La Fiscalía investiga permisos y concesiones en Santa Cruz y revisa inversiones en vehículos y un restaurante atribuidas al hijo del alcalde
SANTA CRUZ, COSTA RICA — Un informe policial atribuye al hijo del alcalde inversiones por ₡261,3 millones en vehículos y un restaurante, mientras la Fiscalía investiga presuntas anomalías municipales.
Entre los elementos examinados figuran cuatro vehículos recientes y una inversión vinculada con un establecimiento gastronómico. El valor conjunto estimado de esas operaciones alcanza los ₡261,3 millones, según los datos de un informe policial divulgados públicamente.
Las autoridades buscan esclarecer si los recursos relacionados con esas inversiones tienen una justificación económica verificable y si existe alguna conexión con los trámites municipales que motivaron la causa penal.
El caso se encuentra en fase de investigación. Los señalamientos contenidos en los informes policiales constituyen hipótesis sujetas a comprobación y no acreditan, por sí mismos, la comisión de delitos.+
Cuatro vehículos representan la mayor parte del monto examinado
El análisis atribuido al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identifica cuatro vehículos cuyo valor conjunto de mercado fue estimado en $399.700, equivalentes aproximadamente a ₡181,3 millones según la conversión utilizada en el documento.
Los automotores mencionados son un Mazda BT-50, un camión JMC JX 1044 TSG 24, un BMW X5 y una camioneta RAM 1500 RHO.
El informe sitúa las inversiones examinadas entre el 21 de marzo de 2024 y el 11 de febrero de 2026, período durante el cual los investigadores analizaron adquisiciones, relaciones comerciales y movimientos de dinero.
Sin embargo, existe una precisión importante: el documento señala que Alfaro Molina no registra bienes muebles ni inmuebles a su nombre. La información divulgada tampoco identifica a los propietarios registrales de los cuatro vehículos.
Por esa razón, la atribución de las compras no equivale necesariamente a demostrar propiedad registral directa ni permite concluir, sin documentación adicional, que todos los vehículos fueron pagados con fondos personales del investigado.
Para establecer quién adquirió efectivamente cada unidad, las autoridades tendrían que relacionar los registros de propiedad, contratos, pagos, financiamientos y demás respaldos disponibles.
Restaurante añade ₡80 millones al análisis financiero
Otro componente relevante corresponde a La Cocina Criolla El Palenque, establecimiento comercial cuya constitución se sitúa el 27 de enero de 2025.
La documentación periodística examinada atribuye a Alfaro Molina participación en su puesta en funcionamiento, mediante una inversión estimada en ₡80 millones.
Al agregar ese monto a la valoración de los vehículos, el total considerado por los investigadores llega aproximadamente a ₡261,3 millones.
La distribución permite dimensionar el peso de ambas partidas: cerca del 69,4 % corresponde a los vehículos y el 30,6 % restante a la inversión comercial.
No obstante, estas cifras representan estimaciones de inversiones examinadas, no una determinación definitiva del patrimonio personal, de utilidades obtenidas ni de recursos de procedencia ilícita.
También es necesario establecer cuánto capital aportó cada participante del negocio, qué obligaciones financieras asumió la sociedad comercial y si existieron préstamos, aportaciones de terceros u otras fuentes de financiamiento.
La documentación disponible para esta publicación no permite resolver esos aspectos.
Registros laborales y transferencias bancarias bajo examen
El análisis patrimonial adquiere relevancia por el contraste entre las inversiones atribuidas y la información laboral y tributaria recopilada.
Según el informe policial citado en la información original, Alfaro Molina acumulaba 30 cuotas laborales registradas ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) entre 2021 y 2025.
El documento también señala que no se identificaron bienes declarados a su nombre ante la Dirección General de Tributación.
Esos datos forman parte de las verificaciones que las autoridades utilizan para reconstruir el perfil económico del investigado. Sin embargo, las cotizaciones laborales no constituyen por sí solas un registro completo de todas las posibles fuentes legítimas de ingresos.
El análisis bancario, por su parte, identificó transferencias procedentes principalmente de Constructora Masorati S.A. y Tamarindo Los Sueños Tres Marettimo S.A.
Ambas sociedades aparecen relacionadas en la documentación divulgada con el empresario Sergio José Canales Solís, también mencionado en la investigación sobre gestiones municipales.
De acuerdo con el informe, los investigadores no identificaron movimientos de dinero equivalentes en sentido contrario que explicaran económicamente determinadas transferencias.
La ausencia de esos movimientos bancarios, por sí sola, no demuestra que los depósitos carecieran de una causa comercial o contractual legítima. Para establecer su naturaleza se requiere examinar documentación contable, contratos, facturación, obligaciones y demás elementos probatorios.
La información también señala que Alfaro Molina ocupa la presidencia de Tamarindo Los Sueños Tres Marettimo S.A. desde agosto de 2022, mientras Canales Solís figura como secretario.
