Laura Fernández anunció una iniciativa sobre pensiones presidenciales tras haber defendido ese beneficio días antes.
SAN JOSÉ, COSTA RICA.— La presidenta Laura Fernández pasó en apenas ocho días de defender públicamente, en dos ocasiones, la pensión vitalicia de los expresidentes a presentar un proyecto de ley para eliminar ese régimen, incluido el beneficio que eventualmente podrían recibir ella y su ministro de Hacienda y de la Presidencia, el exmandatario Rodrigo Chaves.
El giro quedó formalizado este miércoles 12 de agosto, cuando Fernández anunció el proyecto “Cero Tolerancia a las Pensiones de Lujo de los Expresidentes de la República”, expediente legislativo 25.703, que propone derogar el régimen especial y establecer que quienes hayan ocupado la Presidencia solo puedan jubilarse mediante el sistema público al que hayan cotizado y una vez cumplidos sus requisitos ordinarios de edad y cuotas.
La posición contrasta directamente con la que la mandataria había expresado el miércoles 5 y el viernes 7 de agosto, cuando justificó la existencia del beneficio por las particularidades de haber ejercido la Presidencia y por las dificultades que, según argumentó, puede enfrentar un exmandatario para reincorporarse al mercado laboral.
Fernández defendió dos veces la pensión la semana anterior
El primer pronunciamiento ocurrió el 5 de agosto, un día después de que los cuatro diputados oficialistas de Pueblo Soberano rechazaran en la Comisión de Asuntos Sociales el expediente 24.793, una iniciativa presentada por la anterior bancada del Frente Amplio para eliminar el régimen de pensiones de los expresidentes.
Fernández sostuvo entonces que el cargo presidencial tiene características diferentes a otros puestos públicos y calificó el beneficio como un “reconocimiento” destinado a permitir que quienes dejan la Presidencia mantengan un nivel de vida sostenible ante las dificultades que podrían enfrentar para reincorporarse laboralmente.
Dos días después, el viernes 7 de agosto, durante una actividad en La Guácima de Alajuela, la mandataria volvió a justificar el régimen. Según el registro de sus declaraciones, argumentó que la pensión busca evitar que un presidente tome decisiones durante su mandato pensando en favorecer a grupos económicos que posteriormente puedan ofrecerle empleo.
Ese razonamiento coincide con argumentos utilizados anteriormente por otros defensores del régimen: garantizar independencia económica a quien ejerce la Presidencia para disminuir posibles conflictos de interés posteriores al mandato.
La secuencia, sin embargo, cambió este miércoles.
Ocho días después presentó un proyecto para eliminarla
Fernández afirmó ahora que las pensiones especiales de los expresidentes “no deben continuar existiendo en Costa Rica” y entregó al viceministro de Asuntos Parlamentarios, Alejandro Barrantes, la propuesta que posteriormente ingresó al Congreso.
El expediente 25.703 lleva las firmas de Fernández, del ministro de Hacienda Rodrigo Chaves y de la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Mercedes Flores.
La iniciativa establece que los actuales beneficiarios del régimen dejarían de percibir esa pensión una vez que la ley entre en vigor. En adelante, los expresidentes únicamente podrían recibir la jubilación correspondiente al régimen público al cual efectivamente hayan contribuido, siempre que cumplan los requisitos de edad, cuotas y demás condiciones aplicables.
Además, propone derogar el capítulo III de la Ley 7302, que regula el régimen de pensiones de los expresidentes, así como la Ley 313 de Pensiones para Expresidentes.
La legislación vigente concede a quienes hayan sido electos constitucionalmente como presidentes una pensión mensual equivalente al ingreso de un diputado, financiada con cargo al Presupuesto Nacional y sin exigir las cotizaciones requeridas en los regímenes ordinarios.
El proyecto intenta alcanzar a quienes ya reciben la pensión
Uno de los aspectos jurídicamente más relevantes de la propuesta es que no se limita a futuros expresidentes.
El texto pretende que quienes actualmente reciben el beneficio dejen de percibirlo cuando entre en vigor la eventual ley. La exposición de motivos sostiene que no se exigiría devolver dinero ya recibido, sino que se suspenderían los pagos futuros.
Ese diseño abre una discusión constitucional.
