La alcaldesa de Puriscal lleva a tribunales el retiro de vehículos del ICD y cuestiona la justificación de la medida ordenada por el Gobierno.
SAN JOSÉ, COSTA RICA — La Municipalidad de Puriscal busca frenar judicialmente la devolución de vehículos decomisados al crimen organizado que utiliza su Policía Municipal. La alcaldesa Iris Arroyo cuestiona la justificación del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) y plantea que la decisión podría responder a motivaciones políticas.
La alcaldesa Iris Arroyo acudió al Tribunal Contencioso Administrativo con una solicitud de medida cautelar para suspender la devolución mientras se examina la legalidad de la decisión. La funcionaria sostiene que el retiro comprometería las labores de vigilancia y prevención que desarrolla el cuerpo policial cantonal.
El conflicto surgió a partir de una directriz de la presidenta Laura Fernández para revisar los activos del ICD que permanecen prestados a distintas instituciones y determinar cuáles pueden destinarse a cuerpos policiales del Poder Ejecutivo.
Arroyo también considera que la medida podría formar parte de una estrategia de presión política contra administraciones municipales que no mantienen afinidad con el oficialismo. Esa interpretación constituye una denuncia de la alcaldesa, no una motivación demostrada de la decisión administrativa.
La controversia plantea una cuestión adicional: cómo debe justificarse la reasignación de recursos públicos cuando tanto la institución que los utiliza como la entidad que los recibiría desempeñan funciones de seguridad.
La resolución del ICD fue aprobada por cinco votos contra uno
El Consejo Directivo del ICD acordó el 9 de septiembre retirar bienes asignados a la Municipalidad de Puriscal.
La decisión obtuvo cinco votos favorables y uno contrario. El voto disidente correspondió a Vladimir Muñoz, subdirector interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), según la información publicada por La Nación, que tuvo acceso a la resolución.
La medida se enmarca en una revisión más amplia de los activos decomisados que están bajo administración de otras instituciones.
El 2 de septiembre, Fernández había ordenado realizar un inventario de esos bienes para determinar su posible recuperación y posterior asignación a cuerpos policiales.
El 16 de septiembre, la viceministra de la Presidencia Charlyn Sánchez explicó públicamente que el proceso incluía activos entregados a Puriscal.
Ese mismo día se anunció la reasignación de 34 vehículos decomisados al crimen organizado, con destino a instituciones como el Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio de Justicia y Paz y otras dependencias de seguridad.
La alcaldesa cuestiona que se haya decidido recuperar los automotores utilizados por su municipio sin demostrar, mediante una valoración técnica específica, por qué debían retirarse de Puriscal.
El argumento administrativo comunicado a la Municipalidad se fundamenta en el interés público de fortalecer otros cuerpos policiales.
Sin embargo, la existencia de ese objetivo general no resuelve por sí sola la discusión sobre las condiciones particulares del convenio de préstamo ni sobre las consecuencias operativas de retirar los vehículos.
La cantidad de vehículos afectados presenta diferencias entre publicaciones
La documentación disponible en la cobertura periodística presenta una discrepancia que debe aclararse antes de establecer la composición exacta de la flota retirada.
La Nación y Teletica informaron inicialmente sobre cuatro automóviles. Teletica también identificó un cuadraciclo Can-Am Maverick X3 entre los bienes cuya devolución fue acordada.
Posteriormente, CR Hoy publicó que la medida comprendía seis vehículos.
La diferencia puede responder a criterios distintos de clasificación de los automotores o a una actualización del inventario, pero no es posible determinarlo sin consultar el listado definitivo del ICD.
Además de los vehículos, el proceso incluye otros activos, entre ellos drones, televisores, equipos de aire acondicionado, un equipo de sonido y una máquina de soldar.
Arroyo sostiene que la Municipalidad tiene capacidad para sustituir algunos de esos equipos, pero no dispone de recursos suficientes para adquirir una nueva flota vehicular.
La funcionaria explicó que los automotores prestados permiten efectuar patrullajes, atender incidentes y desarrollar actividades preventivas, incluidos programas dirigidos a centros educativos.
Según su versión, la devolución dejaría a la Policía Municipal con dos motocicletas donadas por la Embajada de Estados Unidos.
La afectación concreta dependerá del número definitivo de unidades retiradas, de las condiciones de operación de las motocicletas y de las alternativas que pueda implementar el gobierno local.
No se dispone de una evaluación técnica independiente que cuantifique el posible cambio en la cobertura territorial, los tiempos de respuesta o la cantidad de patrullajes.
El tribunal deberá examinar la solicitud para mantener vigente el préstamo
La alcaldesa recurrió primero a la vía administrativa para impugnar la decisión del ICD.
Después de que su gestión fuera rechazada, envió una comunicación directamente a la presidenta Fernández para solicitar una reconsideración.
Paralelamente, acudió a la jurisdicción contencioso-administrativa y solicitó una medida cautelar de urgencia.
