Tribunales, agentes federales y manifestantes se enfrentan en una serie de tensiones crecientes que colocan a Chicago en el centro de la política migratoria de Estados Unidos.
Por Mariana Solís - CRNHoy - 19 de octubre de 2025
Chicago, EE. UU. — La ciudad de Chicago se ha convertido en el principal escenario del enfrentamiento entre la administración del expresidente Donald Trump y las autoridades locales por la aplicación de políticas migratorias, luego de una cadena de acontecimientos que intensificaron las protestas y el debate sobre el uso de la fuerza federal.
En las últimas 24 horas, un tribunal de apelaciones mantuvo la prohibición temporal de desplegar tropas de la Guardia Nacional en Illinois, mientras que una jueza federal ordenó que todos los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en la ciudad utilicen cámaras corporales durante sus operaciones.
La jueza Sara Ellis, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, amplió su orden de restricción tras expresar “serias preocupaciones” sobre los enfrentamientos entre agentes y manifestantes frente a la instalación de ICE en Broadview, a las afueras de Chicago. El fallo exige que el director de campo de ICE, Russell Hott, comparezca el lunes para explicar el uso de gases lacrimógenos sin advertencia previa.
Mientras tanto, la llamada “Operación Midway Blitz”, desplegada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), ha resultado en más de 1.000 detenciones de migrantes en todo Illinois desde el 8 de septiembre. El DHS defendió la operación alegando que busca detener “a lo peor de lo peor” y “restaurar la seguridad pública”.
Las manifestaciones frente a la sede de ICE continuaron este viernes, con más de un centenar de personas congregadas bajo fuerte vigilancia policial. Según la Oficina del Alguacil del Condado de Cook, al cierre de la tarde se habían registrado 15 arrestos.
El jueves, el DHS informó de la captura de 13 inmigrantes indocumentados con antecedentes penales en un mercado de pulgas, y de la detención de un agente de policía de Chicago, identificado como Radule Bojovic, de origen montenegrino, acusado de permanecer ilegalmente en el país tras vencer su visa de turista en 2015.
Por otra parte, el caso de Marimar Martínez, ciudadana estadounidense acusada de embestir un vehículo federal durante una protesta, reavivó las críticas sobre el manejo de evidencia. Un juez ordenó que el vehículo, trasladado erróneamente a Maine, sea devuelto a Chicago para su revisión judicial.
El fallo del Tribunal de Apelaciones del Séptimo Circuito, emitido el jueves, confirmó que el Gobierno no puede desplegar tropas federales sin pruebas de “una rebelión o desorden civil fuera de control”. La jueza April Perry, en una decisión anterior, calificó las evaluaciones del DHS sobre las protestas como “poco fiables”.
La presidenta de la Junta de Comisionados del Condado de Cook, Toni Preckwinkle, firmó además un decreto que prohíbe a las agencias federales de inmigración usar instalaciones, recursos o personal del condado sin orden judicial penal. “Permitir operaciones de inmigración civil en propiedad del condado erosionaría la confianza pública y pondría en riesgo la seguridad de los residentes”, indicó el comunicado oficial.
El próximo lunes será clave para el futuro del operativo federal en Illinois, cuando el director de ICE rinda cuentas ante la corte. En paralelo, organizaciones civiles y colectivos de derechos humanos han convocado a nuevas marchas durante el fin de semana bajo el lema “No Kings”, a las que se espera asistan más de 75.000 personas.
📊 Claves para entender la ofensiva migratoria en Chicago
- Operación Midway Blitz: Iniciativa federal de ICE en Illinois, con más de 1.000 arrestos en un mes.
- Cámaras corporales obligatorias: Orden judicial para registrar las intervenciones de agentes federales.
- Restricción de tropas: El tribunal federal impide la presencia de la Guardia Nacional bajo control directo de la Casa Blanca.
Desafío político: La tensión entre gobiernos locales demócratas y la administración republicana revive el debate sobre la autonomía estatal frente al poder federal.
Chicago ha sido históricamente un bastión de políticas migratorias inclusivas, con “ciudad santuario” desde 1985. Sin embargo, las tensiones se han incrementado desde los operativos federales impulsados por la administración Trump, que ha buscado ampliar las deportaciones en estados controlados por demócratas.
En 2020, la ciudad fue escenario de protestas similares cuando ICE ejecutó la “Operación Legend”. Expertos señalan que esta nueva ofensiva ocurre en un contexto electoral polarizado y puede tener repercusiones en la relación entre el Gobierno federal y los estados.
El pulso judicial y político en Chicago marcará un precedente sobre los límites del poder federal en materia migratoria. Mientras los tribunales deliberan, las calles siguen siendo el termómetro de una nación dividida entre seguridad y derechos humanos.