva de menor duración podría permitir que terceros proyecten su comportamiento financiero y operativo antes de que concluya la ejecución de sus estrategias.
La duración de hasta cuatro años forma parte de esa justificación comercial.
La confidencialidad también alcanza información de Electricidad
Uno de los aspectos más relevantes de la medida se encuentra en los presupuestos consolidados del Grupo ICE.
Estos documentos reúnen información de diferentes actividades institucionales, incluidas Telecomunicaciones y Electricidad.
Aunque el ICE reconoce que la información correspondiente al negocio eléctrico es pública, sostiene que su publicación junto con los datos consolidados permitiría reconstruir cifras del segmento de telecomunicaciones.
El problema puede explicarse mediante una operación matemática sencilla.
Si se conoce el monto financiero total de dos actividades y también la cifra específica de una de ellas, es posible obtener el valor de la segunda mediante una resta, siempre que los conceptos contables sean comparables.
Bajo ese razonamiento, ocultar únicamente las partidas identificadas como Telecomunicaciones podría resultar insuficiente para impedir que terceros deduzcan información estratégica.
La solución planteada por el ICE consiste en proteger también determinados documentos consolidados.
No obstante, el negocio de Electricidad mantiene su condición de información pública, por lo que los interesados podrán solicitar sus datos de manera separada.
Para los ciudadanos, esto introduce una diferencia práctica: una información que antes podía formar parte de un documento presupuestario conjunto deberá buscarse mediante una solicitud específica.
La posibilidad de consultar los datos eléctricos por separado no equivale necesariamente a poder examinar el presupuesto consolidado completo.
Qué establece la normativa sobre la reserva de información
La discusión tiene un componente jurídico relacionado con las reglas de transparencia y competencia aplicables al ICE.
El artículo 35 de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones, Ley 8660, contempla la protección de información cuya divulgación pueda perjudicar actividades sometidas a competencia.
Esa facultad debe analizarse junto con el principio constitucional de acceso a la información administrativa y las obligaciones de rendición de cuentas de las instituciones públicas.
La propia Política Corporativa de Confidencialidad de la Información del ICE contempla requisitos para declarar reservados determinados documentos.
Entre ellos se encuentran la competencia del Consejo Directivo para adoptar la decisión, la existencia de fundamentos técnicos y jurídicos, la identificación de la información protegida y la justificación del plazo correspondiente.
La política también establece que las razones técnicas deben ser concretas y suficientemente motivadas, en lugar de descansar únicamente en afirmaciones generales sobre posibles perjuicios comerciales.
Este aspecto es importante: una disposición legal que permite proteger secretos comerciales no significa que cualquier documento financiero deba considerarse automáticamente confidencial.
La evaluación depende de la naturaleza de los datos, el motivo de la protección y la razonabilidad de la medida.
En el caso del presupuesto de 2026, la decisión fue aprobada de forma unánime por el Consejo Directivo durante la sesión ordinaria virtual número 6704, celebrada el 16 de septiembre de 2025.
Para el ejercicio de 2027, la información divulgada identifica el criterio jurídico 257-133-2026, fechado el 14 de septiembre de 2026, que examina la protección de información comercial, industrial y económica.
Son dos antecedentes documentales que deben distinguirse: una aprobación del órgano directivo para un periodo y un criterio legal relacionado con el ejercicio siguiente.
Los ingresos de Telecomunicaciones disminuyeron entre 2022 y 2025
La decisión coincide con un periodo de reducción de ingresos en el negocio de Telecomunicaciones del Grupo ICE.
Según las cifras de los estados financieros divulgadas en la investigación periodística, los ingresos alcanzaron ¢574.441 millones en 2022 y descendieron a ¢523.441 millones en 2025.
La diferencia acumulada es de ¢51.000 millones, equivalente a una disminución aproximada del 8,88%.
La secuencia también muestra que la reducción no ocurrió en un único ejercicio.
En 2023, los ingresos fueron de ¢551.256 millones, mientras que para 2024 se registraron ¢543.934 millones. En 2025 continuó el descenso hasta alcanzar el monto más bajo de ese intervalo.
Estas cifras permiten identificar una tendencia, pero requieren una interpretación cuidadosa.