El abogado constitucionalista Marvin Carvajal señaló a AmeliaRueda.com que el artículo 34 de la Constitución, relativo al principio de irretroactividad, impediría eliminar derechos patrimoniales ya adquiridos o situaciones jurídicas consolidadas. Según su análisis, una reforma podría modificar las condiciones para futuros beneficiarios, pero eliminar completamente pensiones ya concedidas tendría altas probabilidades de enfrentar problemas de constitucionalidad.
El Ejecutivo sostiene una interpretación diferente. En la exposición de motivos cita jurisprudencia constitucional según la cual el derecho a una pensión no significa necesariamente que las condiciones económicas permanezcan inmutables y recuerda precedentes que han permitido contribuciones especiales o topes sobre determinados regímenes.
La diferencia será relevante durante el trámite legislativo y, eventualmente, ante la Sala Constitucional.
El oficialismo había rechazado otra iniciativa ocho días antes
El cambio ocurre además después de que legisladores de Pueblo Soberano rechazaran el 4 de agosto, en comisión, el expediente 24.793 promovido originalmente por el Frente Amplio para eliminar este régimen.
Tras el anuncio presidencial, el diputado frenteamplista Antonio Trejos afirmó que el Ejecutivo presentó una propuesta similar a la que el oficialismo había contribuido a archivar. La subjefa del Partido Liberación Nacional, Iztarú Alfaro, celebró que Fernández impulse ahora una reforma, aunque expresó reservas sobre las motivaciones políticas del giro.
La diputada Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana, pidió además que Fernández renuncie públicamente al beneficio que podría corresponderle cuando finalice su mandato.
La controversia no comenzó esta semana. En febrero, cuando el Frente Amplio intentó acelerar el trámite de una iniciativa para eliminar estas pensiones, la entonces jefa de fracción oficialista Pilar Cisneros rechazó la vía rápida y alegó que la propuesta podía representar una “sacada de clavo” contra Chaves y Fernández. Cisneros aseguró entonces que coincidía con el fondo de revisar el beneficio, pero no con el procedimiento utilizado.
Chaves tiene derecho al beneficio, pero actualmente no puede cobrarlo
Rodrigo Chaves adquirió el derecho a la pensión al concluir su mandato presidencial en mayo, pero no puede cobrarla mientras desempeñe un cargo remunerado en la Administración Pública.
Casa Presidencial confirmó previamente que Chaves recibe ₡4.173.750 como ministro de la Presidencia y que su pensión de expresidente permanece suspendida mientras ejerza funciones ministeriales.
Fernández, por su parte, adquiriría bajo la legislación vigente el derecho al beneficio cuando concluya su mandato en 2030.
El proyecto presentado esta semana pretende impedir ambos escenarios y eliminar también los pagos a quienes actualmente reciben la prestación.
De promesa electoral a defensa y nuevamente a eliminación
La posición de Fernández ha atravesado diferentes etapas.
Durante la campaña electoral se manifestó contra las llamadas pensiones de lujo y planteó “cero tolerancia” frente a esos beneficios. Al asumir la Presidencia el 8 de mayo volvió a señalar que su Gobierno daría las batallas necesarias para eliminarlos.
El 5 de agosto, sin embargo, separó de esa crítica a la pensión presidencial y defendió su existencia. Repitió esa posición el 7 de agosto.
Cinco días después de esa segunda defensa —y exactamente una semana después de su primera justificación— presentó el proyecto para eliminarla.
Fernández rechazó que ese cambio represente una incoherencia y sostuvo este miércoles que mantiene su compromiso contra las pensiones especiales.
Qué ocurre ahora
El expediente 25.703 deberá seguir el procedimiento legislativo correspondiente. Su aprobación no es automática por haber sido presentado por el Ejecutivo: tendrá que ser estudiado por los diputados, pasar por comisión y posteriormente obtener los votos necesarios en el Plenario.
También queda abierta la discusión sobre el alcance constitucional de eliminar pagos correspondientes a pensiones ya reconocidas.
Por ello, el resultado final dependerá no solo del respaldo político que consiga Fernández en la Asamblea Legislativa, sino de que el mecanismo utilizado para eliminar el régimen supere el análisis constitucional sobre derechos adquiridos e irretroactividad.
La controversia coloca además bajo escrutinio la cronología política del Gobierno: en poco más de una semana, diputados oficialistas contribuyeron a rechazar una propuesta para eliminar el beneficio, la Presidenta lo defendió públicamente dos veces y, finalmente, el Poder Ejecutivo presentó su propia iniciativa para suprimirlo.
Supervisión Editorial: María Quesada, Editora en Jefe | CRN Hoy
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