Corea del Sur amplía desde hoy su ley de espionaje para perseguir filtraciones de secretos tecnológicos a países y entidades extranjeras.
SEÚL, COREA DEL SUR — Corea del Sur puso en vigor este domingo una reforma del Código Penal que amplía el delito de espionaje a actos realizados para países u organizaciones extranjeras, un cambio dirigido a cerrar vacíos legales en casos que involucren secretos tecnológicos y otros activos estratégicos.
Corea del Sur comenzó a aplicar este 13 de septiembre una reforma que modifica sustancialmente el alcance de sus delitos de espionaje: las autoridades ya no estarán limitadas a perseguir bajo esa figura únicamente actividades realizadas en beneficio de un “Estado enemigo”, concepto que durante décadas tuvo como referencia práctica principal a Corea del Norte.
La modificación del Código Penal crea el artículo 98-2, destinado específicamente al espionaje realizado para un país extranjero o una organización equivalente. La Asamblea Nacional aprobó la reforma el 26 de febrero, fue promulgada el 12 de marzo como la Ley 21450 y entró en vigor después de un periodo de seis meses.
El cambio coincide con una ofensiva más amplia de Seúl para proteger semiconductores, inteligencia artificial, baterías, pantallas y otras tecnologías que el Gobierno considera cada vez más relevantes para la seguridad económica del país. El Ministerio de Propiedad Intelectual reforzó este año sus unidades especializadas precisamente para investigar fugas de tecnologías avanzadas, mientras la Policía reportó un máximo reciente de casos detectados durante 2025.
La nueva figura exige demostrar un vínculo con un país u organización extranjera
El nuevo artículo 98-2 no convierte cualquier robo de información empresarial en espionaje.
El texto oficial establece que puede ser condenado quien, en beneficio de un país extranjero o de una organización equiparable, y bajo instrucciones, instigación u otra forma de comunicación con ese actor, detecte, recopile, divulgue, transmita o intermedie información considerada secreto nacional, o ayude a realizar esas acciones. La pena prevista comienza en tres años de prisión.
Eso significa que los fiscales deberán acreditar varios elementos. No basta con demostrar que un empleado copió archivos confidenciales o entregó información a un tercero: deberá probarse que el material reúne la condición jurídica de secreto nacional y que existió la conexión con la entidad extranjera exigida por el Código Penal.
La legislación conserva paralelamente el delito aplicable al espionaje cometido en favor de un “Estado enemigo”. Para esa figura, el artículo 98 mantiene sanciones que pueden ir desde siete años de prisión hasta cadena perpetua o pena capital, según el texto legal.
La reforma, por tanto, no sustituye las disposiciones existentes. Añade una nueva vía penal para conductas vinculadas con actores extranjeros que anteriormente podían quedar fuera del concepto tradicional de espionaje.
Los casos de fuga tecnológica dependían de otras leyes cuando no intervenía Corea del Norte
La limitación anterior obligaba a fiscales e investigadores a recurrir principalmente a leyes de protección industrial, secretos comerciales y otras figuras cuando una transferencia tecnológica beneficiaba a empresas o actores extranjeros sin relación con Corea del Norte.
La Ley de Prevención y Protección contra la Fuga de Tecnología Industrial continuará vigente junto con la nueva figura penal. Esa normativa prohíbe obtener por medios ilícitos tecnología industrial, divulgarla o permitir su utilización por terceros y contiene reglas específicas para las denominadas tecnologías nacionales esenciales.
Para tecnología industrial destinada a ser utilizada en el extranjero, la legislación contempla penas de hasta 15 años de cárcel en determinadas circunstancias. Cuando se trata de tecnología clasificada como nacional esencial y existe conocimiento de que será utilizada fuera de Corea, la ley establece una pena mínima de tres años y multas adicionales.
La diferencia jurídica es relevante: “tecnología industrial”, “tecnología nacional esencial” y “secreto nacional” no son categorías automáticamente intercambiables. Cada proceso requerirá determinar qué norma resulta aplicable a la información involucrada y qué elementos puede demostrar la Fiscalía.
Corea del Sur detectó 33 casos de fuga tecnológica al extranjero durante 2025
La reforma entra en vigor después de un aumento significativo en las investigaciones relacionadas con salida ilegal de conocimiento industrial.
La Policía Nacional surcoreana informó que durante 2025 detectó 179 casos de fuga tecnológica, frente a 123 durante el año anterior, un aumento del 45,5%. Las investigaciones terminaron con 378 personas detenidas o procesadas por las autoridades, frente a 267 en 2024.
