Gabriel Aguilar no alcanzó las notas mínimas en dos concursos para juez penal. Conozca qué evaluó el Poder Judicial y su trayectoria pública
SAN JOSÉ, COSTA RICA — Gabriel Aguilar, actual ministro de Justicia, quedó fuera de dos concursos para juez penal entre 2018 y 2020. En uno no alcanzó el promedio, y en otro reprobó el examen escrito.
El primer intento ocurrió en 2018, cuando quedó fuera del concurso por no alcanzar el promedio final necesario para ser considerado elegible. En una segunda postulación, desarrollada entre 2019 y 2020, no obtuvo la nota mínima de aprobación del examen escrito.
Los antecedentes fueron divulgados este 17 de octubre de 2026 en una investigación periodística sustentada en información del Consejo de la Judicatura y explicaciones del Departamento de Gestión Humana del Poder Judicial.
El caso adquiere relevancia pública por la posición que actualmente ocupa Aguilar dentro del Gobierno y por las críticas que ha dirigido a diferentes decisiones de las autoridades judiciales.
Sin embargo, los resultados de esos concursos deben interpretarse dentro de sus reglas específicas. No superar una evaluación para ingresar a la judicatura no equivale a una sanción disciplinaria ni demuestra, por sí mismo, que una persona carezca de preparación para desempeñar cualquier otra función pública.
Primer concurso: Aguilar no alcanzó el promedio requerido en 2018
En febrero de 2018 se abrió un proceso de selección para el puesto de juez penal de categoría 3, en el que participaron 305 personas.
Gabriel Aguilar figuró entre los 28 aspirantes que terminaron clasificados como no elegibles, de acuerdo con la información atribuida a las actas del Consejo de la Judicatura.
Esto significa que no consiguió el promedio final mínimo de 70 puntos que exigía el procedimiento para integrar el grupo de personas elegibles para el cargo.
La calificación final no dependía exclusivamente de una prueba académica.
El sistema de Carrera Judicial considera diferentes componentes, entre ellos el resultado de los exámenes, la experiencia profesional, la formación universitaria, las entrevistas, las publicaciones académicas, la docencia, los estudios de posgrado y la capacitación.
También contempla determinados criterios vinculados con la acreditación de los programas educativos.
Por tanto, la condición de no elegible registrada en ese primer concurso no permite afirmar que Aguilar hubiera reprobado necesariamente el examen escrito.
El resultado corresponde al promedio obtenido después de aplicar los componentes de evaluación establecidos para el proceso.
De los 305 participantes, 28 terminaron en esa categoría, lo que representa aproximadamente un 9,2% del total de aspirantes registrados.
Esta proporción permite dimensionar el grupo en el que fue incluido Aguilar, aunque no explica las causas individuales de la calificación ni permite comparar su rendimiento con el de otros postulantes.
Segundo intento: no consiguió aprobar el examen escrito
Entre 2019 y 2020, Aguilar volvió a presentarse a un procedimiento para ocupar una plaza de juez penal de categoría 3.
El segundo concurso reunió a 593 aspirantes y comenzó en junio de 2019, según los antecedentes divulgados.
En esa oportunidad, el resultado fue distinto al obtenido en 2018.
El funcionario quedó clasificado bajo la categoría de examen insuficiente, utilizada para identificar a quienes no alcanzan la nota mínima de 70 puntos en esa evaluación.
Como consecuencia, no pudo avanzar hacia las siguientes etapas del procedimiento.
El examen escrito constituía un filtro inicial que debía superarse antes de continuar con otras pruebas.
Según la descripción de los concursos judiciales, esa evaluación estaba integrada por 80 preguntas de selección única relacionadas con conocimientos fundamentales para el ejercicio del cargo.
Quienes obtenían una calificación igual o superior a 70 podían continuar a una prueba oral, en la que debían resolver un caso vinculado con sus eventuales funciones jurisdiccionales.
La segunda postulación de Aguilar terminó antes de esa fase, por lo que no llegó a completar la valoración de los demás factores necesarios para obtener el promedio final de elegibilidad.
No se conoce, a partir de la información publicada, la nota exacta que recibió en la prueba escrita.
El dato confirmado por la investigación es su clasificación como participante con calificación insuficiente para continuar en el concurso.
Cómo funciona la selección de jueces en Costa Rica
Los procedimientos de ingreso a la Carrera Judicial tienen reglas diferentes a las utilizadas para designar ministros, asesores gubernamentales y otros funcionarios de confianza política.
En los concursos para jueces, el objetivo es determinar si los aspirantes cumplen las condiciones académicas, profesionales y de idoneidad previstas para ejercer funciones jurisdiccionales.
La selección comienza con la inscripción y verificación de los requisitos establecidos para cada puesto.
Posteriormente, las personas admitidas deben superar evaluaciones de conocimientos y, cuando corresponde, pruebas prácticas u orales.
Una vez aprobadas las etapas obligatorias, se examinan otros componentes del perfil profesional para establecer el promedio de elegibilidad.
La documentación institucional de Carrera Judicial establece que una calificación mínima en el examen no garantiza automáticamente alcanzar el promedio final necesario.
Se trata de dos controles diferentes.
El primero permite verificar que el participante consiguió la puntuación requerida para avanzar a las siguientes fases.