La pretensión busca impedir que la devolución se ejecute antes de que pueda examinarse el conflicto.
De acuerdo con la interpretación de Arroyo, el convenio establece supuestos específicos para recuperar los activos, entre ellos una orden judicial relacionada con su devolución o el incumplimiento de las condiciones de uso.
La alcaldesa afirma que la Municipalidad no incurrió en un uso indebido de los bienes y que ha asumido gastos asociados a pólizas, mantenimiento y marchamos.
El argumento municipal plantea que la decisión debe examinarse tanto por su justificación administrativa como por sus efectos sobre las inversiones efectuadas durante la vigencia del convenio.
No obstante, la interpretación definitiva de las cláusulas requiere revisar el documento íntegro, sus eventuales modificaciones y la resolución administrativa correspondiente.
La presentación de una solicitud cautelar tampoco equivale a su aprobación.
Para el 19 de septiembre no se obtuvo una resolución judicial verificable que permita afirmar que el tribunal haya suspendido efectivamente la devolución.
La Nación informó que el plazo inicialmente fijado para entregar los bienes vencía el 23 de septiembre y que posteriormente se extendió hasta el 10 de octubre.
Esa ampliación permitiría completar gestiones relacionadas con la entrega de los automotores, incluida la eliminación de los distintivos municipales.
Arroyo vincula el conflicto con presiones políticas que denuncia en otras instituciones
La alcaldesa considera que el retiro de los vehículos no constituye un episodio aislado.
En declaraciones recogidas por CR Hoy, afirmó que ha encontrado obstáculos para conseguir audiencias en instituciones del Gobierno central.
También aseguró que funcionarios públicos le han manifestado que no pueden fotografiarse con ella durante reuniones institucionales debido a instrucciones superiores.
Arroyo relaciona esas experiencias con su pertenencia al Partido Liberación Nacional (PLN) y con su negativa a alinearse políticamente con el oficialismo.
La funcionaria mencionó además denuncias de otros alcaldes sobre supuestas presiones durante procesos de elección de representantes en organizaciones municipales.
Entre los señalamientos figuran posibles condicionamientos relacionados con créditos del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) y proyectos de infraestructura.
Esas afirmaciones requieren contrastarse con las instituciones involucradas y con documentación que permita establecer si existieron decisiones administrativas vinculadas a preferencias partidarias.
En el caso específico de Puriscal, tampoco se ha comprobado que la selección de los bienes para devolución obedeciera a la afiliación política de su alcaldesa.
La existencia de una directriz general de recuperación de activos constituye un elemento relevante para examinar el alcance de la medida.
También resulta necesario determinar si se aplicaron criterios equivalentes a todas las instituciones que tenían bienes del ICD bajo préstamo.
La reasignación de activos también incluye a Correos y al CNP
La revisión impulsada por el Gobierno no se limita a Puriscal.
El anuncio del 16 de septiembre incluyó bienes previamente asignados a Correos de Costa Rica y al Consejo Nacional de Producción (CNP).
Esta circunstancia permite distinguir entre dos cuestiones: la existencia de una política general de reasignación y los criterios utilizados para decidir qué activos se recuperan de cada institución.
Arroyo ha señalado como punto de comparación al cantón vecino de Mora, donde, según su versión, la Municipalidad conservó vehículos facilitados por el ICD.
Sin embargo, para establecer si hubo un trato administrativo diferenciado sería necesario conocer los convenios de ambas municipalidades, las características de sus flotas, el estado de los bienes y las decisiones adoptadas sobre cada préstamo.
La comparación también tendría que considerar si los automotores estaban sujetos a las mismas condiciones jurídicas y operativas.
Sin esa información, la diferencia denunciada por Arroyo no permite establecer una motivación política.
El ICD y la Municipalidad deben aclarar el inventario y el destino de los bienes
El conflicto permanece abierto en dos ámbitos.
En el administrativo, resulta necesario conocer el inventario definitivo de activos que deben devolverse, las razones específicas de su selección y las instituciones que recibirán cada unidad.
En el judicial, está pendiente verificar el trámite de la solicitud cautelar y determinar si existe alguna resolución que modifique las obligaciones de entrega.
También falta una valoración documentada del efecto que tendría la devolución sobre la capacidad operativa de la Policía Municipal de Puriscal.
Por su parte, la Municipalidad deberá precisar qué recursos propios puede destinar a sustituir los vehículos y qué alternativas de coordinación mantiene con otros cuerpos policiales.
La controversia pone en discusión la aplicación concreta de una política de redistribución de activos decomisados: mientras el Gobierno busca fortalecer cuerpos policiales mediante esos recursos, Puriscal sostiene que la recuperación de los bienes reduciría su propia capacidad de prevención y vigilancia.
La documentación administrativa y la decisión judicial permitirán establecer el alcance jurídico de la medida. Las denuncias de motivación política requieren una comprobación independiente.
COMMENTS