Una disminución de ingresos no equivale necesariamente a una pérdida neta de igual magnitud. Para conocer la rentabilidad del negocio también sería necesario examinar sus costos, gastos, inversiones y otros resultados financieros.
Tampoco existe evidencia suficiente para concluir que la reducción de ingresos haya sido la causa de la declaratoria de confidencialidad.
Ambos hechos coinciden temporalmente, pero establecer una relación causal exigiría información adicional y una explicación específica de la institución.
Lo que sí resulta relevante para el debate público es que las restricciones presupuestarias surgen mientras el negocio presenta una disminución sostenida de su facturación.
Esa circunstancia aumenta el interés por conocer cómo se planifican las inversiones, cuáles son las prioridades empresariales y qué mecanismos permiten evaluar los resultados de la gestión.
La Contraloría mantiene sus facultades de fiscalización
La Contraloría General de la República (CGR) aclaró que una declaratoria de confidencialidad no puede limitar sus competencias legales para examinar los presupuestos institucionales.
Esto significa que la reserva establecida por el ICE no impide que el órgano contralor acceda a los documentos necesarios para ejercer sus funciones.
Sin embargo, conviene diferenciar dos formas de control.
La primera es la fiscalización institucional, realizada por los órganos públicos competentes mediante sus atribuciones legales.
La segunda es el escrutinio ciudadano, que depende del acceso a documentos, datos y explicaciones para analizar las decisiones de las entidades estatales.
Que la Contraloría pueda revisar información reservada no significa necesariamente que la ciudadanía disponga del mismo nivel de acceso.
La CGR también ha explicado que las restricciones de información pública deben cumplir los requisitos legales correspondientes y contar con justificaciones adecuadas.
En caso contrario, pueden entrar en conflicto con los principios de publicidad, transparencia y rendición de cuentas.
Esta advertencia constituye un criterio general. No debe interpretarse como una resolución que haya declarado ilegal la medida adoptada por el ICE.
El órgano contralor tampoco había emitido un pronunciamiento definitivo sobre la declaratoria correspondiente al presupuesto de 2027 mientras ese proceso se encontraba bajo análisis.
Qué puede solicitar la ciudadanía y qué queda por aclarar
Para quienes buscan información sobre el presupuesto ICE Telecomunicaciones, la principal consecuencia es que determinados documentos y detalles financieros no estarán disponibles mediante los mecanismos ordinarios de consulta pública durante el plazo de reserva aplicable.
En cambio, los datos del negocio de Electricidad que mantengan carácter público podrán solicitarse de forma separada.
Las personas interesadas pueden dirigir solicitudes de información al ICE, identificar los documentos requeridos y solicitar una explicación formal cuando una parte de los datos sea considerada confidencial.
También pueden consultar los documentos y acuerdos institucionales que permanezcan publicados, además de los informes de fiscalización que estén legalmente disponibles.
No obstante, una solicitud de información no garantiza la entrega de datos cubiertos por una reserva válida.
Entre las cuestiones que todavía requieren aclaración pública se encuentran el alcance exacto de las restricciones, las fechas de vencimiento de cada declaratoria y los mecanismos que permitirán divulgar versiones parciales de documentos sin exponer información estratégica.
Asimismo, resulta importante determinar cuáles datos agregados podrán seguir publicándose para que la ciudadanía conozca la evolución general del negocio.
La investigación periodística que dio a conocer el caso indicó que el ICE no había respondido las consultas enviadas sobre las razones, los alcances y los efectos de la medida al cierre de la publicación original.
Por tanto, permanece pendiente incorporar la respuesta institucional y cualquier explicación posterior sobre los mecanismos de acceso y revisión de información.
La controversia no se reduce a decidir si toda cifra empresarial debe hacerse pública o mantenerse reservada.
El punto central es establecer qué información necesita una protección justificada frente a la competencia, durante cuánto tiempo y qué datos pueden seguir divulgándose para garantizar una rendición de cuentas significativa.
La evolución del presupuesto de 2027, las actuaciones del órgano contralor y las futuras respuestas del ICE serán determinantes para conocer cómo se aplica esa distinción en la práctica.
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