El segundo combina los componentes evaluables del concurso para determinar si reúne las condiciones exigidas para integrar la lista de elegibles.
Esta diferencia explica por qué los dos resultados atribuidos a Aguilar no deben describirse como si fueran idénticos.
En 2018, la insuficiencia correspondió al promedio final. En el segundo proceso, el funcionario no superó el filtro del examen escrito.
Las reglas también contemplan consecuencias para quienes resultan descalificados, incluidas restricciones para participar en un concurso posterior de la misma categoría y materia, según las condiciones establecidas por la normativa.
Esas disposiciones forman parte del sistema de selección de jueces y no deben confundirse con un castigo penal.
De técnico de juicios a asesor ministerial
Antes de convertirse en ministro, Aguilar desarrolló parte de su trayectoria profesional dentro del Poder Judicial.
De acuerdo con el currículo citado en la investigación, comenzó a trabajar como técnico de juicios en los tribunales de Alajuela en febrero de 2012.
Permaneció en esa función hasta diciembre de 2017.
Sus tareas incluían apoyo administrativo y operativo para el desarrollo de audiencias, recopilación de documentos y asistencia relacionada con el registro de los debates judiciales.
Aunque ese trabajo se desarrollaba dentro de los tribunales, no equivalía al ejercicio de funciones como juez.
En enero de 2018, Aguilar pasó al Ministerio de Justicia y Paz como asesor del entonces jerarca Marco Feoli, durante la administración del presidente Luis Guillermo Solís.
Posteriormente, continuó vinculado al despacho ministerial durante la gestión de Marcia González, ya en el Gobierno de Carlos Alvarado.
Fue durante esos años cuando se desarrollaron sus dos intentos de ingresar a la judicatura.
Su trayectoria incluyó también un regreso al Ministerio de Justicia en febrero de 2021, como asesor de la entonces ministra Fiorella Salazar.
Según los antecedentes publicados, en ese periodo percibía un salario aproximado de ₡1,4 millones y participaba en labores de asesoramiento jurídico y asuntos relacionados con la administración penitenciaria.
El funcionario desarrolló después tareas dentro del entorno de la Presidencia de Rodrigo Chaves, donde ocupó el cargo de jefe de despacho.
Esa experiencia precedió su incorporación al gabinete de la presidenta Laura Fernández como ministro de Justicia y Paz en 2026.
Su trayectoria política y las diferencias con el Poder Judicial
La publicación de estos antecedentes ocurre en medio de desacuerdos públicos entre el Ministerio de Justicia y distintas autoridades judiciales.
Desde su posición ministerial, Aguilar ha cuestionado decisiones relacionadas con medidas cautelares, seguridad penitenciaria y el tratamiento de personas sospechosas de delitos.
También ha manifestado críticas contra el funcionamiento del sistema judicial y determinadas políticas desarrolladas por administraciones anteriores.
Uno de los episodios de tensión institucional estuvo relacionado con la realización de audiencias virtuales desde establecimientos penitenciarios.
Durante julio de 2026 surgieron diferencias por una audiencia vinculada con Alejandro Arias Monge, conocido como Diablo, y por la decisión judicial de no realizarla mediante la modalidad propuesta por el Ministerio de Justicia.
El conflicto puso de manifiesto las distintas responsabilidades de las instituciones involucradas.
Mientras el Poder Judicial tiene a su cargo decisiones jurisdiccionales, el Ministerio de Justicia administra el sistema penitenciario dentro de las competencias que le asigna el ordenamiento jurídico.
La relación entre ambos poderes requiere coordinación, pero también respeto por sus atribuciones y autonomía.
En ese escenario, los resultados de los concursos en los que participó Aguilar constituyen antecedentes de interés público sobre su carrera profesional.
No obstante, esos resultados no permiten determinar las motivaciones personales detrás de sus críticas actuales a la judicatura.
Establecer una relación directa entre ambos hechos exigiría declaraciones o evidencia adicional que la información disponible no aporta.
Qué permiten concluir los resultados de ambos concursos
Los dos procedimientos muestran que Aguilar no consiguió ingresar a la Carrera Judicial por la vía de los concursos examinados.
En el primero, no alcanzó la calificación final requerida. En el segundo, quedó fuera al no aprobar el examen escrito.
Sin embargo, la documentación divulgada no incluye los resultados numéricos individuales completos ni las evaluaciones detalladas que permitan reconstruir todos los componentes de su desempeño.
Tampoco se conoce una explicación personal del ministro sobre los resultados de ambos procesos.
La investigación periodística indicó que se remitió una consulta a su despacho para conocer su posición, pero no se recibió respuesta antes del cierre de la publicación original.
Conocer esa versión permitiría completar el contraste informativo y establecer si el jerarca desea aportar explicaciones sobre sus postulaciones.
Los antecedentes de selección judicial y el ejercicio del cargo ministerial corresponden a ámbitos institucionales diferentes, aunque ambos resultan relevantes para examinar la trayectoria de quienes ocupan responsabilidades públicas.
La información disponible permite establecer que Aguilar participó en dos concursos y no obtuvo las calificaciones necesarias para superar sus respectivas etapas de selección.
Cualquier valoración adicional sobre sus capacidades profesionales, su desempeño como ministro o sus diferencias con el Poder Judicial requiere evidencia distinta de los resultados de esos concursos.
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