Esta relación societaria constituye uno de los vínculos que pueden resultar relevantes para reconstruir las operaciones económicas investigadas.
Fiscalía investiga permisos y concesiones en zonas de playa
El examen patrimonial se desarrolla dentro de una causa penal más amplia relacionada con actuaciones administrativas en el gobierno local de Santa Cruz.
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción investiga la posible existencia de una coordinación para facilitar permisos de construcción y concesiones en la Zona Marítimo Terrestre.
La hipótesis judicial contempla que determinadas gestiones se habrían realizado de manera expedita y presuntamente irregular, con posibles beneficios para proyectos inmobiliarios y personas relacionadas con las operaciones.
En este expediente figuran nueve personas investigadas, entre ellas el alcalde Jorge Arturo Alfaro Orias, uno de sus hijos, funcionarios municipales y representantes de una empresa constructora.
El Ministerio Público indicó que la causa contempla presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y enriquecimiento ilícito.
Cada una de esas figuras penales requiere acreditar elementos específicos. La existencia de relaciones personales, comerciales o societarias no constituye automáticamente prueba de responsabilidad penal.
En particular, será necesario determinar si las actuaciones administrativas se apartaron de las obligaciones legales, si existieron beneficios indebidos y si alguno de los investigados participó conscientemente en posibles conductas delictivas.
Allanamientos del 20 de octubre amplían la recolección de pruebas
El 20 de octubre de 2026, la Fiscalía dirigió cuatro allanamientos vinculados con la causa penal 23-000012-1957-PE.
Las diligencias abarcaron instalaciones de la Municipalidad de Santa Cruz, una oficina de una empresa constructora de la zona y dos viviendas.
La intervención permitió recopilar equipos electrónicos, documentos y evidencia digital para su posterior análisis por las autoridades judiciales.
Según la información comunicada por el Ministerio Público, el trabajo investigativo involucra a la Sección de Delitos Económicos, Cibercrimen y Anticorrupción del OIJ.
El gobierno local confirmó que las diligencias alcanzaron dependencias vinculadas con construcciones, inspecciones, la Zona Marítimo Terrestre, tecnologías de información y rentas.
La selección de esas oficinas guarda relación con la necesidad de estudiar expedientes administrativos, comunicaciones y documentación sobre los trámites cuestionados.
Al momento del reporte oficial sobre los operativos, ninguna de las nueve personas investigadas se encontraba detenida.
Los allanamientos representan medidas de obtención de evidencia. No equivalen a una condena ni establecen por sí mismos que las personas investigadas hayan cometido los delitos señalados.
Un aumento de trámites también figura entre los elementos investigados
Otro aspecto relevante aparece en la actividad administrativa relacionada con Constructora Masorati S.A.
Información divulgada sobre el expediente indica que las gestiones de esa empresa ante la Municipalidad de Santa Cruz pasaron de una en un período inicial a 42 en otro, un incremento que motivó el examen de las relaciones entre representantes empresariales y funcionarios públicos.
Los registros citados también mencionan 43 proyectos en 2022, 21 en 2023, 20 en 2024 y 28 hasta mediados de 2026.
El crecimiento de la cantidad de expedientes permite identificar una actividad constructiva significativa, pero no constituye automáticamente evidencia de irregularidades.
Para determinar si existió un trato preferencial, resulta indispensable comparar los plazos, requisitos, resoluciones y procedimientos aplicados a esos proyectos con los utilizados para solicitudes equivalentes.
También debe establecerse si las decisiones correspondían a criterios técnicos ordinarios o si hubo intervenciones contrarias al ordenamiento jurídico.
Ese contraste resulta particularmente importante cuando se investigan permisos relacionados con terrenos costeros, donde pueden coexistir competencias municipales, restricciones ambientales y obligaciones especiales de administración del territorio.
Municipalidad ofrece colaboración y pide respetar el debido proceso
Tras los allanamientos, la Municipalidad de Santa Cruz manifestó públicamente su disposición a colaborar con las autoridades encargadas de la investigación.
El gobierno local también expresó respeto por las actuaciones judiciales y recordó la importancia de mantener el debido proceso y la presunción de inocencia.
La institución indicó que continuaría desarrollando sus funciones y atendiendo a la población dentro de sus posibilidades operativas.
Mientras tanto, la Fiscalía deberá determinar el origen y destino de los movimientos financieros examinados, su eventual relación con las inversiones identificadas y la existencia o no de responsabilidades penales individuales.
El contraste de documentos bancarios, registros societarios, titularidad de vehículos y expedientes municipales será fundamental para esclarecer los hechos.
Por ahora, los ₡261,3 millones representan el valor estimado de operaciones atribuidas al hijo del alcalde dentro de una investigación en curso, no una suma cuya procedencia delictiva haya sido demostrada.
El avance del proceso dependerá de la valoración integral de las pruebas y de las decisiones que adopten las autoridades judiciales competentes.
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