Del total, 33 casos estuvieron relacionados con transferencias hacia el extranjero y llevaron a la identificación de 105 personas. Fue el mayor número reportado por la Policía Nacional desde la creación de su actual estructura investigativa.
China apareció como destino en 18 de esos 33 expedientes, equivalente al 54,5%, seguida por Vietnam con cuatro casos e Indonesia y Estados Unidos con tres cada uno. En las fugas internacionales, los semiconductores fueron la categoría individual más frecuente, con cinco casos.
Los datos ayudan a explicar por qué el debate legal ha quedado asociado con la competencia tecnológica regional, aunque el nuevo artículo del Código Penal no menciona a China ni a ningún país específico.
Más de ocho de cada diez casos detectados involucraron a personas dentro de las empresas
Las estadísticas policiales muestran además que la protección tecnológica no es únicamente un problema de ciberataques externos.
De los 179 casos detectados en 2025, 148 —el 82,7%— involucraron a personas vinculadas internamente con las organizaciones afectadas. Las pequeñas y medianas empresas concentraron 155 casos, o aproximadamente el 86,6% del total.
Ese patrón ha llevado a Corea del Sur a combinar controles tecnológicos con investigaciones sobre contratación de exempleados, extracción de archivos, dispositivos de almacenamiento, acceso a documentación técnica y transferencia de conocimientos a compañías extranjeras.
Uno de los casos de mayor repercusión reciente involucró tecnología DRAM de Samsung Electronics. Cinco exempleados fueron acusados de trasladar tecnología de memoria a la empresa china CXMT; posteriormente, en abril de 2026, un antiguo investigador de Samsung recibió una condena de siete años en un caso relacionado con la transferencia de tecnología considerada nacionalmente esencial.
Las acusaciones y condenas de esos procesos se tramitaron bajo el marco legal existente antes de la entrada en vigor de la nueva figura general de espionaje para actores extranjeros.
Seúl duplicó su fuerza especializada contra el robo de semiconductores e inteligencia artificial
La reforma penal forma parte de una estrategia institucional más amplia.
El Ministerio de Propiedad Intelectual anunció en junio la creación de una división dedicada a investigar filtraciones de tecnologías avanzadas y elevó de 27 a 61 el número de agentes de su policía tecnológica especializada. El organismo identificó expresamente semiconductores e inteligencia artificial entre las áreas que pretende proteger.
También creó una unidad orientada a detectar anticipadamente sectores, empresas y tecnologías con mayor riesgo de fuga mediante análisis de patentes y cooperación entre autoridades, compañías y centros de investigación. El ministerio afirmó que sus investigaciones anteriores permitieron intervenir en casos relacionados con semiconductores y baterías antes de que determinados conocimientos fueran explotados en el extranjero.
Ese esfuerzo adquiere mayor relevancia por la relación entre semiconductores avanzados e inteligencia artificial. La memoria de alto ancho de banda —HBM— se ha convertido en un componente fundamental para aceleradores y centros de datos dedicados a IA, un mercado donde fabricantes surcoreanos ocupan posiciones estratégicas.
La conexión volvió a quedar de manifiesto esta misma semana: OpenAI señaló que mantiene cooperación con Samsung Electronics para chips de próxima generación, mientras Samsung y SK hynix forman parte de acuerdos para suministrar memoria destinada a grandes infraestructuras de inteligencia artificial.
China pide evitar discriminación, pero la ley no señala a ningún país
La modificación también generó reacción diplomática antes de su entrada en vigor.
Consultada por la reforma, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino Mao Ning afirmó el 11 de septiembre que Pekín exige a sus empresas cumplir las normas internacionales y las legislaciones de los países donde operan, pero pidió que se garantice un entorno empresarial “justo” y “no discriminatorio”.
El texto legal surcoreano no identifica nacionalidades concretas: la nueva figura se refiere de forma general a un “país extranjero o una organización equivalente”.
La primera consecuencia de la reforma será procesal. Desde este 13 de septiembre, fiscales e investigadores cuentan con una figura penal que antes no existía para hechos que reúnan simultáneamente los requisitos de secreto nacional, relación con un actor extranjero y las conductas contempladas por el artículo 98-2.
No significa que cada fuga de información de una compañía de chips pueda ser presentada como espionaje. El alcance real de la reforma comenzará a definirse cuando los tribunales interpreten en casos concretos qué información cumple el estándar de secreto nacional y qué pruebas son suficientes para acreditar la conexión con gobiernos, empresas u organizaciones extranjeras.
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